jueves, 30 de diciembre de 2010

Entre la brutalidad y la ignorancia

Realmente asombrado por los vergonzosos hechos suscitados la tarde de este Jueves 30 de diciembre en que un grupito de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública la emprendieron usando la fuerza bruta contra los camarógrafos y choferes de dos noticieros de televisión y a gritos contra los periodistas de estos, como se aprecia en el video.

Nótese que me refiero a un grupo reducido de miembros de la Fuerza Pública cuyos chalecos blandean las letras: GAO o grupo de apoyo operacional.

Y es que en realidad debe hacerse un apartado entre lo que hicieron unos cuantos lunares en el brillante trabajo de policías honestos y sensatos, que primero piensan y luego actúan, y no como estos que creyéndose dueños del poder absoluto actúan absolutamente por medio de la brutalidad policíaca contra gente indefensa cuyas únicas armas eran una cámara y en algunos casos un micrófono.

Cómo dijo un colega en el mismo lugar, “si fueran antisociales les tienen miedo...”, claro es más fácil agarrar a golpes al más cercano y al más indefenso. En la Isla Calero supongo que la situación sería otra.

Calculo que serían unos cuatro o cinco los efectivos que realmente la emprendieron a golpes y protegidos por otro tanto igual de compañeros policías. Estos son precisamente los que ahora deben enfrentar todo el peso de lo que antes juraron proteger: la ley.

Los canales de televisión pidieron una explicación, pero cuando se aprecian caras ensangrentadas, camarógrafos agredidos tirados en el piso, sin soltar su cámara por cierto, (sino nunca nos hubiéramos dado cuenta), y destrozos en los equipos, ya no cabe aquí ninguna disculpa y menos explicaciones, simplemente porque aquí no hay explicación que valga. Poco les faltó a los policías por desenfundar su arma, pero si varillas metálicas antirreglamentarias.

Las acciones a tomar tanto por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, como por el Sindicato de Periodistas de Costa Rica, los canales: Representaciones Televisivas Repretel Canal 6 y Televisora de Costa Rica Canal 7, deben pasar del tenue velo de la diplomacia y las relaciones públicas a establecer de una vez y por todas el respeto al oficio del humilde trabajador de prensa y a la profesión del periodismo.

Deben ser los estrados judiciales los que hagan enfrentar a estos policías de juguete, matones a sueldo, pichones de paramilitares, soldaditos de plomo, marines frustrados, o acomplejados de Rambos, el verdadero brazo de la ley.

Se debe demandar penalmente por agresión y quien sabe qué otros posibles delitos, además por supuesto de la brutalidad policíaca, al grupúsculo que mancha el verdadero valor y misión de la GAO de la Fuerza Pública.

Buscar soluciones:
No entiendo como los policías se enfrentan a situaciones difíciles, de tanta tensión, sin la presencia de profesionales de la comunicación, y lo digo porque yo también manejo policía. Esta debe saber en qué terreno está y los periodistas a su vez cual es el terreno policial.

Creo que la mayor parte de asuntos como estos se pueden evitar, si, desde un principio, las Oficinas de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, del OIJ, y del Ministerio Público, abandonan de una vez y por todas sus cómodas oficinas y salen a las calles como periodistas de sucesos que son, para coordinar las acciones y las relaciones con los periodistas.

Estas oficinas deben, si no es que ya lo hacen (supongo que no pues no parece) brindar cursos de relaciones con la prensa, para que tanto los comunicadores como los policías conozcan mejor el trabajo de cada cual. Se trata de un caso de brutalidad y de ignorancia. A lo mejor no sea la solución definitiva, pero que ayuda... ayuda.

Sí, hay errores de ambos lados, pero ello NO justifica, ni explica, ni perdona, la brutalidad policíaca, contra comunicadores o contra cualquier habitante, sea este... quien sea.
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lunes, 20 de diciembre de 2010

Intervención de Costa Rica en el Plenario de la Asamblea General ONU

Embajador Eduardo Ulibarri, Representante Permanente
65º período de sesiones de la Asamblea General
Nueva York, 20 de diciembre de 2010
_______________________________________________________________

Señor Presidente:
Costa Rica celebra que la Asamblea General aborde, nuevamente, la situación de Centroamérica en relación con la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo.

En este contexto, mi país respalda la resolución A/65/L.51, para extender el funcionamiento, reforzar las capacidades y consolidar el aporte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La CICIG es una experiencia robusta e inédita en la vinculación de voluntades nacionales y multilaterales para combatir la impunidad, como vía hacia la consolidación del Estado de derecho y las instituciones guatemaltecas.
Desde su creación, el 4 de septiembre de 2007, la CICIG ha sido un instrumento fundamental para capturar, procesar y condenar a responsables de relevantes casos penales. Pero también se ha preocupado por arraigar su legado técnico y jurídico, mediante la capacitación de personal local y el reforzamiento institucional.

Esta tarea quedaría trunca si no se extiende su mandato. De aquí nuestro apoyo a la resolución.
El respaldo de Costa Rica a la CICIG ha sido constante y entusiasta, mediante el desarrollo de recursos humanos, el intercambio de buenas prácticas y otros aportes en especie. Nos complace, particularmente, que su actual líder sea el ex Fiscal General de nuestro país, Francisco Dall´Anesse. Para él, para los demás funcionarios de la CIGIG, el Gobierno y sociedad civil de Guatemala, las Naciones Unidas y los países donantes, nuestro profundo reconocimiento.

Señor Presidente:
Pasados sus conflictos internos y la intervención de poderes externos, Centroamérica ha transitado, durante las dos últimas décadas, por un arduo camino para convertirse en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, anclada en el respeto a los derechos humanos.

El éxito final de esta tarea, aún inconclusa, depende de muchos factores. Pero su base debe ser el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los poderes públicos, el respeto al juego democrático y la superación de las vías de hecho como normas de conducta política. Es decir, la consolidación del Estado de derecho.

Estos componentes deben guiar también las relaciones y decisiones externas de los Gobiernos centroamericanos, en concordancia con los principios elementales del derecho internacional. Su pilar indispensable es el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.

Creíamos que la observancia de tales principios era una realidad irreversible en Centroamérica. Desgraciadamente, estábamos equivocados. Por una acción incomprensible, injustificada e inaceptable del Gobierno de Nicaragua, nuestra región ha dado un funesto paso hacia atrás en sus esfuerzos por superar el triste pasado y abrazar un mejor futuro. La principal víctima de esta conducta es Costa Rica, pero sus efectos trascienden hacia toda la región, y más allá de ella.

Desde finales de octubre, tropas nicaragüenses ocupan una parte de nuestro territorio, en clara violación a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra dignidad nacional. Su presencia ha estado acompañada de una abierta depredación ambiental, en una zona de humedales protegida internacionalmente.
Padecemos, simple y llanamente, un hecho consumado por la fuerza.
Si esta agresión no ha derivado en enfrentamientos armados, es porque Costa Rica carece de ejército. Nuestra defensa no son las armas, sino el derecho; las razones, no las balas.
Luego de su acción militar, Nicaragua ha tratado de fabricar una tosca justificación jurídica. Tras 113 años sin disputar el trazado fronterizo, creó la especie de que el territorio ocupado no es costarricense y que, por tanto, todo se reduce a una disputa de límites. La realidad es que enfrentamos una ocupación militar.

Señor Presidente:
Los costarricenses tenemos derecho a vivir sin ejército. Así lo decidimos en 1949. Ninguna fuerza y ninguna arbitrariedad nos apartarán de esta vía. Para mantenerla, sin embargo, dependemos del sistema multilateral y del derecho internacional. A ellos acudimos.
En lugar de responder a la fuerza con la fuerza, denunciamos la violación perpetrada por Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, su Gobierno, en claro desdén de sus obligaciones internacionales, rechazó y sigue rechazando la competencia de la OEA, el órgano regional más relevante y jurídicamente consolidado de nuestro hemisferio.
Costa Rica también denunció a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, por violar los límites acordados en 1858 y clarificados en 1897, por ocupar y dañar pate de nuestro territorio, y por emplear medidas de facto.

Además, solicitamos y obtuvimos una misión urgente de observación de la Secretaría de la Convención Internacional Ramsar sobre humedales, para que evaluara los daños ambientales. Estamos a la espera de sus resultados.
Tratamos de involucrar a la Comunidad Iberoamericana en una salida justa al conflicto. Pero, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ni siquiera asistió a la reciente cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos, en Argentina. En su lugar, envió a esa reunión, de carácter estrictamente político, a la presidenta del Poder Judicial.
Costa Rica trabaja en otras opciones diplomáticas, incluido el diálogo directo, bajo el principio del respeto a nuestra integridad territorial. Queremos sentarnos a discutir con el Gobierno de Nicaragua el conflicto creado por su agresión, frente a testigos calificados, siempre y cuando se despeje la zona de presencia militar, tal como ha acordado, en dos ocasiones, la Organización de Estados Americanos. Un posible diálogo, sin embargo, no detendrá nuestra acción en la Corte Internacional de Justicia ni en otros foros multilaterales posibles.

