martes, 30 de septiembre de 2014

Acusan a Ottón Solís por Desobediencia


  • Periodista José Rodolfo Ibarra lo eleva a magistrados 
  • Ottón se rehusó a dar explicaciones a la Sala 

30-set.14.- Al diputado del PAC y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa Ottón Solís, se le acusó del cargo de desobediencia ante la Sala Constitucional, al no presentar el informe que este alto tribunal le solicitó en un amparo que se le sigue en su contra.

El caso se refiere al recurso de Amparo interpuesto por José Rodolfo Ibarra, ex presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, contra el diputado de Acción Ciudadana por expulsar, con agentes de seguridad, a un grupo de comunicadores durante una sesión legislativa de la comisión que preside Solís, a principios de setiembre.

"Esta acción no solo coarta la libertad de información y de prensa, sino además el derecho que tiene el público a ser veraz y libremente informado" señaló Ibarra Bogarín en esa ocasión.

La Sala Constitucional dió trámite al Amparo para luego resolver, y notificó a Solís Fallas para que rindiera en el término de Ley - tres días - su informe sobre los hechos que se denuncian y que se consideran parte en este proceso. Sin embargo en declaraciones a algunos medios, el legislador declinó dar respuesta a los magistrados: "...No le responderé a la Sala" dijo Solís.

Con estos hechos en mano, Ibarra acudió nuevamente a los magistrados constitucionalistas, ante quienes hizo notar que no solo no respondió a la solicitud del informe, ni en tiempo ni extemporáneamente, sino que además confesó su rebeldía, y dentro de este mismo proceso pidió: "la aplicación de las medidas respectivas ante la desobediencia del señor Ottón Solís Fallas..." 

El periodista señaló claramente que el artículo 43 de la Ley de Jurisdicción Constitucional expresa que la omisión injustificada de enviar esas piezas al tribunal acarreara responsabilidad por desobediencia.

Aun se está a la espera de lo que resuelvan los magistrados de la Sala Constitucional tanto en cuanto al amparo, como a la acusación.

Google

lunes, 22 de septiembre de 2014

Sala Constitucional da curso a Amparo contra Ottón Solís


  • Acusan a diputado de violentar libertad de prensa 
  • "No debe haber secreto donde no lo hay"

Un recurso de amparo que presentó el periodista José Rodolfo Ibarra por considerar que acciones del diputado Ottón Solís van en contra de las libertades de prensa, expresión e información, fue acogido para resolver por la Sala Constitucional, este fin de semana.

Según el recurso del 17 de setiembre admitido tan solo un día después, Solís Fallas habría violentado el orden constitucional al ordenar la expulsión de periodistas, camarógrafos y fotógrafos, de la sala de la Comisión de Asuntos Hacendarios que discute el Presupuesto General de la República.

Los hechos se dieron en la sesión del 10 de setiembre último, cuando Solís siendo presidente de dicha comisión ordenó la expulsión con agentes de seguridad de la Asamblea Legislativa, de los comunicadores, utilizando incluso lenguaje grosero contra ellos.

Para Ibarra, ex presidente del Colegio de Periodistas de Costa Rica, esta es una violación a la Carta Magna, en sus artículos 21, 26, 27, 29, 30 y 117, así como a un reciente voto de la misma Sala Constitucional (2014-4182), que en marzo de este año declaró inconstitucional declarar secretas las sesiones legislativas.

El periodista alega que de esta manera se pretendió evitar que la ciudadanía tuviera alcance a diferentes maneras de cobertura periodística sobre un hecho tan importante como lo es la discusión del Presupuesto nacional, y que se está ante un caso de censura previa pues "no se valen censuras a medias o libertades a medias, se tienen o no se tienen, simplemente..."

El amparo señala que se violan además la libertad de petición en forma individual o colectiva, las libertades de pensamiento y de expresión, plasmadas en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y los mismos votos de la Sala Constitucional.

José Rodolfo Ibarra dijo que espera un voto favorable para las libertades públicas, pues "no debe haber secreto donde no lo hay. Hay quienes se creen con poder casi dictatorial, que no se han dado cuenta que son solo un eslabón del gran engranaje que compone una Patria, y no los dueños de ella" enfatizó.

La tarde de los hechos, los mismos compañeros de Comisión Legislativa le pidieron a Solís reconsiderar la expulsión de los comunicadores y trabajadores de la prensa, pulso que perdió el diputado del PAC, sin embargo esto no fue mella para que Ibarra Bogarín presentara el recurso pues considera que: "... es claro que es un asunto que no puede ni debe quedar en manos de los intereses políticos, de oportunidad o conveniencia, dado que podrían repetirse en cualquier momento, según el nivel de euforia del político a cargo" dice en su petición ante los magistrados constitucionalistas.

