Defensoría contra discriminación que sufren mujeres embarazadas en trabajos
La Defensoría de los Habitantes hizo hoy un llamado a la población trabajadora femenina del país para que denuncien prácticas discriminatorias en sus trabajos producto de su estado de embarazo.
De acuerdo con información remitida por el Ministerio de Trabajo a esta Defensoría, el año anterior se tramitaron 153 casos, de los cuales 76 obedecieron a despidos ilegales, 28 a gestiones de despido y 49 por concepto de restricción de derechos.
La Defensoría recordó a las trabajadoras que en Costa Rica desde 1990 se reconoce un fuero especial de protección para las mujeres en estado de embarazo que se contempla en los artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo, y que reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional ha desarrollado. De ahí que, tanto el sector privado como el sector público, se encuentren ante una limitación válida de su posibilidad de despedir a las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.
Desde la Defensoría, la defensa de este fuero especial ha requerido que constantemente se recuerde a las instituciones públicas que estas mujeres solamente pueden ser cesadas en los casos en que se presente un hecho objetivo, mismo que la jurisprudencia ya ha definido como: la comisión de una falta grave, el regreso de la persona titular al puesto que ocupa la trabajadora, o el nombramiento en propiedad de otra persona en ese puesto. En el caso de la falta grave, debe seguirse el procedimiento administrativo ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, en el cual se debe demostrar que el despido obedece a ese acto y no a su estado de gravidez o al hecho de la lactancia. Es decir, el despido de la mujer embarazada o lactante, debe siempre estar fundado en una causa objetiva y el patrono debe, siempre y de previo, gestionarlo administrativamente, demostrando la falta.
A pesar del desarrollo constitucional de los derechos de las trabajadoras embarazadas y los mandatos internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, en Costa Rica persisten las violaciones a los derechos laborales relacionados con el embarazo y la lactancia que van desde que se exige a las mujeres la presentación de un certificado de ausencia de embarazo al solicitar un empleo, hasta el atraso en el pago de los montos por la licencia correspondiente, pasando por la presión constante que sufren en sus trabajos para que renuncien a sus puestos durante y después del embarazo.
En ese sentido, es posible observar cómo la discriminación persiste incluso a su regreso al centro de trabajo donde son ubicadas en puestos diferentes a los que ocupaban antes de su licencia, como una forma de “castigo” a la maternidad. De igual manera, el derecho a la lactancia se ve disminuido por malas prácticas en algunas instituciones que impiden su ejercicio tanto por las labores que encomiendan a las trabajadoras, como por la ausencia de espacios adecuados para garantizar la sostenibilidad de la lactancia.
Actualmente se tramitan en la Defensoría casos de trabajadoras embarazadas a las cuales se les sanciona en su lugar de trabajo por asistir a la cita de control, son despedidas, no se renuevan nombramientos interinos o se reducen los interinazgos, son acosadas laboralmente, se les ubica en otros puestos, se les indica que deben buscar otro trabajo, etc.
Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo se reportan denuncias similares a las indicadas, pero además se reciben denuncias en las cuales las mujeres no pueden disfrutar de la totalidad de la licencia de maternidad por amenazas de despido, las condiciones y beneficios de trabajo son modificados en su perjuicio, se niega la promoción o ascenso por encontrarse en estado de embarazo o en período de lactancia, se les asignan funciones diferentes que las perjudican física, psicológica o socialmente, entre otras.
De acuerdo con la información vigente, los casos de discriminación contra trabajadoras embarazadas se presentan tanto en instituciones públicas y privadas, como en organizaciones y agencias internacionales domiciliadas en Costa Rica.
Esta situación ubica a las mujeres en una posición de seria violación de derechos y en el caso de las organizaciones internacionales, en una mayor vulnerabilidad por cuanto se reduce la exigibilidad de los derechos en atención al marco jurídico aplicable. Es decir, siendo que se trata de una relación laboral inmersa en el Derecho Internacional, se limitan las posibilidades para la exigibilidad de los derechos a nivel nacional.