Señor Presidente:
Frente a la arbitrariedad, Costa Rica enarbola la legalidad; frente a la fuerza, la sensatez.

Estas normas, que constituyen principios básicos de las Naciones Unidas
, tienen relevancia tanto para la agresión que ahora enfrentamos, como para el fortalecimiento del Estado de derecho en cada uno de los países centroamericanos, objetivo al que la CICIG está dando un relevante impulso. Costa Rica, como siempre, ofrece su aporte en la tarea.

Esperamos que, desde estas y otras convicciones y deberes compartidos, los centroamericanos sigamos avanzando hacia mayores cuotas de paz, democracia, libertad, desarrollo sostenible, integración y seguridad. Es lo que merecen nuestros pueblos. Es lo que nuestros gobiernos deben buscar.

Muchas gracias, señor Presidente
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martes, 16 de noviembre de 2010

MUJER GOZARÁ DEL 50% DE LOS BIENES DE SU PAREJA

Resolución fallo Sala Segunda

La Sala Segunda de la Corte reconoció la unión de “hecho irregular” que permitirá que una mujer tenga derecho a que se le reconozca el 50% de los bienes gananciales de su ex compañero, con quién compartió en unión libre por 20 años, según la recurrente y en el 2002 falleció.
De acuerdo con la resolución de los magistrados de la Sala Segunda la recurrente y su compañero cumplieron los presupuestos estipulados en el hoy anulado 246 del Código de Familia, antes de que esa norma fuera declarada inconstitucional, es decir este caso quedo amparado por la normativa anulada y se debe reconocer la situación de unión de hecho irregular.

“Procede acoger el recurso planteado por la actora. En consecuencia, se debe anular el fallo recurrido y revocar el de primera instancia. En su lugar, cabe declarar con lugar la demanda. Se debe reconocer la unión de hecho entre las partes desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 4 de junio de 2002. La actora tiene derecho a que se le reconozca participar en el cincuenta por ciento del valor neto de los bienes gananciales adquiridos durante ese periodo, lo cual se determinará en la etapa de ejecución. El mencionado porcentaje en los bienes gananciales referidos se deberá adjudicar a la señora... y se procederá a excluir de la masa hereditaria dentro del respectivo proceso sucesorio que se tramita actualmente (párrafo final artículo 246 del Código de Familia)” según resolución 1067-10 de la Sala de Casación Laboral.
Desde el 2003 la actora promovió para en sentencia se reconociera la unión de hecho pública, notoria, estable y única que la ligó hasta su fallecimiento y durante más de veinte años. Solicitó que, como conviviente supérstite, se declarará su derecho sobre el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos por el ahora fallecido durante esa unión y que se le adjudicará los bienes correspondientes del sucesorio en esa misma proporción.

Inicialmente, el juzgado de primera instancia “declaran sin lugar las excepciones de prescripción y caducidad, con lugar las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa, opuestas por la demandada y se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda abreviada de reconocimiento de unión de hecho” según resolución 1067-10.

La misma respuesta le dio el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, quién confirmó la sentencia recurrida.
Por lo anterior se presento recurso de casación laboral, siendo que este alto Tribunal de Casación Laboral quién aclaró que la interposición de la demanda se hizo en mayo del 2003 y solo habían transcurrido once meses y dos días desde la defunción del causante, de manera que el plazo no había caducado porque según el artículo 243 del Código de Familia el tiempo dispuesto es de dos años por lo que declaró lugar el recurso, reconociéndole el derecho a la mujer.

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sábado, 6 de noviembre de 2010

El Comando de Crisis de la Emergencia en Escazú, informa:

Comunicado oficial Conjunto


Las situación a la fecha es:
20 personas fallecidas y entregadas a las familias.
01 persona desparecida o no reportada.
03 personas fallecidas recién encontradas, se trata de 1 mujer y 2 hombres.
Los nombres de los tres recientes se darán hasta que termine el proceso de identificación por parte del Organismo de Investigación Judicial. El resto así como los damnificados están en listas en el sitio web de la Municipalidad de Escazú.
222 personas en los albergues del Liceo de Escazú, el Colegio El Pilar y Bebedero

Se insiste en que No hay ninguna evacuación masiva ni alertas de cabezas de agua, así como tampoco casos denunciados de robo o saqueos. La Fuerza Pública está en la zona y se mantiene en labores conjuntas propias de su cargo.

Hoy ingresó un perro especializado en búsqueda de cuerpos humanos fallecidos del OIJ.
Hay una gran cantidad de trabajadores voluntarios organizados de todas la instituciones., así como de empresas privadas y grupos de apoyo. Hay soporte psicológico interinstitucional en apoyo a la comunidad

La Defensoría de los Habitantes se unió desde ayer a cooperar en la zona de emergencia.

Equipos de atención psicológica lograron ayer evacuar la última familia que faltaba y no hay evacuaciones pendientes.

Se ha tomado el control de la zona de emergencia y del perímetro del Comando de Crisis, de tal forma que se evita el turismo de emergencia. Se han entregado identificadores a todos los habitantes y quienes tienen vehículos aún sean oficiales.

Se advierte, que el riesgo no ha terminado.
El nivel de riesgo dependerá del estado del tiempo atmosférico.
Las labores de búsqueda y rescate continúan.

En la zona hay también maquinaria bajo la coordinación de la Municipalidad de Escazú:
5 dragas
2 tractores
2 backhoe

Ayuda internacional:
Hoy ingresaron 25 efectivos de la USAR-GUA de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres CONRED de Guatemala.
Está compuesta por 10 militares, 4 bomberos voluntarios, 4 bomberos municipales, 6 brigadistas Conred y un geólogo. Todos especialistas en Rescate, así como dos comunicadores.

Los Centros de Acopio oficiales y autorizados por el Comando de Crisis son:
Escuela Juan XXIII en San Antonio de Escazú
Parroquia San Miguel en el centro de Escazú
Casa Presidencial en Zapote


Comando de Crisis Escazú
6 noviembre, 2010 12:30 horas


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viernes, 5 de noviembre de 2010

Reconocimiento de Google de error en mapa ratifica posición de Costa Rica.

El Gobierno de Costa Rica siempre ha sostenido que la única cartografía válida es la oficial y reconocida por parte de Costa Rica y Nicaragua, y que son concordantes sobre el hecho de que la zona donde su ubica la Finca Aragón, Isla Calero, Provincia de Limón, es territorio costarricense.

La Cancillería dijo que el reconocimiento hecho hoy por la firma Google de la existencia de un error en un mapa publicado en “Google Maps”, ratifica que justamente la zona donde su ubica la Finca Aragón, Isla Calero, Provincia de Limón, es territorio costarricense, como el país ha defendido ante Nicaragua y esta semana expuesto ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La Cancillería advirtió de que los mapas publicados por Google o cualquier otra empresa no tienen validez para definir aspectos de fronteras. En este sentido, dijo que al ser detectado el error en la página de “Google Maps”, el Ministerio de Relaciones Exteriores contactó a la empresa para hacer ver la imprecisión.

La empresa Google reconoció hoy la existencia de un error en el mapa con coordenadas de la zona fronteriza con Nicaragua que el nicaragüense Edén Pastora usó para justificar labores de dragado, así como el ingreso de tropas del Ejército a territorio costarricense, alegando que se trataba de suelo de Nicaragua.

El Ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, dijo que la aclaración de la firma Google ratifica lo que Costa Rica ha venido sosteniendo desde un inicio, en el sentido de que las coordenadas corresponden a territorio costarricense.

“En esta ocasión, Google determinó que hubo una inexactitud en la conformación de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y está trabajando para actualizar la información lo más rápidamente posible”, dice el texto suscrito por Daniel Helft, Senior Manager para Políticas Públicas, Google América Latina. (Se adjunta texto completo y dirección electrónica donde ubicar el texto original).

La violación de la soberanía por parte de Nicaragua, llevó a Costa Rica a elevar sendas notas de protesta ante Managua y a demandar que dicho Gobierno retire las fuerzas militares de suelo nacional.

A continuación el texto de “El Blog de Google para América Latina”.

“Se ha reabierto un conflicto territorial fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica y se ha intentado involucrar a Google Maps en la disputa, a causa de una inexactitud en sus mapas. Los datos son provistos por terceros. Si bien, los mapas de Google tienen una altísima calidad y Google trabaja constantemente para mejorar y actualizar la información existente, de ninguna manera pueden ser tomados como referencia al momento de decidir acciones militares entre dos naciones.

Los mapas de Google contienen en sus términos de servicios claras referencias que deslindan la responsabilidad de la empresa sobre la precisión de su contenido que, por diferentes motivos, puede en ocasiones no ser exacto. Cuando es esta situación, Google trabaja rápidamente para solucionar el problema.

Unos meses atrás, publicamos actualizaciones que mejoraron la calidad y exactitud de nuestras fronteras a nivel global. Si bien hacemos todos los esfuerzos posibles, los mapeos son de una complejidad extraordinaria y siempre hay lugar para discrepancias ocasionales. Es impensable que dos naciones se basen en un producto dirigido a consumidores y empresas para tomar decisiones militares. Este tipo de situaciones requieren obviamente de productos de una precisión extrema.