Finalmente el periodista pidió en su amparo, que se le ordene a Solís abstenerse de dichas prácticas que calificó como dictatoriales.

La admisibilidad del recurso ya se notificó a las partes, ahora el diputado del PAC tiene tres días para contestarlo.

Google

jueves, 19 de junio de 2014

Calidad por Descarga

Tras el anuncio de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), entidades que yo muy equivocadamente creía que su objetivo era el control para evitar el abuso, no me queda más que una gran intriga. 

El cobro de la internet por descarga parece más un cuento de terror digno de Freddy Krueger  (A Nightmare on Elm Street,1984), que uno de Heidi (1880, suiza: Johanna Spyri.), peor a final de cuentas son solo eso: un puro cuento, y yo agregaría, un puro cuento chino.

Todos hemos sufrido, y no me equivoco al decir todos, la mala calidad no solo en el servicio de la internet propiamente dicha, sino además en la cobertura celular, también en los planes, en la falacia de la velocidad de conexión, que por cierto nunca se cumple lo que le cobran, y hasta en la atención de las quejas: donde no sirve el Call Center (normalmente en otro país para que no tengan donde apedrearlos), algunos ni atienden en las redes sociales y menos un correo.

Lo malo no es necesario detallarlo, ya todos los padecemos. Lo bueno, bueno..., lo bueno es tan poco, que también todos lo conocemos.

Pero entre fallas de cobertura, fallas de velocidad, fallas de atención al usuario y fallas de calidad, más parece que este tema debería analizarlo el Ovsicori (Observatorio Vulcanológico y Sismológico) antes que la Sutel y la Aresep.

El usuario no puede estar sujeto a la descarga, porque esta simplemente es limitada o nula o se encuentra fuera del área de cobertura. Por tanto, cobrar una descarga a baja velocidad o con interrupciones intermitentes, es como pretender cobrar una tarifa de bus donde el bus no sirve, no camina, o cuando camina lo hace a empujones, o en el peor de los casos, el bus nunca llegó o se varó de camino. Es exactamente el mismo caso. Entonces la pregunta surge: ¿Cuál es la razón para considerar a las empresas prestatarias de un servicio público como lo es la internet móvil, a contar con un trato privilegiado versus el concesionario de buses?

Ver a las entidades reguladoras como la Sutel y la Aresep haciendo el papel casi de abogado del diablo, de relaciones públicas, de motivadores, de agentes de ventas de las operadoras Claro, Movistar y Kolbi, me deja un sin sabor, o como dirían algunos, señal de que: "Algo huele mal en Dinamarca" (Hamlet, de William Shakespeare) 

Que bien sería, por el contrario, ver acciones concretas de estas entidades haciendo lo que deben hacer, lo que la ley les manda: Controlar; y no incentivar prácticas poco amigables.

Si pretenden cobrar por descarga, entonces que cobren por esa velocidad de descarga, seguramente serían los concesionarios quienes nos tendrían que pagar a los usuarios y no al revés.

El absurdo y ya trillado argumento de que el 5 por ciento de los usuarios de la telefonía celular hacen un excesivo uso de la internet, es un asunto que deben verlo con ese 5%, no con el restante 95%. ¿No les parece?

Pero aun hay algo más grave en todo esto. El uso de las comunicaciones en un mundo lleno de las nuevas tecnologías, está amarrado desde sus raíces con la libertad de información, la libertad de comunicación y la libertad de prensa. cualquier acción que vaya en sentido contrario, coartando o imponiendo censura de cualquier tipo, bajo cortinas de costos, son solo una mampara para no revelar lo que está detrás. 

Constitucionalmente no creo que se pueda soportar una medida económica para censurar, coartar o reprimir este derecho. Lo que el papel es a los periódicos en Venezuela, Panamá o Cuba, sin mencionar otros escenarios, lo es la internet a los medios digitales, a las redes sociales, o a los medios tradicionales que se nutren de los servicios tecnológicos y por ende de la internet. 

¿Será un tema que enderazará la Sala Constitucional nuevamente, como ya lo han hecho?

Por ahora solo me queda decirles a Sutel, Aresep, Claro, Telefónica Movistar y Kolbi,... no me Cobren por Descarga, denme: Calidad por Descarga.

