Municipalidad consolida fuertes acciones para protección ambiental en Escazú

• Tribunal y Juzgado penales programan dos juicios por invasión a zona protegida
  
• Involucrados podrían enfrentar hasta tres años de cárcel

08 julio.- En una acción consistente con los principios de protección y gestión ambiental de la Municipalidad de Escazú, el Proceso de Asuntos Jurídicos de este gobierno local logró que tanto el Tribunal Penal del III Circuito Judicial de San José, como el Juzgado Penal de Pavas, elevaran a juicio dos procesos en contra de personas y empresas acusadas de “Invasión a la Zona de Protección Ambiental”.

El primer caso se trata de un gimnasio propiedad de extranjeros residentes en Costa Rica, que se ubica cerca de la Paco carretera a Santa Ana, y que la Municipalidad detectó trasgrediendo la normativa ambiental al construir en zona protegida, afectando la Quebrada Yeguas. Por esta razón el Municipio de Escazú lo denunció ante el Ministerio Público que a su vez presentó formal acusación, acciones que consideró válidas el Juzgado Penal de Pavas para elevarlo a juicio. Este caso se ventilará en fecha por definir en los próximos días, en el Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial.

El segundo caso se trata de otra invasión a la zona de protección ambiental, una construcción que afecta a la Quebrada Quebradilla en San Rafael de Escazú. El Tribunal Penal de Pavas notificó ya las fechas y horas del juicio que iniciará el 28 de febrero del 2011 a las 8 y 30 am. De ser hallados culpables, los propietarios registrales y representantes de las sociedades anónimas podrían enfrentar penas que van de los tres meses hasta los tres años de prisión, y en caso de darse la ejecución condicional de la pena, se extendería hasta los cinco años, en ese lapso otro delito penal podría llevarlos a la cárcel de inmediato para cumplir penas por ambos delitos.

“De ahí la relevancia de este tipo de procesos judiciales ambientales, es muy importante que no se minimice el peso de estos juicios pues pueden ser muy penosos para los infractores, se les manchará su récord judicial y podrían ir a prisión. Los delitos ambientales son delitos y como tal se pagan con cárcel” dijo el Director de Asuntos Jurídicos Francisco Cháves.

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