En esta ocasión, Google determinó que hubo una inexactitud en la conformación de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y está trabajando para actualizar la información lo más rápidamente posible”, dice el texto suscrito por Daniel Helft, Senior Manager para Políticas Públicas, Google América Latina”.

El texto original puede ser localizado en el hipervínculo sobre el título.


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miércoles, 3 de noviembre de 2010

Mensaje de la Presidenta de la República de Costa Rica Laura Chinchilla sobre el conflicto con Nicaragua

Costarricenses:
Somos un país de paz, y esto es lo que más nos distingue en el conjunto de las naciones y lo que más hemos cuidado a lo largo de nuestra historia.

La decisión unilateral de abolir el ejército nos ha permitido tener un gasto social mayor y así tener más paz social. Sin embargo, cuando vivimos situaciones como la de estos días en la frontera con Nicaragua, tenemos el reto de actuar de acuerdo con nuestra tradición de paz.

Las fuerzas armadas de Nicaragua incursionaron y permanecen hasta el día de hoy en el territorio costarricense, en Isla Calero en la Provincia de Limón. Ahí instalaron campamentos militares, izaron la bandera nicaragüense, destruyeron bosque de un área protegida y vertieron sedimentos con considerable daño ambiental. Estas acciones sólo las podemos calificar como una grave violación a nuestra soberanía, a la integridad de nuestro territorio y a nuestro patrimonio ambiental.

Los argumentos esgrimidos al calor de estas acciones por la parte nicaragüense, al plantear dudas sobre los límites fronterizos, son solo palabras sin fundamento.

Las cartas geográficas de ambas naciones reflejan los límites con claridad y esas tierras invadidas son nuestras. Ellos ignoran de manera flagrante el Tratado Cañas-Jerez. Les reitero, son tierras costarricenses.

Tenemos el gran reto de actuar ante esta agresión con prudencia y con sensatez. Pero que no se confundan, seguiremos actuando con firmeza y lucharemos porque se haga justicia. Esta es nuestra fuerza, la fuerza de la razón y no la fuerza de las armas.

No podemos dejarnos llevar por la profunda indignación que nos causa esta inmerecida agresión. Nuestros instrumentos son el diálogo y el derecho internacional, con ellos estamos actuando. Por esto hemos acudido a la OEA para que se conozcan nuestras razones y de esta manera poder iniciar la batalla que nos espera en los foros internacionales. Vamos a garantizar la protección de nuestra soberanía y de nuestro ambiente.

A los hermanos y hermanas nicaragüenses, especialmente a quienes conviven con nosotros, les reiteramos nuestro afecto y compromiso con el respeto y la convivencia pacífica.

Queridas y queridos Costarricenses: nunca como ahora debemos de estar unidos cuando la agresión y la provocación nos ponen a prueba. Estemos serenos y firmes, en medio de la indignación que estos actos nos provocan. Tengan confianza y fe en la eficacia de las acciones que ha emprendido el Gobierno de la República en defensa de nuestro patrimonio ambiental y de nuestra soberanía.

Vamos a defender nuestro derecho a vivir en paz.

Buenas noches.


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martes, 26 de octubre de 2010

Costa Rica a la espera de respuesta de Nicaragua

El Gobierno de Costa Rica dijo hoy que continúa a la espera de la respuesta a la nota de protesta enviada el pasado 21 de octubre a Nicaragua, para denunciar “una violación inaceptable de la soberanía costarricense” tras constatar que ligado a las labores de dragado sobre el río San Juan, el sedimento fue expulsado y depositado en suelo costarricense y se ha causado un daño ambiental.

El Canciller a.í, Carlos Roverssi, luego de la acostumbrada conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno y acompañado por los ministros de la Presidencia y de Seguridad, Marcos Vargas y José María Tijerino, respectivamente, reiteró que Costa Rica está a la espera de una “respuesta satisfactoria” al reclamo.

Un “detallado informe” de lo acontecido fue presentado hoy al Consejo de Gobierno, dijo el Ministro Tijerino.

“La Cancillería asume la responsabilidad de agotar las vías diplomáticas para resolver el caso”, expresó el Vicecanciller Carlos Roverssi, quien señaló que el tema se trata como un asunto de Estado.

El Ministro de Relaciones Exteriores a.í. dijo que debido a la eficiente labor de la Fuerza Pública costarricense, se logró que la draga a cargo del señor Edén Pastora, fuera trasladada a territorio nicaragüense.

Roverssi afirmó que pensamos que la comprobada violación de la soberanía costarricense fue un “acto irresponsable de Pastora y cuyos efectos se continúan investigando”.

El Canciller a.í, dijo esperar que las mencionadas acciones atribuidas a Pastora “no sean la posición oficial del Gobierno de Nicaragua”.

El Consejo de Gobierno analizó los trabajos que la semana pasada realizaron funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente y a fuerzas policiales en la zona.

Roverssi dijo hoy que como resultado de dichos informes, se han demostrado sendas causas por daños ambientales. Entre dichos daños se han documentado impactos a un humedal fronterizo, en un área de 2.500 metros cuadrados, como resultado de haberse depositado gran cantidad de sedimentos. También se detectó daño ambiental en 1.5 hectárea como consecuencia de una trocha que se abrió en un área.

El Ministro de Seguridad explicó que el grupo de policías que fue destacado a la zona se ha concentrado en Barra del Colorado, donde permanecerán “hasta que las circunstancias cambien” en operaciones policiales de rutina. Señaló que como resultado de la movilización de la Fuerza Pública en la zona actualmente “todo trascurre normalmente”.


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Institucionalidad democrática en Mesoamerica: principales desafios.

XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla


Laura Chinchilla M.

Presidenta de Costa Rica

La democracia puede definirse de muchas maneras. Para unos, su esencia está en la participación; para otros, en la representación. Según el énfasis, hay por lo tanto diversidad en los modelos de democracia. Sin embargo, lo que sí resulta un denominador común es que la democracia no puede existir (ni funcionar) sin instituciones.
Es decir, sin normas, entidades y equilibrios que, basados en el Estado de Derecho, inhiban la arbitrariedad y garanticen al soberano –o sea al pueblo- su efectiva tutela de los asuntos públicos y la subordinación y probidad de quienes, en su nombre, los conducen.

La democracia no debe depender de la voluntad o capacidad personal de un mandatario, ni de la habilidad de un gobierno para atender las demandas populares. Unos y otros son pasajeros. Sin instituciones fuertes, legítimas y eficaces, la democracia no tiene capacidad de trascender y perfeccionarse.

En nuestra región resultan notables los avances ocurridos en materia de institucionalidad democrática, aunque los mismos ni han seguido una línea siempre ascendente ni resultan suficientes. Bajo la premisa de que la democracia es una construcción permanente, debemos preguntarnos sobre los desafíos a nuestra institucionalidad lo cual requiere de una genuina autocrítica que permita mejorar aún más los actuales escenarios que reconocemos como de alta vulnerabilidad.

Habida cuenta de los déficits institucionales que aún padecen nuestros Estados, y considerando la gravedad de las amenazas que se ciernen sobre nuestros países como la exclusión social, la gravitación de los poderes fácticos sobre el poder público, y la criminalidad organizada transnacional, debemos seguir planteando esta cuestión y al respecto propongo cuatro consideraciones relevantes:

Primero: la institucionalización empieza “por casa”. Los Poderes Ejecutivos como primeros responsables del gobierno de la Nación, han de ser también los garantes de que las instituciones públicas funcionen adecuadamente. En esta materia considero especialmente crítico el fortalecimiento de nuestros Poderes Judiciales en sus aspectos de independencia, profesionalización, acceso e integridad. El combate a la impunidad exigen esfuerzos serios y sostenidos (CICIG Guatemala). Frente a amenazas como el narcotráfico y la criminalidad, la fuerza de un contingente de jueces, fiscales y policías honrados y bien preparados puede hacer mucho más que cientos o miles de soldados debindamente equipados.

Segundo: la calidad institucional de una democracia está determinada por las personas que la administran pero también por quienes son sus beneficiarios. Sin ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos, dispuestos a cumplir sus obligaciones, y con voluntad de participar en la construcción de sus propios destinos, las instituciones resultan inútiles. Debemos seguir invirtiendo en la construcción de ciudadanía y el mejor instrumento para hacerlo es la educación. No sin razón, los viejos liberales latinoamericanos decían: “siembra escuelas y cosecharás repúblicas”. Hoy se podría decir algo parecido del papel que juega una población educada sobre las instituciones para la democracia.

Tercero: Si “gobernar es escoger”, escoger obliga a discernir. Discernir en democracia no puede hacerse en solitario, como lo haría un déspota, sino en el marco del complejo desafío de la concertación, del debate democrático y de la sana crítica. Las instituciones democráticas, deben aspirar a la universalidad, a la no exclusión, y ello requiere del desarrollo de una cultura política menos patriarcal, menos autoritaria, menos centralista, basada en conceptos mucho más sensibles a los temas etarios, de género y de etnia. A la vez, requiere nuestro permanente compromiso con un régimen de libertades públicas que permita el ejercicio pleno y responsable de la libertad de expresión. No en vano, los objetivos más apetecidos de los poderes fácticos y los grupos mafiosos, en sus esfuerzos por coptar las instituciones y debilitar la democracia, son los funcionarios públicos y los comunicadores y formadores de opinión.

