TRAMO A CALDERA DEBE GARANTIZAR SEGURIDAD A PEATONES

Fallo de Sala Constitucional declara parcialmente con lugar

recurso de amparo

· Dan tres meses para mejorar carretera a Caldera

· Amparado señaló ausencia de aceras, rampas y demarcación de calles en trayecto cercano a barrio Los Ángeles de Brasil de Santa Ana y vía de Orotina a Piedades.

Procurar la seguridad vial de las personas que transita por la nueva carretera a Caldera, en un tramo que pasa por zonas de Santa Ana, fue lo que llevó a un vecino a acudir ante la Sala Constitucional para garantizar las acciones viales respectivas.

El recurso de amparo fue declarado parcialmente con lugar y estableció un plazo para que las autoridades respectivas realicen las acciones tendientes a mejorar y resguardar la seguridad de los peatones.

“Se declara parcialmente con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Pedro Luis Castro Fernández en calidad de Viceministro de Obras Públicas y Transportes, o a quien en su lugar ocupe ese cargo, que en el plazo máximo de TRES MESES proceda a tomar y ejecutar las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad a los peatones que habitan en el barrio Los Ángeles de Brasil de Santa Ana, seguridad que implica la construcción de una acera que comunique el puente con la vía hacia la Escuela Brasil y la colocación de un semáforo peatonal en la vía de acceso desde Orotina hacia Piedades”, resolvió la sentencia 2010-7022.

Un hombre de apellidos Carballo Pérez fue quien presentó el recurso de amparo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por considerar que la nueva carretera a Caldera ha generado una seria de perjuicios a los vecinos de Barrio Los Angeles de Brasil de Santa Ana y el acceso desde Orotina hacia Piedades.

Alegó que existe una calle asfaltada que carece de aceras, rampas, un paso peatonal, semáforos y puente, que obliga a las personas que caminan por la zona a cruzar la carretera de tres carriles, para llegar a la parada de bus, lo que sin duda es un riesgo constante para los vecinos.

De esta manera, la resolución constitucional estableció un plazo de tres meses para emprender los trabajos tendientes a mejorar la seguridad vial en las zonas indicadas de esta nueva vía.