Google

viernes, 30 de mayo de 2014

Texto de la nota enviada en marzo 2012 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusando a Nicaragua por el Atentado de La Penca

2012-03-06 JD 117-12 
Señor Santiago Canton Secretario Ejecutivo 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
cidhdenuncias@oas.org 1889 F Street, N. W. 
Washington, D.C. 20006 
USA Fax. 1-202- 458-3992. 
 Estimados señores:
 El suscrito JOSÉ RODOLFO IBARRA BOGARÍN, mayor, casado, Licenciado en Periodismo, con cédula de identidad número tres -doscientos cincuenta y cinco -quinientos sesenta y siete, en mi condición de Presidente de la Junta Directiva del COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA, cédula jurídica tres – cero cero siete - cuarenta y cinco mil doscientos veintisiete - cero uno, organización creada mediante ley número cuatro mil cuatrocientos veinte, de fecha veintidós de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial La Gaceta doscientos quince, de veintitrés de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuya sede se encuentra en la ciudad de San José, Costa Rica, del Gimnasio Nacional cien metros al norte. 
 En atención a su nota de fecha 7 de febrero de 2012, me permito referirme al informe presentado por el Estado costarricense y aporvechar para aportar prueba nueva, que con seguridad incidirá en denuncia. 

Sobre el informe del Estado costarricense: La tesis central del informe, como lo expresa el señor Ministro de Relaciones Exteriores en nota del 5 de febrero de 2010, es que las autoridades nacionales han actudado de manera diligente y oficiosa, no obstante por tratarse de un proceso en el que no se ha localizado al imputado, les es imposible avanzar en el mismo. De la lectura del informe se desprende, con claridad, que no es cierta la oficiocidad y diligencia que menciona el señor Ministro. 
En las páginas del informe de marras, se puede apreciar que las gestiones útiles para el avance del caso han sido producto o de las intervenciones de las victimas quienes hasta la fecha han intentado mantener la causa activa o de la presión ejercida por la prensa, el Estado no ha actuado de oficio como lo obliga el tipo de crimen cometido, prueba de ello es que al señor Roberto Vidal se le identifica como autor del delito desde 1992 y no es sino hasta el año 2008 que se gira la alerta ante INTERPOL, 16 años después y como reacción de las autoridades ante una gestión de las victimas. 
Si lo anterior no fuese suficiente para demostrar la incurria de la autoridades, me permito adjuntar al presente oficio la copia en dvd de la película denominada “Goodbye Nicaragua” del señor Peter Torbiörnsson, en ella se encuentran elementos que con seguridad, si como lo señala el señor Ministro las autoridades estuviesen siendo diligentes, habrían debido de activar el aparato judicial a fin de investigar y acuzar a quienes señala el señor Torbiörnsson, como autores intelectuales del atentado, no obstante al día de no hoy hay una sóla actuación en esa línea. En consecuencia se rechaza, categoricamente, la afirmación de que el Estado costarricense ha actuado de manera diligente y oficiosa puesto que, como queda señalado, ante un hecho nuevo no ha habido ninguna diligencia útil para acusar o al menos investigar si los los autores intelectuales, denunciados por el señor Torbiörnsson, tienen responsabilidad en la comisión del delito. 
Las denuncias señaladas en el video, por lo graves de su contenido y por tratarse, como lo señala en su nota el Ministro Stagno, de un crimen de lesa humanidad, serían motivo suficiente para que se hubiese actuado de oficio. Sobre la prueba nueva y sus implicaciones: Como se señala se aporta el dvd que contiene la película en titulada “Goodbye Nicaragua”, en la que se indica que la orden de ejecutar el atentado vino de las autoridades nicaraguenses, concretamente del entonces Ministro del Interior, Tomás Borge, del señor Renan Montero ex Jefe de la contrainteligencia nicaraguense y de Lenin Cerna ex Jefe de inteligencia nicaraguense, la sola mención de estas personas como autores intelectuales, debió de generar acciones tales como citar al señor Torbiörnsson, para que declaráse sobre los hechos por él denunciados toda vez que este periodista es la persona que lleva o acompaña al sujeto que presuntamente puso la bomba. No obstante no ha habido una sóla diligencia en este sentido, con lo cual se confirma que esta denuncia tiene plena validez y es el único medio para que a las victimas se les haga justicia. 
Por otra arte no puede obviarse que el crimen buscó dos objetivos claros, el primero asesinar al señor Eden Pastora, quien por esa época era el lider de la oposición al gobierno nicaraguense y sus autoridades, así se afirma en la película, intentaron silenciarlo, lo cual constituiría un eventual acto de terrorismo de estado, como se señala en el video. El segundo objetivo de la acción fue, que en el caso de no morir el señor Pastora, como en efecto sucedió, impedirle que pudiese informar de las acciones que seguiría la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) contra el gobierno de la época, ello constituye una violación a la libertad de expresión, la del señor Pastora obviamente y la de los ciudadanos de conocer de hechos que en la época era relevantes, con ello se violentó, por parte de las autoridades nicaraguenses a la luz de lo señalado por el video, lo prescrito en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
En razón de lo anteriormente señalado se solicita ampliar la presente denuncia contra Nicaragua, por violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues nunca investigaron el crimen, a pesar de haber sucedido en su territorio y si lo hubiese hecho jamás emitió resolución alguna, y no sólo no lo hicieron en 1984, sino que aún hoy, en que han aparecido nuevas evidencias en la que se implica de manera directa a altas autoridades del Estado nicaraguense, tampoco lo han hecho. Estando frente a un crimen de lesa humanidad, la actuación debió ser de oficio. 
En consecuencia por los hechos aquí señalados, a la luz de lo visto en la película, la ampliación de la denuncia contra Nicaragua es, además de lo indicado, por la violación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ello por cuanto el plan delictivo tuvo un doble objetivo: acallar una voz contraria al gobierno nicaraguense, e impedir que se informara, por parte de la prensa, de esas posiciones, con lo cual estamos ante una acción estatal que violentó la libertad de expresión. 
Se solicita una reparación integral del daño causado, tanto material como moral, para las víctimas y sus descendientes en caso de los que fallecieron, las estimaciones se harán en momento correspondiente, no obstante se señala que no siendo posible el restablecer a las víctimas en el pleno goce de sus derechos se solicitan se concedan medidas de reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral
Este nota será enviada además de por correo electrónico, mediante mensajería a fin de hacer llegar el video indicado. 