Cuarto: Cada vez gobernamos menos en solitario y cada decisión que adoptamos está profundamente condicionada por fenómenos globales y transnacionales. El éxito de nuestra gestión local depende de un sistema internacional justo, eficaz, abierto y responsable, capaz de abordar los grandes desafíos de nuestra época. Por ello, el fortalecimiento de nuestras instituciones debe ir de la mano del fortalecimiento de la institucionalidad supranacional, a efectos de garantizar la adecuada corresponsabilidad de las naciones más desarrolladas del planeta frente a problemas que ellas mismas han generado cómo el narcotráfico, el trasiego de armas de fuego, el calentamiento global y otros.
En el plano regional, debemos seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación mutua. Hoy más que nunca a los países de Mesoamérica nos deben unir causas como las que aquí nos convocan: elevar la competitividad de nuestras economías mediante el fortalecimiento de un corredor logístico, garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo mediante la protección de un corredor ambiental, mejorar la condición social de nuestras poblaciones mediante la cooperación en salud y educación, y proteger la integridad de nuestras instituciones democráticas mediante la creación de un corredor de defensa y seguridad que enfrente de manera articulada al narcotráfico y la criminalidad organizada.

Estimados colegas:

Los desafíos de nuestra agenda de desarrollo son inmensos, pero todo empieza por la calidad de nuestras instituciones. Si no se garantiza la institucionalidad democrática con un sólido Estado de Derecho, cualquier esfuerzo por combatir al crimen organizado, o evitar un mayor deterioro ambiental, o promover el desarrollo humano será insuficiente. Podremos inyectar millones a nuestros presupuestos, elevar nuestra capacidad operativa antinarcóticos, adoptar los más altos estándares contra el cambio climático que, sin instituciones suficientemente legítimas capaces de convertir esas voluntades en realidad, todo aquello se quedará en buenas intenciones. La cadena sólo será tan fuerte como el más débil de sus eslabones.

Muchas gracias,

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viernes, 22 de octubre de 2010

Nota de Protesta ante el Gobierno de Nicaragua

Excelentísimo señor

Samuel Santos López

Ministro de Relaciones Exteriores

República de Nicaragua



Excelentísimo señor Ministro:

Me permito saludar a Su Excelencia con ocasión de hacer de su conocimiento que a raíz de denuncias presentadas por habitantes de la zona de Finca Aragón, Isla Calero, Provincia de Limón, el Gobierno de Costa Rica ha podido constatar que ligado a las labores de dragado que se están realizando en una posición ubicada contiguo a la ribera costarricense en el río San Juan, el sedimento está siendo expulsado y depositado en suelo costarricense a través de una tubería que ingresa al interior de dicha finca.

El gobierno de Costa Rica cuenta con la prueba que respalda esta afirmación. Estos hechos constituyen una violación inaceptable de la soberanía costarricense.

Más aún, según las denuncias, aparentemente el señor Edén Pastora Gómez en compañía de otras personas, ha incursionado en la Finca Aragón e incluso ha realizado acciones en contra de los habitantes de la zona y sus posesiones.

En virtud de lo anterior, el Gobierno de Costa Rica presenta su más enérgica protesta ante el Gobierno de Nicaragua por los hechos antes descritos, y demanda el cese inmediato de cualquier acción o actividad que afecte territorio costarricense o sus habitantes, que lesione la soberanía nacional o que cause daños ecológicos a su territorio. Asimismo, el Gobierno de Costa Rica solicita al Gobierno de Nicaragua seguridades de que hechos como los expuestos no se repetirán.

Reciba Excelencia, las muestras de mi consideración.








Marta Núñez Madriz

Ministra a.i.”

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viernes, 15 de octubre de 2010

ARESEP alerta por falta de hidrantes

Hace un año se establecieron las tarifas para dotar los recursos
e instalar 600 hidrantes nuevos
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) alertó a Acueductos y Alcantarillados (AyA) por no instalar hidrantes, pese a que desde hace un año se aprobaron las tarifas para este servicio.

ARESEP considera que AyA realizó una gestión administrativa lenta y preocupa la falta de información sobre la colocación de hidrantes por parte de los acueductos rurales.

El servicio de hidrantes fue definido como servicio público desde el 24 de junio del 2008 y a la ARESEP le corresponde fijar las tarifas. Datos de Bomberos de Costa Rica indican que el 31% de los hidrantes están en mal estado.

La tarifa para hidrantes es de ¢12 por cada metro cúbico de agua consumida y fueron aprobadas el 16 de octubre del 2009, para dotar los recursos para instalar 600 hidrantes nuevos por año y dar mantenimiento a 1.480 unidades. AyA estima que recaudará ¢2.169 millones en este año por concepto de hidrantes. Hasta mayo del 2010, el AyA recaudó ¢939 millones. Sin embargo, no se registra ningún egreso.

Con esa tarifa se cubren los costos de mano de obra, transporte y maquinaria, mantenimiento, costo de hidrante e instalación, depreciación, deuda y gastos administrativos.

Sin embargo, hasta el momento, AyA no ha instalado ningún hidrante alegando motivos administrativos (autorizaciones de presupuesto y licitaciones).

AyA informó a la ARESEP que en este año y en el 2011 comprará el equipo. La instalación será acorde con las prioridades definidas por Bomberos. Para el mantenimiento de los hidrantes se necesita contratar más personal.

Únicamente la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) cumplió con la colocación de estos equipos, por lo que se prevé que solo esta empresa pueda solicitar revisión de la tarifa.

El servicio de hidrantes tiene que llevar una contabilidad separada y consignar en la facturación de los usuarios el rubro correspondiente.

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jueves, 7 de octubre de 2010

Reserva indígena Guaymí de Osa no será ampliada

Comunicado de la Sala Constitucional:
La Sala Constitucional declaró inconstitucional un Decreto Ejecutivo que según el recurrente permitió ampliar la zona de reserva indígena de Guaymí de Osa y reduce el Parque Nacional Corcovado.

“Se declara con lugar la acción. En consecuencia se anula por inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 29957-G del 26 de octubre de 2001”, según voto 14 772-10 de la Sala Constitucional.
Un hombre de apellidos Bonilla Villalobos interpuso la acción de inconstitucionalidad, aludiendo que el decreto amplía la reserva indígena de Guaymí Osa, provocando una superposición geográfica parcial entre el área correspondiente al Parque Nacional Corcovado y los límites establecidos en el decreto para la reserva indígena.
Según el recurrente lo anterior “produce una desafectación ilegal del dominio público”.
De acuerdo con la resolución de los magistrados constitucionalistas, la inconstitucionalidad declarada, no afecta las prácticas avícolas que actualmente se realizan al amparo del decreto ejecutivo impugnado, pero tendrán un año a partir de la notificación, para que empiecen a cesar dicha actividad.

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jueves, 30 de septiembre de 2010

Presidenta Chinchilla da apoyo al Gobierno del Presidente Correa de Ecuador

San José, 30 de setiembre de 2010. La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, tras conocer la situación política que está viviendo la República de Ecuador, conversó personalmente con el Presidente Rafael Correa.

La Mandataria le expresó el total apoyo a su gobierno constitucional y categóricamente manifestó su repudio a los hechos que están ocurriendo en estos momentos en Ecuador. Por su parte, el presidente Correa agradeció el apoyo de Costa Rica, así como el mostrado por la comunidad internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, como procede en estas circunstancias, emitió un comunicado formal expresando la solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Ecuador.

“Costa Rica, con la autoridad que le otorga una trayectoria democrática, republicana, y respetuosa del Estado de Derecho, bajo ninguna circunstancia avala cualquier intento de golpe de Estado y hacemos un llamado a las naciones democráticas para que no permitamos que estas viejas y dañinas prácticas se encarnen nuevamente en los países democráticos”, manifestó la presidenta Chinchilla Miranda.

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lunes, 27 de septiembre de 2010

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DEBE PARALIZAR OBRAS EN PROPIEDAD PRIVADA

Comunicado de la Sala Constitucional:

· Construcciones se realizan sin una expropiación sobre la carretera San José Caldera, según recurrentes


La Sala Constitucional ordenó al Consejo Nacional de Concesiones, abstenerse de incurrir en construcciones dentro de una propiedad colindante con la carretera San José- Caldera, porque aún no hay un proceso de expropiación.

