Defensoría fustiga incesante atropello estatal que atenta contra habitantes

Un total de 17.539 personas denunciaron al Estado por resistirse al cumplimiento de sus derechos en la prestación de los servicios públicos durante el periodo 2008-2009, según consta en las intervenciones recibidas en la Defensoría de los Habitantes.

En la mayoría de las denuncias se testimonia una creciente y sostenida “violencia estructural”, muchas de ellas violatorias de una política permanente de solidaridad nacional que atenta contra la justicia social. Los y las habitantes visualizan que la violencia no solo obedece a agresiones físicas o patrimoniales –entendida ésta como inseguridad ciudadana- sino también a acciones de maltrato que viven en la atención de la salud, el transporte público, vivienda, educación, combate a la pobreza y salarios que no compensan las alzas en los servicios, entre otros.

Habitantes que tienen dificultades en acceder a una cirugía, a un medicamento, a una atención especializada en los centros hospitalarios, el retraso en el otorgamiento de pensiones, problemas con el acceso a un recurso vital como lo es el agua potable, contratiempos para ser partícipe de los programas gubernamentales contra la pobreza, discriminación que se hace de la mujer embarazada en su trabajo, lentitud en la implementación de acciones que permitan prevenir y controlar los daños que los desastres naturales producen en las comunidades mediante planes de control de emergencias y de reconstrucción de las zonas afectadas.

A ello se suma situaciones tales como que el país no es capaz de producir lo que su población consume, no por el hecho de que no haya tierra, sino porque se han reducido los incentivos a los agricultores; la reducida capacidad económica de los habitantes para enfrentar el aumento de precio en los servicios básicos o de la canasta básica; la problemática en el consumo de drogas por parte de niños, niñas y adolescentes y, la violencia sistemática contra las mujeres que terminan muchas veces en su muerte.
A ello se suma los conflictos entre vecinos ocasionados por la instalación

de establecimientos que generan ruido, contaminación del ambiente, basureros a cielo abierto, la disposición de aguas negras sin el debido tratamiento y lentitud para que las instituciones estatales respondan en la atención de estos problemas.

“Las quejas que nos presentaron los y las habitantes en este periodo hablan de una violencia institucionalizada que pone en riesgo la credibilidad del sistema, y que debemos replantear como país para evitar que el acceso a los servicios, por ejemplo, deje de ser un calvario y se conviertan en una prestación satisfactoria que procura mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo hoy la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada Tristán, en la presentación del Cuarto Observatorio de Derechos Humanos, cuyo eje central fue el tema de la seguridad humana.

Para la Defensoría las poblaciones que están siendo más afectadas en el país con esta violencia estructural tienen rostro y se pueden identificar en los vecinos de un cantón que requieren de los servicios municipales, las personas adultas mayores, las personas menores de edad, las mujeres, los conductores, los agricultores, los asegurados, los consumidores, las personas con discapacidad, los indígenas y los trabajadores, principalmente.

“Personas adultas mayores y personas con discapacidad que lidian con un transporte público no accesible en su totalidad; mujeres que mueren a manos de sus compañeros y con medidas de protección que no garantizan su seguridad; conductores que transitan en carreteras colapsadas porque existe un divorcio entre la ciudad que quiere el municipio y la ciudad que visualiza el MOPT; consumidores expuestos a pagar más por el valor de productos debido a la presencia de una cadena de intermediarios que encarecen la comida y las medicinas; personas menores de edad adictos a la droga que requieren su desintoxicación y rehabilitación; población indígena que vive en un Estado poco solidario; y trabajadores que viven en estado de incertidumbre de cuanto van a perder el empleo o recibir un aumento salarial justo”, ejemplificó la Defensora de los Habitantes.

La Defensora sostuvo que el país debe verse desde la óptica de la Seguridad Humana, que es una visión más amplia, integral, centrada esencialmente en la personas y en la sociedad en general y no tanto en el Estado como aparato, como había sido por tradición.

“Debemos ir tras la seguridad que requiere el habitante en el empleo, el ingreso, la salud, el medio ambiente, la vivienda, la educación y la seguridad respecto al delito. Nos urge conversar y no atacar; nos urge educar y no destruir; nos urge el diálogo franco, la escucha activa y una actitud asertiva frente a la necesidad de cambios estructurales; nos urge correr la voz de los derechos humanos”, puntualizó Quesada Tristán.

Datos importantes
Del total de intervenciones recibidas durante el periodo 2008-2009 un 15% se relacionó con la gestión de los gobiernos locales. Del análisis por entidades queda claro que las Municipalidades son las que presentan mayor cantidad de quejas lo que muestra un alto malestar con la prestación de los servicios que brindan.

La segunda entidad más denunciada es la Caja Costarricense del Seguro Social, precisamente por otorgamiento de citas a plazos muy prolongados, faltante de medicamentos y saturación de los servicios. Otra entidad que muestra altos niveles de insatisfacción es el Ministerio de Educación Pública, dirigidas al tema del acceso, permanencia y calidad.

En cuanto al comportamiento de los derechos vulnerados, evidencia que los Derechos Económicos y Sociales muestran mayores grados de incumplimiento por parte del sector público, y, entre ellos, los que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y el derecho a la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

Cuadro con principales hechos violatorios con más denuncias

• Denegación, deficiencia o maltrato en la prestación del servicio de salud
  
• Dilación o negativa injustificada en trámites administrativos
• Atraso de pagos por indemnizaciones de seguro –conflicto que se suscitó entre Caja e Ins a finales del año anterior por problemas en el pago del seguro-
  
• Medidas administrativas arbitrarias por parte de autoridades penitenciarias –traslados sin cumplir de una cárcel a otra, quejas por falta de ubicación permanente en módulos, problemas con los traslados para atención médica, entre otras-
  
• No ejercicio del deber de fiscalización por parte de las Municipalidades
  
• Indebida disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales
  
• Contaminación atmosférica por sonido
  
• Atraso o disconformidad en el pago de pensiones
  
• Restringir o impedir el acceso a la seguridad social
  
• Negación, retraso injustificado en la expedición de documentación personal –trámites para naturalización, renovación de cédula de residencia, tiempo prolongados para atención de trámite, entre otros-