Agradeciendo la atención se despide, 

Atentamente, 

JOSÉ RODOLFO IBARRA BOGARÍN 
Presidente 
COLEGIO DE PERIODISTAS DE COSTA RICA

viernes, 28 de marzo de 2014

Devuelvan la Defensoría a los Habitantes


http://www.prensalibre.cr/comentarios/100837-devuelvanladefensoria.html
Escrito por José Rodolfo Ibarra Bogarín  
El Soberano ha hablado. El pueblo ha ordenado. El clamor popular nos orienta a la búsqueda del cambio. A lograr resultados de fortalecimiento de la democracia y darle respuesta rápida y concreta a los habitantes de esta nación.
Nos asomamos a la consolidación del sistema democrático electoral, pero además tratamos de forzar la vista para proyectar nuestras necesidades bajo un Gobierno nuevo, ávidos de conocer los nuevos rostros de quienes ejercerán el control de las instituciones de Estado. No por nada, avanzamos con una mariposa en el estómago pero además con muchas esperanzas, muchas ilusiones y sobre todo muchos deseos de cambio en diferentes ámbitos. El mandato sí es muy claro. La toma de decisiones debe ser inclusiva, llamando a todos los sectores, incorporando a minorías y respetando a mayorías. Haciendo gala de lo que nos ha enseñado nuestra historia patria: buscando el diálogo primero, concretando soluciones después.
La clase política costarricense ha forjado esta patria. Pero los habitantes hemos marcado el camino. En ocasiones lentos de reacción, pero a final de cuentas siempre por mandato popular, enderezando caminos, o caminando sobre los pasos de otros que abrieron brecha. Por años y años, prácticamente desde su creación, la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) ha estado en manos de políticos, diputados, familiares de políticos, apellidos de abolengo, amigos, patrocinadores y colaboradores de candidatos; esta vez no es la excepción, cuando en el Congreso se barajan nombres a la sazón de este mismo marco.
                               