El recurso de amparo fue interpuesto por dos hermanos de apellidos Alfaro Quesada, quienes alegan que en su propiedad en Concepción de Atenas de Alajuela, una constructora y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes procedieron a realizar obras de construcción tales como, autopista, alcantarillas, cunetas y otras, sin haber realizado el debido proceso de expropiación y sin una indemnización.
“Se declara con lugar el recurso. Se ordena al Presidente del Consejo Nacional de Concesiones, lo siguiente: a) disponer lo necesario dentro del ámbito de sus competencias para que, dentro del plazo de diez días, contando a partir de la notificación de está resolución, se interponga el proceso especial de expropiación correspondiente, b) abstenerse de incurrir en las vías de hecho señaladas” según voto 14751 de la Sala Constitucional.

El Estado deberá pagar las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo

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miércoles, 22 de septiembre de 2010

Discurso Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda en Naciones Unidas

Reunión plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General

Con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015

Naciones Unidas

Nueva York, 22 de setiembre de 2010



Señor Presidente,

Señoras y señores Jefes de Estado y Gobierno, Delegados e invitados:


Hace diez años, esta Asamblea dio a luz un documento que despertó las esperanzas de muchos pueblos.

La Declaración del milenio ratificó entonces seis valores fundamentales: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto de la naturaleza, y el sentido de responsabilidad común.

A partir de ellos, los líderes mundiales asumieron ocho claros compromisos: los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que colocaron a los seres humanos como eje de nuestras responsabilidades nacionales y globales.

Hoy vengo a rendir cuenta, ante ustedes y mi pueblo, de lo que ha hecho Costa Rica en este proceso. Mi balance es optimista. Tenemos justificada confianza de que cumpliremos con los Objetivos, a pesar de coyunturas difíciles y de no ser parte de los flujos de cooperación internacional, por nuestra condición de país de renta media. Pero también somos conscientes de nuestros retos nacionales y de que cualquier logro debe ser acicate para el porvenir.

Señor Presidente:

El primer Objetivo nos convocó a reducir a la mitad la población en pobreza extrema. En 1990, un 9% de los hogares costarricenses se encontraban en esa situación. En 2007 bajamos a solo el 3,3%. La crisis económica mundial repercutió en el indicador, pero la tendencia decreciente se mantiene, y queremos mejorar más. Nuestro imperativo ético es que ni un solo costarricense carezca de lo esencial para alimentarse.

El segundo Objetivo, la enseñanza primaria universal, ha sido cumplido plenamente. Todos nuestros niños y niñas en edad escolar asisten a centros educativos. Nos preocupa, sin embargo, que solo un 90% de ellos completen el ciclo, y trabajamos porque en 2015 la totalidad pueda lograrlo.

El desafío aumenta en la educación secundaria, que atrae al 83,6% de nuestros jóvenes, pero solo el 40% de ellos la completan. Este problema de deserción ha venido, sin embargo, mejorando gracias a los programas de transferencias monetarias a los jóvenes de escasos recursos. Además, el programa Ética, Estética y Ciudadanía hace más atractivo y relevante el proceso de aprendizaje, mediante actividades deportivas, artísticas y de servicio.

Pretendemos que, en cinco años, la cobertura ronde el 89% y que crezca mucho más el porcentaje de graduados.

También trabajamos por la cobertura total en educación preescolar; un mayor impulso a la educación técnica y la capacitación laboral; el uso sistemático de las tecnologías de información y comunicación en las aulas, hogares y comunidades, y un acceso universal de calidad a las redes digitales.

Para avanzar en todos esos objetivos, hemos incrementado sustancialmente la inversión en varios rubros. Los recursos destinados a educación pasaron del 3,8% del Producto Interno Bruto en 1990 al 6,8% el pasado año.

Señor Presidente; señores Delegados:

Como primera Presidenta en la historia de Costa Rica, me siento particularmente orgullosa por nuestros avances en el tercer objetivo: la participación de las mujeres en la vida pública, que ha aumentado año con año. Hoy cerca del 40% de los miembros del Congreso son mujeres; también casi el 30% de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, ha aumentado nuestra participación en el mercado de trabajo, de un 30% en 1990 a un 42% el pasado año, con tendencia creciente.

Sin embargo, las mujeres siguen sufriendo de mayor desempleo, precariedad e informalidad laboral. En gran medida ello se debe a nuestras dificultades para combinar los roles productivo y reproductivo. Para superar este obstáculo estamos desarrollando una red de cuidado y estimulación temprana de niños y niñas; a la par de una red de cuido integral de adultos mayores.

En el cuarto, quinto y sexto Objetivos, todos relacionados con salud, seguimos avanzando sólidamente, como parte de un profundo compromiso nacional y políticas públicas desarrolladas por décadas.

Nos enorgullece tener una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del continente americano. Pero aún estamos insatisfechos. Por ello trabajamos para que en 2015 la tasa de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años sea de 2 por cada mil, y la de los menores de 1 año, de 9 por cada mil nacidos vivos. Tenemos también un gran compromiso con reducir la mortalidad materna, a 2 por cada 10.000 embarazos en 2015.

El impacto del VIH/SIDA en el país es bajo, pero continuamos fortaleciendo las medidas de prevención. Sobre todo, hemos incrementado el control de las mujeres embarazadas, y desde 1998, por medio de la Seguridad Social, brindamos tratamiento antirretroviral a quienes padecen la enfermedad.

Nuestra dedicación al ambiente y el desarrollo sostenible antecede en mucho al séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio. Gracias a iniciativas tomadas desde hace cuatro décadas, el 25,9% del territorio nacional está bajo algún esquema de manejo o conservación ambiental; hemos recuperado cobertura boscosa; invertimos para aumentar la proporción de generación eléctrica con energías renovables y la proporción de energías limpias dentro del consumo total. Mi Gobierno está impulsando diversas iniciativas para que Costa Rica pueda alcanzar la meta de generación de energía eléctrica con fuentes 100% renovables en los próximos diez años.

También estamos trabajando por reducir los gases de efecto invernadero, y nos hemos propuesto ser un país carbono neutral.

Hoy prácticamente el 100% de la población tiene acceso a agua proveniente de fuentes mejoradas y la meta es que, en 2015, al menos el 88% reciba agua de calidad potable
. Pero queremos que esa agua, en todos los casos, llegue a viviendas dignas, mediante esquemas de créditos y subsidios para familias de ingresos bajos y medios.

Señor Presidente:

Costa Rica reconoce y ha demostrado al mundo que el desarrollo humano sostenible debe sustentarse en la gobernabilidad democrática, el Estado de derecho, la transparencia, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad; también exige una vinculación inteligente entre el crecimiento productivo, la educación, la salud, la innovación, el respeto ambiental y la reducción de la pobreza. Asumimos muy en serio estas responsabilidades y no culpamos a otros de nuestros problemas.

Sin embargo, el proceso de desarrollo humano sostenible también demanda una verdadera asociación mundial. De aquí el octavo Compromiso, que implica una cooperación internacional adecuada y eficaz. Nos preocupa que aún muy pocos países desarrollados cumplan con destinar el 0,7% del producto interno bruto a la ayuda para el desarrollo. Al mismo tiempo, si bien entendemos que dicha ayuda debe estar centrada en los países más vulnerables, no debería excluir a los de renta media que, gracias a su esfuerzo, han venido avanzando hacia mayores niveles de desarrollo, pero aún enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Como Presidenta de Costa Rica me angustia otro grave desafío: el del crimen organizado, en particular los carteles de la droga. Si no logramos frenar su embestida, de poco valdrán los avances en desarrollo. Desde esta tribuna de compromisos y esperanzas, hago un llamado a los países desarrollados, sobre todo los grandes consumidores de drogas, para que colaboren eficazmente con quienes padecemos un problema que no ha sido creado por nosotros.

Señor Presidente:

Por nuestro histórico compromiso con el bienestar colectivo y nuestra determinación de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Costa Rica se encuentra bien encaminada para su logro, incluso superación, en 2015.

Pero esto no basta. Nuestro esfuerzo se dirige también a la constante ampliación de oportunidades, la reducción de desigualdades sociales y regionales, la transparencia, el rendimiento de cuentas, la solidaridad y la libertad como generadora de oportunidades.

Agradezco al Sistema de Naciones Unidas su generoso acompañamiento en este proceso, e insto a todos los países a que avancemos juntos por este luminoso camino.



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jueves, 16 de septiembre de 2010

RENTA DEL SALARIO ESCOLAR 2008 DEBERÁ REEMBOLSARSE

Declaran sin lugar recurso de casación presentado por el Estado


· Fallo de casación está en ajustes de redacción sentencia para que quede en firme resolución de Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Establecer que el monto del salario escolar del 2008 que se pagó en la segunda quincena del mes de enero del 2009, estaba “no sujeto en su totalidad del Impuesto sobre la Renta”, fue lo que resolvió la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al fallar el recurso de casación presentado por el Estado.

El fallo del Alto Tribunal de Casación de los Contencioso Administrativo, que actualmente se encuentra en ajustes de redacción sentencia, para ser notificado, estableció en su parte dispositiva “Se declara sin lugar el recurso”.

Con este fallo se avala lo establecido por el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo que declaró con lugar la demanda presentada por la Asociación Costarricense de Profesionales en Derecho del Poder Judicial (ACOPRODEJU), la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), el coadyuvante Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y el tercero con pretensiones propias la Asociación de Ingenieros Civiles del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (AIC-MOPT) contra El Estado

Además, determinó la nulidad del oficio DGT-591-08, del 16 de octubre de 2008, suscrito por el Director General de la Dirección General de Tributación Directa, que dio paso al rebajo del salario escolar 2008 el concepto de renta.