De acuerdo con información remitida por el Ministerio de Trabajo a esta Defensoría, el año anterior se tramitaron 153 casos, de los cuales 76 obedecieron a despidos ilegales, 28 a gestiones de despido y 49 por concepto de restricción de derechos.
La Defensoría recordó a las trabajadoras que en Costa Rica desde 1990 se reconoce un fuero especial de protección para las mujeres en estado de embarazo que se contempla en los artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo, y que reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional ha desarrollado. De ahí que, tanto el sector privado como el sector público, se encuentren ante una limitación válida de su posibilidad de despedir a las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia.
Desde la Defensoría, la defensa de este fuero especial ha requerido que constantemente se recuerde a las instituciones públicas que estas mujeres solamente pueden ser cesadas en los casos en que se presente un hecho objetivo, mismo que la jurisprudencia ya ha definido como: la comisión de una falta grave, el regreso de la persona titular al puesto que ocupa la trabajadora, o el nombramiento en propiedad de otra persona en ese puesto. En el caso de la falta grave, debe seguirse el procedimiento administrativo ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo, en el cual se debe demostrar que el despido obedece a ese acto y no a su estado de gravidez o al hecho de la lactancia. Es decir, el despido de la mujer embarazada o lactante, debe siempre estar fundado en una causa objetiva y el patrono debe, siempre y de previo, gestionarlo administrativamente, demostrando la falta.
A pesar del desarrollo constitucional de los derechos de las trabajadoras embarazadas y los mandatos internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, en Costa Rica persisten las violaciones a los derechos laborales relacionados con el embarazo y la lactancia que van desde que se exige a las mujeres la presentación de un certificado de ausencia de embarazo al solicitar un empleo, hasta el atraso en el pago de los montos por la licencia correspondiente, pasando por la presión constante que sufren en sus trabajos para que renuncien a sus puestos durante y después del embarazo.
En ese sentido, es posible observar cómo la discriminación persiste incluso a su regreso al centro de trabajo donde son ubicadas en puestos diferentes a los que ocupaban antes de su licencia, como una forma de “castigo” a la maternidad. De igual manera, el derecho a la lactancia se ve disminuido por malas prácticas en algunas instituciones que impiden su ejercicio tanto por las labores que encomiendan a las trabajadoras, como por la ausencia de espacios adecuados para garantizar la sostenibilidad de la lactancia.
Actualmente se tramitan en la Defensoría casos de trabajadoras embarazadas a las cuales se les sanciona en su lugar de trabajo por asistir a la cita de control, son despedidas, no se renuevan nombramientos interinos o se reducen los interinazgos, son acosadas laboralmente, se les ubica en otros puestos, se les indica que deben buscar otro trabajo, etc.
Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo se reportan denuncias similares a las indicadas, pero además se reciben denuncias en las cuales las mujeres no pueden disfrutar de la totalidad de la licencia de maternidad por amenazas de despido, las condiciones y beneficios de trabajo son modificados en su perjuicio, se niega la promoción o ascenso por encontrarse en estado de embarazo o en período de lactancia, se les asignan funciones diferentes que las perjudican física, psicológica o socialmente, entre otras.
De acuerdo con la información vigente, los casos de discriminación contra trabajadoras embarazadas se presentan tanto en instituciones públicas y privadas, como en organizaciones y agencias internacionales domiciliadas en Costa Rica.
Esta situación ubica a las mujeres en una posición de seria violación de derechos y en el caso de las organizaciones internacionales, en una mayor vulnerabilidad por cuanto se reduce la exigibilidad de los derechos en atención al marco jurídico aplicable. Es decir, siendo que se trata de una relación laboral inmersa en el Derecho Internacional, se limitan las posibilidades para la exigibilidad de los derechos a nivel nacional.
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