Tender puentes y no levantar muros

Mi propuesta sigue en manos de quienes ocupan una curul en la Asamblea Legislativa: una Defensoría de los Habitantes que no solo señale con el dedo, sino que se involucre en la búsqueda y consecución concreta de soluciones. Trabajar con una Defensoría de los centros penitenciarios, trasladar las Contralorías de Servicios a la DHR y dotarles de un fuero especial similar al que tienen las auditorias con la Contraloría General de la República, lograr una mejor y mayor capacitación al personal de la DHR para reforzar la forma de atención de las denuncias públicas. Digitalizar la DHR para lograr una mayor penetración y un mejor acceso a la denuncia. Buscar un proceso democrático de elección popular del Defensor mediante reformas a la ley que permitan además separar esta escogencia del proceso electoral nacional. Son algunas ideas básicas de acción. Pero todo ello se logra solamente uniendo fuerzas, estrechando lazos, derribando muros, levantando puentes. ¡Esa... es mi tesis!
Hago un llamado a todos los diputados buenos de corazón, a los honestos y a los dignos, a los luchadores, a los que siguen a su voz interna, a quienes obedecen a su conciencia antes que a acuerdos calculados y a quienes inteligentemente razonan el voto, para darle a la Patria un nuevo Defensor, salido de las entrañas mismas del pueblo, de la sociedad civil, de sus habitantes y, por supuesto, de quienes hicimos el proceso de selección tal cual manda la Ley. A ustedes, diputadas y diputados, a quienes la Nación llamó para cumplir un rol en el devenir de Costa Rica, a ustedes en quienes el país depositó su confianza hace cuatro años, a ustedes a quienes ahora corresponde regresar al pueblo, a ustedes a quienes se les recordará siempre, a ustedes a quienes les corresponde dar su último esfuerzo desde la trinchera de una curul, a ustedes distinguidas y distinguidos legisladores, a ustedes a quienes una Patria sabrá darles, más temprano que tarde, las gracias por haberle devuelto la Defensoría a los habitantes, a ustedes: ¡muchas gracias!

jueves, 27 de marzo de 2014

SALA CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL EL CARÁCTER SECRETO DE LAS SESIONES LEGISLATIVAS

Orgulloso de la gestión que hicimos en el Colegio de Periodistas junto a mis compañeros Silvia Arias y Carlos Hidalgo que no solo me acuerparon con la decisión de presentar esta Acción de Inconstitucionalidad sino que me impulsaron e inspiraron. Gracias a ellos hoy la Patria tiene nueva jurisprudencia que evita que por antojo los diputados puedan de un plumazo declarar secretos donde no debe. La transparencia, como dice la Sala, le es a la Asamblea Legislativa, natural de su propio ejercicio político. ¡No más secretos!. Les adjunto el comunicado de la Sala Constitucional (negritas no son del original. José R. Ibarra):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Sala Constitucional, mediante el Voto No. 2014-4182 declaró inconstitucional que la sesión legislativa en la que se conoce del levantamiento del fuero de improcedibilidad penal a un miembro de un supremo poder (diputados, presidente, vicepresidentes, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contralor y sub-contralor y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones), sea secreta

Se estimó que en el quehacer legislativo debe imperar la transparencia y la publicidad con mayor intensidad, por cuanto, el legislativo debe ser el poder más translúcido de todos los que integran el Estado, sobre todo cuando ejerce control político. 

De otra parte, la Sala Constitucional estimó que, de manera inconstitucional, la Asamblea Legislativa estableció en el artículo 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que la sesión sería secreta a contrapelo del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política que establece como regla o principio la publicidad de las sesiones legislativas, independientemente si se ejerce una función materialmente legislativa (dictado de leyes) o de control político. 

La Sala Constitucional potenció la publicidad o transparencia establecida como regla en el artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política, al disponer lo siguiente: “Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes”. La Sala Constitucional desprendió varias consecuencias jurídico-constitucionales del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución: Primera: Se establece como una regla o principio la publicidad y la transparencia de las sesiones legislativas, independientemente, del tipo de función ejercida, ya sea si es materialmente legislativa o de control político, lo que resulta plenamente congruente con los postulados del Estado Constitucional de Derecho. No debe distinguirse donde la Constitución no lo hace. Segunda: Como una excepción calificada a los principios de la transparencia y publicidad en el devenir legislativo y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, se admite la posibilidad de celebrar sesiones secretas, bajo ciertas circunstancias normativas específicas. Tercera: El carácter de excepción singular a los principios de transparencia y publicidad queda de manifiesto, cuando el constituyente exige la concurrencia de ciertos requisitos y conceptos jurídicos indeterminados, tales como que medien “razones muy calificadas” y “de conveniencia general”; adicionalmente para excepcionar los principios de publicidad y de transparencia se precisa de una votación calificada de dos tercios de los diputados presentes. Cuarta: La excepción, al suponer el sacrificio de los preciados principios de publicidad y transparencia, inherentes a las labores de un parlamento dentro del contexto de una democracia representativa y participativa, debe establecerse casuísticamente o para cada caso concreto, no pudiendo hacerse de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos. Quinta: Pese a la también reconocida potestad de auto-normación de la Asamblea Legislativa para dotarse de su propio reglamento interno (artículo 121, inciso 22, de la Constitución), no puede aprovecharse la misma para derogar los principios de publicidad y de transparencia para un tipo de asuntos, por cuanto, la regla que se extrae, como se apuntó, del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política es que el carácter secreto debe ser dispuesto caso por caso. Sexta: La posibilidad de acordar una sesión secreta por el plenario legislativo, al suponer una derogación de los principios de transparencia y publicidad, debe ser, necesaria e imperativamente, motivada ofreciendo las razones y los motivos fácticos y jurídicos que obligan a tomar una determinación tan extrema, evitándose, de esa manera, que quede librada al capricho o veleidad de una mayoría parlamentaria, con lo que, de paso, se impide una desviación de poder en el ejercicio de una facultad constitucional discrecional y, por consiguiente, cualquier arbitrariedad (principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y de proporcionalidad). Séptima: La decisión de sesionar, deliberar y votar un asunto concreto en secreto tomada según los requisitos y los conceptos jurídicos indeterminados que contempla el artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política, estará sujeta al control de constitucionalidad para la verificación de los límites de la potestad constitucional de carácter discrecional otorgada a una mayoría parlamentaria. Los Magistrados Fernando Castillo Víquez y Luis Fernando Salazar Alvarado, salvaron el voto y declararon sin lugar la acción.
Google