El fallo del Tribunal también señaló que “…2) Se declara con lugar la demanda, en cuanto a que el monto por concepto de salario escolar que se pagó en la segunda quincena del mes de enero de 2009, estaba no sujeto en su totalidad del Impuesto sobre la Renta, debiendo la Administración Pública abstenerse de adoptar o ejecutar cualquier conducta que pueda afectar los derechos subjetivos e intereses legítimos de todos los funcionarios públicos; 3) De conformidad con el artículo 130, inciso 2) del Código Procesal Contencioso Administrativo, la declaratoria de invalidez de las conductas administrativas impugnadas en este caso, producirá efectos para todas las personas vinculadas a dichas conductas, en este caso a todos los funcionario públicos que recibieron salario escolar en la segunda quincena del mes de enero del 2009, que correspondió con el pago del salario escolar del año 2008.
Por lo tanto, como efecto directo de la declaratoria de ilegalidad de las conductas administrativas, se le ordena a todas las administraciones públicas, devolver a todos los funcionarios del sector público, que recibieron el salario escolar correspondiente al año 2008, durante la segunda quincena del mes de enero de este año, la retención del impuesto sobre la renta efectuada a esos salarios escolares”.

En cuanto a la cancelación de los intereses por los montos dejados de percibir, en su momento el Tribunal determinó que éstos se deberán pagar únicamente a favor de los actores, coadyuvantes y tercero interesado, sobre el monto retenido del impuesto de renta de los salarios escolares pagados en la segunda quincena de enero del 2009, que comenzaron a correr desde el momento de la retención indebida del impuesto sobre la renta, hasta su efectivo pago
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SEÑALAN INCONSTITUCIONALIDAD EN LEY DE PENSIONES

Sala Constitucional

· Anula artículo 14 y 15 de Ley General de Pensiones.
· Artículos establecían prohibición y excepciones a jubilados de desempeñar cargos públicos, a menos que renunciaran expresamente a su pensión.


La anulación de dos artículos de la Ley General de Pensiones, por considerarse inconstitucional la prohibición y excepciones para la reincorporación de una persona jubilada a las labores en el sector público, fue lo que estableció la Sala Constitucional en su resolución 2010-15058.
La decisión del Alto Tribunal Constitucional se dio al declarar con lugar una acción de inconstitucionalidad contra estas normas de la Ley General de Pensiones.
“En consecuencia, se anulan por inconstitucionales los artículos 14 y 15 de la Ley General de Pensiones, Nº 14 de 2 de diciembre de 1935 y sus reformas. Esta sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe y de las relaciones o situaciones jurídicas que se hubieran consolidado por prescripción, caducidad o en virtud de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada material”, puntualizó la resolución constitucional.
La acción la presentó una mujer de apellidos Díaz Prudencio contra los artículos de la legislación en materia de pensiones.
De acuerdo con la amparada, existe la posibilidad de cotizar para dos regímenes diferentes y consecuentemente disfrutar de ambas pensiones, sin embargo los artículos 14 y 15 de la norma impugnada “limita de forma irracional y desproporcionada a aquel funcionario que cotiza para un mismo régimen como el de Invalidez, Vejez y Muerte, suspendiéndole la pensión cuando decide laborar para la Administración Pública, como en su caso”.
Según explicó la recurrente, ella recibía una pensión de su cónyuge, la cual se le suspendió por verse obligada a trabajar, ante el alto costo de la vida. ante esta situación, argumentó en su acción de inconstitucionalidad que las normas impugnadas le restringen de forma ilegal su derecho a tener una vida digna, con todo lo que implica la vivienda, vestido y comida, sin tener que llegar a cambiar su estilo y condiciones de vida, a diferencia de otros pensiones a quienes se les permiten otras condiciones.

Artículos anulados
ARTÍCULO 14.- Ninguna persona que retire pensión del Estado, por cualquier concepto que sea, de derecho o de gracia, puede ser nombrada para el desempeño de un empleo o cargo público remunerado, salvo que renuncie expresamente a la pensión que le correspondería durante el tiempo que ocupe tal puesto o cargo. Dicha renuncia será comunicada oficialmente al Centro de Control(*), a la Secretaría de Hacienda y a la Junta Consultiva de Pensiones(**).
(*) Actualmente "Contraloría General de la República".
(**) Sobre esta Junta, ver artículo 6º, párrafo 2º de la presente ley.
ARTÍCULO 15.- Nadie podrá recibir más de una pensión del Estado, excepto en los siguientes casos:

a) Que se trate de pensiones provenientes de regímenes de cotización obligatoria, y por servicios diferentes;
b) Que se trate de pensiones convenidas entre la Caja Costarricense de Seguro Social y grupos de trabajadores independientes o colegiados, sin mediar cotización estatal de ninguna clase;
c) Cuando se trate de pensiones no contempladas en los incisos anteriores, siempre que no excedan de treinta mil colones (¢30.000)*. Este monto se reajustará cuando el Poder Ejecutivo decrete incrementos para los servidores públicos, por variaciones en el costo de la vida y en los mismos porcentajes decretados para estos.
No existirán pensiones inferiores a diez mil colones (¢10.000). Este monto se reajustará por el procedimiento establecido en el párrafo anterior.
* ( La Sala Constitucional mediante resolución Nº 654-93 del 9 de febrero de 1993, anuló de este inciso, la frase que decía, según reforma hecha por Ley N° 7054 de 19 de diciembre de 1986 “siempre y cuando éste no exceda de veinte mil colones”, inciso que posteriormente fue reformado mediante artículo 34 de la ley No.7302 de 8 de julio de 1992, a efecto de incrementar el monto de veinte a treinta mil colones.) ch) Que habiendo adquirido derecho a pensión o jubilación en alguno de los regímenes a que se refiere el párrafo anterior, y para los efectos del inciso a) inicial de este artículo, presten servicios en otro puesto no incluido en el sistema que generó el expresado derecho, hasta por diez años, a fin de que puedan completar las contribuciones que les falten para acogerse a pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

(Así adicionado este inciso por el artículo 1º de la ley No. No.6444 de 7 de julio de 1980)
En este caso, el ajuste a la suma indicada se hará de oficio. Los organismos del Estado que otorguen o hayan otorgado pensiones están obligados a comunicar al Registro del Estado Civil, la nómina de las personas que reciban esas pensiones, con explicación detallada de sus calidades y el número de cédula de identidad.

El Registro del Estado Civil tiene obligación de comunicar, por escrito, a la Oficina de Pensiones y Jubilaciones, al Oficial Presupuestal de Hacienda y al Tesorero Nacional, toda modificación en el estado civil de los pensionados, así como su fallecimiento. Tales comunicaciones deberán enviarse, a más tardar, ocho días después de que el Registro reciba el informe de cambio de estado civil o fallecimiento de los beneficiarios.

A las personas que, a partir de la vigencia de esta ley, llegaren a recibir pensiones del Estado en los regímenes cubiertos o subvencionados en la Ley de Presupuesto, y que desempeñen cargos remunerados con sueldos, en cualquier poder, organismo o institución del Estado, o que teniendo la condición de pensionado llegaren a desempeñar esos cargos, se les suspenderá temporalmente el pago de la pensión, mientras subsista la dualidad de pensionado y empleado o funcionario.
Se exceptúan de la disposición general, contenida en el párrafo anterior, los pensionados que estén en la siguiente situación:

a) Que sean indemnizados de guerra o pensionados de gracia; b) Que reciban cuatrocientos colones o menos de pensión, siempre y cuando dicho beneficio no lo hayan obtenido mediante incapacidad para el trabajo; y
c) Que por disposiciones legales vigentes puedan desempeñar esos cargos, siempre que el salario no exceda de doscientos colones mensuales. Las personas que llegaren a recibir, por cualquier razón, más de una pensión, con violación de lo estipulado en este artículo, quedan obligados a reintegrar a la Tesorería Nacional las sumas recibidas indebidamente; para tal efecto podrá declararse un rebajo mensual de hasta el veinticinco por ciento de la pensión, para cubrir el pago de la suma que tenga que devolver.
Aquellos que, a partir de la vigencia de esta ley, llegaren a adquirir derecho para recibir más de una pensión, y no estuvieren en los casos de excepción indicados, tendrán derecho a percibir la mayor de ellas.

Los giros correspondientes al pago de las pensiones solamente podrán entregarse a los beneficiarios, personalmente. En caso de impedimento físico, que los inhiba para retirar sus giros, o que residan en el exterior, lo harán constar así, a satisfacción de la Pagaduría Nacional, en cuyas oficinas se tomarán las providencias indispensables para que los giros lleguen a manos del beneficiario.

No podrá acordarse nombramiento de empleado o funcionario del Estado, sus instituciones y organismos, sin que, previamente, el aspirante demuestre que no está en el disfrute de pensión alguna. (Así reformado por el artículo 1º de la ley No. No.5810 de 10 de octubre de 1975)
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viernes, 10 de septiembre de 2010

COMUNICADO DE LA RESOLUCION COMPLETA DEL CASO DE LOS RETENES

En vista de que el recurso de amparo 10-10743-0007-CO relacionado con el caso de los retenes ha sido notificado a las partes involucradas, la Sala Constitucional considera importante dar a conocer a la opinión pública la sentencia íntegra número 2010-14821 y aclara lo siguiente:

El optar por un régimen democrático de derecho y no por un régimen autoritario, conforme lo hizo el Constituyente en el artículo 1 de la Constitución Política, impone a las autoridades públicas límites ineludibles en el ejercicio de sus potestades y deberes, los cuales se encuentran definidos tanto en la Constitución Política, como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, que han sido suscritos por Costa Rica.
Los Estados tienen un poder limitado en su actuar en lo que se refiere a garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, por encontrarse condicionados por el deber de respeto a los derechos fundamentales de toda persona. La libertad de tránsito y el derecho a la intimidad sólo pueden limitarse o restringirse, en aquellos casos permitidos por ley y únicamente cuando sea estrictamente necesario, idóneo y proporcional para alcanzar o tutelar bienes jurídicos de trascendencia para la convivencia social.
En el caso concreto, los oficiales realizaban un “retén policial” donde coaccionaron al recurrente para inspeccionar el interior de su vehículo, sin que existiera una noticia criminis o un indicio comprobado de que se hubiere cometido un delito, hecho que no es negado por el Ministro en su informe, al aceptar la realización del operativo sin un fin específico.
El hecho de ser detenido en horas de la noche por oficiales armados, que le señalaban que no podía irse del lugar sin que hubieren procedido a revisar el interior de su vehículo, constituye una vulneración inaceptable a los derechos de un ciudadano.
Si bien es cierto, de conformidad con la ley, la policía puede realizar controles para identificación de las personas, averiguación de la condición migratoria, control fiscal, trasiego de especies vegetales o animales, entre otros, conforme lo ha señalado esta Sala (sentencia 2002-10309 de las doce horas nueve minutos del veinticinco de octubre del dos mil dos) no es posible que estos operativos se realicen de una forma indiscriminada y mucho menos que se coaccione u obligue a las personas para que permitan el acceso al interior de su vehículo, sin que exista noticia criminis o indicios comprobados de la comisión de un delito.
Para proceder a la revisión del interior de un vehículo en este tipo de controles policiales, se requiere necesariamente del consentimiento libre y expreso del conductor, lo que implica que no puede ser coaccionado de forma alguna.
El artículo 190 del Código Procesal Penal es claro al señalar que el juez, el fiscal o la policía podrán registrar un vehículo, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito. La policía debe actuar conforme a protocolos específicos, donde se establezcan las condiciones, forma, presupuestos, etc. en que pueden realizarse controles como el que motivó este recurso.
La vigilancia en carretera no constituye una actuación ilegítima o arbitraria en sí misma, pero debe estar necesariamente relacionada con la investigación de un hecho delictivo y realizarse con criterios de razonabilidad, lo que implica que se ejecute tomando en consideración las circunstancias de cada caso en particular.
El hecho de detener, registrar u ordenar que una persona se baje del vehículo y proceder a registrarlo sin justificación alguna, como ocurrió en el caso bajo estudio, excede claramente las potestades policiales otorgadas por la Constitución Política. Las anteriores aseveraciones no implican en modo alguno desconocer las competencias otorgadas al Poder Ejecutivo, en el artículo 140 incisos 6 y 16 de la Constitución Política, para mantener el orden, seguridad, tranquilidad y paz social en el territorio nacional.
Por el contrario, cuando las normas, el orden público o los valores básicos de la convivencia social son vulnerados, es obligación del Estado activar los protocolos de seguridad establecidos para restablecer el orden, la paz social y la armonía, con las limitaciones que imponen el respeto a la dignidad humana y a los demás principios, derechos y garantías fundamentales.
La práctica indiscriminada de retenes policiales, sin razones objetivas concretas, culminan convirtiendo a la persona humana individualmente considerada, en mero instrumento de satisfacción de intereses colectivos, lo cual es inadmisible en un Estado democrático de derecho.
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martes, 7 de septiembre de 2010

SEÑALAN COMPETENCIA PARA CONOCER RÉGIMEN DE TRABAJOR TRANSNACIONAL

Resolución Fallo Sala Segunda


· Pago de trece salarios incluía, aunque no explícitamente, la cancelación de aguinaldo por parte de empresa transnacional.

Establecer la competencia que tienen los Tribunales Costarricenses para conocer reclamos específicos, dentro del régimen del trabajador transnacional, fue lo que señaló la Sala Segunda en la resolución 2010-000819.

En el caso en análisis, el trabajador solicitó la cancelación de una serie de extremos laborales no reconocidos, al término de la relación laboral con una transnacional y pese a que se cuestión la competencia de los jueces costarricenses para resolver aspectos puntuales en la demanda por el principio de territorialidad de la ley aplicable, el Alto Tribunal de Casación Laboral determinó que las autoridades judiciales si tienen la competencia para la resolución del proceso.

Parte de los razonamientos de los magistrados de la Sala Segunda se fundamentó en el artículo 46 del Código Procesal Civil que remite a la norma 452 del Código de Trabajo, que regula la competencia internacional y le concede al juez costarricense la competencia cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad estuviere domiciliado en Costa Rica y el caso en estudio, se encuentra una filial de la compañía transnacional, que figura como demandada.

“…por lo que los tribunales costarricenses sí tienen competencia para conocer de la petición correspondiente al plan de retiro, con independencia de cuál de todas las sociedades que componen ese grupo económico multinacional sea la encargada de administrar y efectuar los pagos atinentes a dicho programa, ya que para efectos laborales se trata de una entidad patronal única (el consorcio mundial en sí mismo considerado), alcanzándole responsabilidad solidaria por las obligaciones frente a los trabajadores a cada uno de sus integrantes con personería jurídica propia”, señaló la resolución de casación laboral, que resaltó la posibilidad de resolver también en lo referente al pago de bonos y aguinaldo.

Otro de los puntos que se destacaron en el fallo, fue el tema del pago de aguinaldos durante el tiempo laborado por el trabajador transnacional, quien cuestiona la ausencia del pago de aguinaldos, pues el salario se pagó de forma anual, dividiendo el monto en trece meses y a su criterio el aguinaldo no puede ser parte del salario.

Sobre este aspecto, se hizo referencia al reciente voto 2010-000279 dado por esta misma Sala, ante un caso similar en el que se indicó que “…En el caso concreto, aunque en la acción de personal no se haya establecido en forma expresa que se incluía el monto del aguinaldo, el comportamiento de las partes hace concluir que sí estaba contemplado en la suma pactada, al grado que desde la primera indicación del salario se hizo la rebaja correspondiente. El hecho de que esa circunstancia no constituya una práctica habitual en nuestro país y que no se estime adecuada a nuestro ordenamiento jurídico, no significa que la persona que juzga deba ignorar la realidad que se extrae de las probanzas y otorgar un derecho que ya fue pagado”.

La demanda la presentó un ingeniero agrónomo ante el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y contra la multinacional en la que trabajó, tanto en Costa Rica como en sus filiales a nivel internacional. Por lo que en el proceso solicitó que se condenara a la empresa demandada a cancelarle el plan de retiro, bonificaciones, aguinaldos, plan de continuación de salarios, intereses y ambas costas del proceso.
El Juzgado Laboral declaró sin lugar la demanda, sin embargo la sentencia se apeló ante el Tribunal de Trabajo que revocó parcialmente el fallo recurrido, declarándose con lugar la demanda en cuanto a los extremos de bonificaciones y aguinaldos.
El fallo se elevó ante la Sala Segunda, que finalmente revocó la sentencia recurrida y confirmó la de primera instancia que declaró sin lugar la demanda.
Para los magistrados de casación laboral, el pago de bonos es de naturaleza salarial, sin embargo se debe considerar que una empresa puede implementar un mecanismo de cumplimiento de metas que promueva el buen desempeño si su condición económica lo permite, pero si ésta se ve desmejorada o simplemente nuevos socios toman la decisión de no premiar la productividad, con en el caso en estudio, la compañía está en la facultad de modificar o eliminar el sistema sin que se conciba como un derecho adquirido para el trabajador.

En el caso del reclamo de los recursos por el plan de retiro, el Alto Órgano Judicial determinó que por este aspecto, la empresa creó una cláusula en la que se reservó la posibilidad de enmendar o eliminar el programa, incluso la opción de congelamiento, por lo que se consideró que la demandada también en este caso respetó cabalmente los derechos del trabajador, a la data de la suspensión del plan.

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viernes, 3 de septiembre de 2010

MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA SOLO PUEDE REALIZAR RETENES SI HAY NOTICIA CRIMINIS O INDICIO COMPROBADO

Por unanimidad, la Sala Constitucional declaró con lugar un hábeas corpus presentado contra el Ministerio de Seguridad Pública por realizar un operativo policial sin que mediara ningún hecho delictivo.