jueves, 6 de marzo de 2014

Tiempos de cambio requieren de una Defensoría fuerte e imparcial

Hoy más que nunca, a la luz de los últimos acontecimientos políticos, considerando el panorama de la Nación, tomando en cuenta el interés de la Patria, y anteponiendo las necesidades de los habitantes que claman por un cambio en el accionar de nuestros dirigentes, es momento de hacer un alto en el camino, reflexionar, y actuar de acuerdo con el mandato popular. 
Vuelvo e insisto, en que la Defensoría debe ser devuelta a los habitantes por parte de quienes son los únicos llamados a hacer esta acción: las y los diputados.
Como lo he dicho sin cansarme, creo en nuestros congresistas que actúan con dignidad, creo que hay gente honorable y comprometida con Costa Rica, creo que hay buenas voluntades al igual que buenas acciones, creo firmemente, que los buenos somos más.
Pero esa gente de honestidad en la función pública debe no solo serlo, sino también demostrarlo, con acciones concretas y decididas, con medidas de conciencia, con sabiduría y también con la inteligencia emocional que hoy se necesita.
Devolver la Defensoría a los habitantes, más allá de acuerdos ya caducos, son una manera de decirle al pueblo costarricense que entienden el llamado, que se lee entre líneas y que ustedes al igual que yo, somos de los mismos, de la gente común y corriente.
Al no provenir del sector político, ni contar con un apellido de abolengo, pero sí haber demostrado que hay capacidad para tender puentes, derribar muros, y lograr consensos, mi candidatura es cada vez más potable, digna de ser considerada por ustedes amigas y amigos legisladores.
Ahora se trata de unir, de crear eslabones, de compactar esfuerzos por darle a nuestro pueblo un mejor país para vivir.
Ser firmes cuando es necesario, pero además conversar, convencer y comunicar, son los pilares de la nueva visión que necesitará la Defensoría que deberá estar bien cimentada, con legitimidad y legabilidad, en un tiempo de vientos de cambio.
Por todo ello, les insisto con todo respeto, en considerar mi nombre para ocupar el puesto de Defensor de los Habitantes. Uno de sus últimos actos como congresistas debe ser limpio, sincero y de acuerdo con los requerimientos de la Patria. ¡Estoy seguro que así lo harán!
Atentamente,
Ccc. José Rodolfo Ibarra Bogarín
Ciudadano Común y Corriente
06/03/14

Google

miércoles, 5 de marzo de 2014

DECLARACIÓN CONJUNTA VENEZUELA

Quienes suscriben, Oscar Arias Sánchez, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos y Alejandro Toledo, hemos acordado formular la siguiente declaración conjunta:

Hemos venido observando con preocupación y alarma los acontecimientos que se han desarrollado en Venezuela durante las últimas semanas.
Manifestaciones estudiantiles de protesta pacífica contra las políticas del gobierno, que son normales en cualquier sociedad democrática, han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el gobierno.
A partir de esos hechos ha venido produciéndose una alarmante escalada de violencia y un rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. La violencia ha cobrado ya varias vidas por heridas de bala; estudiantes detenidos han informado públicamente que han sufrido torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades; se ha hostigado a la prensa independiente y se ha obstaculizado que los medios de comunicación informen sobre los acontecimientos, incluyendo la eliminación del aire de un canal internacional de televisión y la amenaza de hacer lo mismo con otro, agresiones físicas a periodistas y la falta de papel para la prensa escrita.
Adicionalmente, la protesta cívica y la oposición democrática han sido criminalizadas. Se amenaza con procesos penales a numerosos estudiantes presos; el señor Leopoldo López, líder de un partido opositor, ha sido precipitadamente privado de su libertad e inculpado por diversos delitos, con un sesgo notoriamente político y otros líderes democráticos son perseguidos penalmente por razones políticas.
Condenamos esos hechos y urgimos al Gobierno venezolano y a todos los partidos y actores políticos a establecer un debate constructivo, conforme a los cánones de la democracia reconocidos universalmente y plasmados en la Carta Democrática Interamericana.
Llamamos muy especialmente al Gobierno para que contribuya a crear sin demora las condiciones propicias para ese debate, con una agenda compartida y sin exclusiones. Para ello es indispensable que se ponga cese de inmediato a la persecución contra los estudiantes y los líderes de oposición, incluida la liberación del señor Leopoldo López y de todos los detenidos o perseguidos por razones políticas. 
Igualmente, es imperativo que se adelante una investigación independiente y transparente sobre las denuncias de torturas y otras violaciones a los derechos humanos y que se ponga cese al hostigamiento a la prensa independiente, incluido el restablecimiento de la señal del canal internacional de TV abolido por el Gobierno. Es también indispensable que las manifestaciones de protesta de los partidos de la oposición y de otras organizaciones sociales se mantengan dentro de los cauces pacíficos que han de regir en una sociedad democrática y del respeto debido al mandato de las distintas autoridades del país, en los términos pautados por la Constitución venezolana.
Como amigos que somos de la democracia venezolana, confiamos que ese país logre superar la extrema polarización y la intolerancia que han dominado la escena política en los últimos años, males que han venido erosionando la eficacia de las diversas instancias internas para el debate democrático, así como la confianza en la independencia e imparcialidad de numerosas y relevantes instituciones.
Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a sumarse a un esfuerzo concertado para el fortalecimiento de la democracia y la preservación de la paz en Venezuela.
5 de marzo de 2014
Google

lunes, 3 de marzo de 2014

Estimadas y estimados congresistas:

Hace cuatro años la elección de la defensora de los Habitantes, doña Ofelia Taitelbaum, resultó espuria a la luz del Artículo 17 del Código de Ética del PAC (Se eligió Defensora siendo diputada de ese cuatrienio).

Mantenerla es darle legitimidad a ese proceso y ratificar una elección que según los criterios PAC no es procedente. Salvo claro está, que el tiempo limpie los procesos dolosos o anti éticos, que no parece ser el caso.

Así mismo debe darse alternabilidad de género que tampoco lo veo si su decisión es la de apoyar a doña Ofelia.

De ustedes con todo respeto.

José Rodolfo Ibarra
Candidato a Defensor de los Habitantes.

 17.- Nombramientos que debe realizar el Poder Legislativo: Para ocupar cualquier cargo que deba ser elegido por la Asamblea Legislativa, las y los diputados del Partido Acción Ciudadana no apoyarán a ningún candidato que sea o haya sido durante ese cuatrienio legislador o autoridad política del Gobierno. Para realizar esos nombramientos se guiarán exclusivamente por la capacidad, la formación profesional, la calidad ética y la trayectoria de las o los candidatos. También se preocuparán por lograr la equidad de géneros, sobre la base de que los puestos Código de Ética de las y los Diputados Partido Acción Ciudadana
Google

miércoles, 26 de febrero de 2014

Carta abierta al Poder Legislativo: con motivo de la intromisión del Candidato Johnny Araya

Estimadas diputadas y diputados:

Con profunda indignación y un gran sin sabor, recibí la noticia de la propuesta que hizo el candidato del segundo lugar Johnny Araya para que Miguel Ángel Gutierrez Saxe ocupara el puesto de Defensor de los Habitantes. 

Hablamos de la misma persona que hace cuatro años postuló su nombre a la misma Comisión Permanente de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, y que en aquella ocasión obtuvo un 0 de calificación con lo cual quedó fuera, precisamente con votos del mismo PLN que en aquella oportunidad decidió votar por doña Ofelia ya hoy no tan querida por el partido de la que fue diputada mientras era electa defensora.

Hoy, para ese mismo partido, el candidato idóneo es al que cuatro años atrás no le dieron ni un punto. No entro a cuestionar su capacidad que lejos está de la duda, sino su misma decisión de no participar en el proceso de este año.