La Sala en pleno considera que procedimientos tales como retenes, solo se pueden ordenar si existe un indicio comprobado de haberse cometido un delito o noticia criminis, según lo establece el artículo 37 constitucional. También ordenó que debían abstenerse de incurrir nuevamente en esos hechos y deben crearse los protocolos correspondientes por parte el ministerio recurrido, si es que no los hay.

El recurrente de apellidos Rímolo Bolaños acusó que en el mes de agosto transitaba con su vehículo por el sector conocido como “El Descanso” en San Antonio de Escazú, lugar donde se realizaba el operativo policial y que la vía fue dividida con “conos” para detener los vehículos y revisarlos. Rímolo manifestó que los oficiales le indicaron que era un operativo de rutina de búsqueda de armas o drogas y que seguían órdenes del Ministerio recurrido. De esa manera, el recurrente accedió a la revisión, sin embargo considera que detenerlo sin que exista una orden de captura expedida por una autoridad judicial, violenta su libertad de tránsito, el debido proceso y la dignidad de la persona.

El hábeas corpus fue resuelto por medio de la sentencia 2010-14821 de las 08:54 horas del 03 de septiembre de 2010.-

Sala Constitucional

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miércoles, 1 de septiembre de 2010

Costa Rica deplora declaraciones del Presidente de Bolivia, Evo Morales.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
de la República de Costa Rica:
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En un reportaje de la agencia EFE, originado en La Paz, se atribuye al presidente Evo Morales haber declarado que “Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas, pero sus Fuerzas Armadas son las de Estados Unidos.”

Costa Rica deplora estas desafortunadas declaraciones que desconocen nuestra vocación civilista y revelan una falta de conocimiento de la historia costarricense. Nuestro país se ha distinguido por ser una sólida democracia y ha confiado la defensa de su soberanía en las instituciones y mecanismos del multilateralismo y del Derecho Internacional. Ello le ha permitido vivir sin ejército por más de 60 años.

Costa Rica respeta las decisiones de los demás países que desean mantener sus instituciones militares. Pero asimismo, exige respeto para el camino que soberanamente escogió y gracias al cual, pudo desarrollar y consolidar un estado social de derecho en beneficio de su población, y que se refleja en sus índices de desarrollo humano, ocupando un lugar de privilegio en el mundo. Comprensiblemente, muchos países cuyos gobiernos avalan la existencia de sus ejércitos optaron por una ruta distinta y no comparten la nuestra. Costa Rica seguirá manteniendo su decisión de no contar con un ejército y recurrir a la solidaridad de países amigos cuando lo requiera.

Nuestro país, en ejercicio de sus potestades soberanas, ha considerado necesario y apropiado establecer convenios de cooperación con varios países del mundo, a fin de que las grandes amenazas de hoy en día no socaven su seguridad y paz social, como lamentablemente está sucediendo en algunos países de nuestro Continente.

Finalmente, Costa Rica deplora estas declaraciones en momentos en los que la región está urgida, más que nunca, de construir un frente común ante los desafíos y peligros que nos afectan a todos, como la amenaza del narcotráfico, el crimen organizado o las catástrofes naturales, entre muchos otros.

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viernes, 27 de agosto de 2010

Celebración del Día de la Libertad de Expresión

El Colegio de Periodistas de Costa Rica
INVITA AL:
CONVERSATORIO
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN MEDIANTE LAS REDES SOCIALES


Día: Miércoles 1º de setiembre
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Colegio de Periodistas, Sabana este

Expositores:
Leonardo Garnier, Ministro de Educación Pública
Ana Cecilia Espinach, Periodista y Tutora del Periódico Estudiantil El Faro, Colegio Monterrey
José Rodolfo Ibarra, Periodista 2.0
Damián Arroyo, Editor web Vuelta en U


Moderador:
Rogelio Umaña, Administrador GorileoTV


Más información con Ghaudy Castillo al 2233-5850 ext 42

Finalizado el conversatorio compartiremos un cóctel


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jueves, 26 de agosto de 2010

RETRATOS IMAGINARIOS DE PABLO PICASSO SE EXHIBIRÁN EN ESCAZÚ




Picasso es considerado el pintor más genial del siglo XX.



  • Obra está conformada por 29 retratos y fueron pintados por el artista español en 1969cuando tenía 88 años.


  • Muestra itinerante pertenece a la Fundación Ortiz-Guardián y es posible gracias al patrocinio de Banco Promerica, con el apoyo de la Municipalidad de Escazú, entre otros.



La exhibición permanecerá abierta del 27 de agosto al 25 de octubre en Avenida Escazú


Agosto 2010. Un día cualquiera, Pablo Picasso recibió en su estudio de Mougins (Riviera Francesa) una serie de suministros que le llegaron protegidos por cartones corrugados. Al alinear los cartones a la pared, no pudo resistir el deseo de utilizarlos como lienzo. Así nacieron los “Retratos Imaginarios”, obra que se exhibirá en Avenida Escazú, Costa Rica del 27 de agosto al 25 de octubre.

La muestra está conformada por 29 retratos producto de su invención creadora los cuales fueron realizados con la técnica “a la aguada” (gouache), dibujados con colores puros, rasgos sueltos y un gran vigor, tomando en cuenta que al momento de su creación (1969) el artista tenía 88 años de edad.

Los “Retratos Imaginarios” de Picasso estarán exhibidos en Avenida Escazú, a partir de este viernes 27 de agosto, de lunes a domingo, de 9:30 a.m. a 7:30 p.m. La entrada es gratuita, pero se ubicarán alcancías en el recinto con el objetivo de recibir donaciones para el programa “Magiarte” de la Municipalidad de Escazú.
La muestra está diseñada de tal forma, que quienes la visiten puedan, además de admirar la obra, disfrutar de un video previo e interactuar con ella en un área didáctica.

La colección pertenece a la Fundación Ortiz-Guardián, organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo cultural de Nicaragua y principal gestora de la Bienal de Artes Visuales Nicaragüenses, la cual forma parte de la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano.

“Desde el año 2004 asumimos el compromiso de compartir con nuestros hermanos centroamericanos algunas de las colecciones del arte universal con que contamos, con el objetivo de contribuir con la cultura de la región”, indicó Rose Marie Murillo Karpinsky, de la Fundación.
De esta forma, la muestra de Picasso ya estuvo en el Museo de Arte Moderno Carlos Mérida, de Guatemala; en el Museo Arte MARTE, de El Salvador y en el 2011 viajará a Nicaragua, Honduras y Panamá.

El recorrido de los “Retratos Imaginarios” de Picasso por el istmo es posible gracias al patrocinio de Banco Promerica, en la región, entidad que en el año 2008 patrocinó también la muestra itinerante de la obra “La Odisea Ilustrada por Chagall”, también propiedad de la Fundación.

“Para nosotros es un gran orgullo poder aportar para la exhibición de esta obra tan relevante en Costa Rica. Como empresa estamos haciendo un esfuerzo por contribuir con la educación y la cultura de los costarricenses y centroamericanos”, dijo Elena Goldgewicht, Gerente de Banca de Personas y Mercadeo de Banco Promerica.

En Costa Rica, la exhibición cuenta además con el apoyo de la Municipalidad de Escazú y de la empresa Portafolio Inmobiliario.

Para el alcalde escazuceño, Marco Antonio Segura Seco "esta exposición pictórica universal marca un hito en la historia cultural de Escazú. Es una oportunidad única que los habitantes escazuceños tendrán, de apreciar aquí mismo en su cantón obras de renombre mundial que inspiran el arte y la cultura en una comunidad de por sí amante de estas corrientes".

Sylvia Casas, gerente de mercadeo de Portafolio Inmobiliario, empresa desarrolladora de Avenida Escazú, explicó que este proyecto, desde su inicio de operaciones en Diciembre del 2009 ha puesto especial énfasis en realizar eventos enfocados en el crecimiento educativo y cultural del país. “Para nosotros es un privilegio apoyar esta iniciativa que pone al alcance del público en general una colección de arte de uno de los pintores más destacados del siglo XX y sin duda será una exposición única en Costa Rica”, manifestó Casas.

La muestra de los “Retratos Imaginarios” de Picasso fue declarada de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura y de Interés Educativo por la cartera de Educación Pública.

Durante los dos meses que durará la muestra, se podrán realizar visitas guiadas y se le dará especial interés a que sea visitada por estudiantes de escuelas y colegios del país, con el objetivo de que conozcan y aprecien la obra de este prolífico artista.

Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, en 1881. Fue pintor, escultor, dibujante, grabador, ceramista. Demostró, durante toda su carrera, hasta su muerte en Mougins, en 1973, una gran capacidad para abordar tanto una inmensa diversidad de temas como de lenguajes.

“Picasso no es un artista con un estilo determinado sino más bien un creador que pasó toda su vida explorando nuevos universos estéticos”, afirma la Dra. María Dolores G. Torres, historiadora del arte e investigadora de la Fundación Ortiz-Guardián.


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