Hace unos días les envié un correo solicitándoles se respete el proceso emprendido por dicha Comisión y partir de los seleccionados en ambas ternas. Ahora, insisto ante ustedes con todo respeto para hacer valer ese procedimiento y que no se haga caso de los acuerdos politiqueros de mesas de segunda clase que, en compadrazgos electoreros, algunos quieren consolidar en la política del botín repartido. 

Si don Miguel Ángel quería ser considerado para ese puesto, ¿por qué no se postuló y realizó el proceso que todos hicimos? Es una falta de respeto aceptar un puesto de a dedo, pero es más indigno que un candidato de segunda siga manipulando a algunos diputados (no todos por dicha) cual si fueran títeres de un circo.

Cabe la duda entonces de: ¿Para qué una Comisión de Nombramientos si se puede esperar sentado en un escritorio a que le ofrezcan el puesto del día, cual si fuera un menú de esos de casado de a mil? ¿Para qué pagar dietas de los diputados integrantes de dicha Comisión, salarios de los funcionarios, gastos administrativos, sin entrar a analizar los gastos de tiempo, certificaciones, trabajo de otras instituciones, gasolina, taxis, parqueos, vacaciones o permisos de quienes sí participamos del proceso de selección? En este caso lo mejor sería entonces cerrar una Comsión a la que se brincan con poco impulso hoy sí, ayer y mañana también, al va y ven de calores electorales y como tienda de conveniencia para algunos que no adecentan el arte de la política.

Yo sigo confiando y creyendo, en que dentro de la Asamblea Legislativa, hay diputados de honestidad y dignidad, que hoy más que nunca sabrán devolverle la Defensoría a los habitantes, un lugar del que nunca ha salido. 

Con sinceridad,

Ccc. José Rodolfo Ibarra B.
Ciudadano Común y Corriente
Google

miércoles, 19 de febrero de 2014

MOMENTO DE DECISIÓN




Estimadas y estimados Congresistas de la Nación:


El día de mañana jueves se aprestan a darle a la patria uno de los puestos de mayor importancia para el país: el Defensor de los Habitantes de la República.

Los tiempos que se avecinan, sabemos todos, no serán fáciles, al contrario la inteligencia emocional, el diálogo, el convencimiento, tender puentes y derribar muros, deben ser una política de la DHR.

Al mismo tiempo  debemos utilizar toda las herramientas que nos permite el sistema democrático y jurídico con el que contamos, para que los tiempos de paz se mantengan, para que nuestro pueblo no sea atropellado pero que también se respeten las instituciones en su actuar siempre amparado al marco de la ley. 

Necesitamos una Costa Rica inclusiva, que proteja sí a las minorías, pero que en ese alero se considere también el criterio de las mayorías; que se proteja a las mayorías pero que en ese afán no se olvide a las minorías. Sí, es una tarea difícil, pero la comunicación hará que aquello que nos divida pueda ser revertido y esas diferencias sean más bien lo que nos una como una sola patria, y con respeto entre todos.

Con amplia experiencia en la función pública y del accionar de nuestras instituciones, pero además con probado conocimiento de las necesidades de los habitantes, ante ustedes, con la humildad y la fuerza que me da el ser un ciudadano común y corriente (como decía Ramiro de León Carpio, expresidente Guatemalteco), me permito presentar mi nombre, lejos de cualquier atadura política, lejos de cualquier fanatismo, lejos de cualquier interés más que el de servir a mi patria querida y amada. 

Les solicito con vehemencia, respetar el trabajo de sus compañeros de la Comisión Permanente de Nombramientos, quienes han hecho una labor ardua para buscarle a la Nación el mejor Defensor y escoger dentro de las nóminas propuestas.

La nueva visión que les ofrezco es la que aprendimos los periodistas que ejercemos honrada y éticamente nuestra profesión, una profesión que nos convierte en defensores de los habitantes innatos, donde quiera que estemos, es natural para nosotros esta posición, es una visión diferente, más social, más inclusiva, más equilibrada y con los fundamentos de nuestras propias creencias.

Es por ello que les pido, que se pongan una flor en el ojal, para que en los últimos días de su mandato como legisladores y legisladoras, nombren en la Defensoría a un ciudadano de la sociedad civil, sin ligámenes políticos, que no viene del abolengo, lo que tampoco es malo, pero que hoy otro perfil se ocupa a la luz de los acontecimientos, y que de ser así le devuelvan la Defensoría a los habitantes.

Que Dios bendito, cualquiera que sea la creencia que tengan de ÉL, les ilumine en su decisión, por el bien de nuestra amada Patria.

Con sinceridad,
Ccc. José Rodolfo Ibarra B.
Ciudadano Común y Corriente
19 febrero 2014

jueves, 13 de febrero de 2014