jueves, 21 de julio de 2011
martes, 7 de junio de 2011
Curso Herramientas Web 2.0, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías
ATENCIÓN MATRÍCULA EXTENDIDA*:
I-Com de Costa Rica
martes, 31 de mayo de 2011
jueves, 19 de mayo de 2011
URGENTÍSIMO...
Mexicanos serán liberados porque Juzgado Penal de Pavas ordenó ejecutar la resolución de la Jueza del Tribunal Superior de pavas no por fallo de Sala Constitucional, el Habeas corpus presentado ayer por este asuntos apenas se esta notificando.
La Ejecución de la resolución del pasado 10 de mayo del Tribunal Superior de Pavas, se vio suspendida porque estas personas no contaban con domicilio, pero hoy en horas del mañana el Juzgado recibió el documento donde se certifica que ya cuenta con un lugar donde habitar, cumpliendo así con todas las medidas cautelares que se les impusieron, por lo que el Juez Penal de Pavas ordenó ejecutar la resolución en mención a la vez ordenó al Ministerio de Seguridad Publica brindar la respectiva custodia.Reitero ordenó ejecutar la resolución del Tribunal, no es que está dando una nueva resolución
Como indiqué efectivamente ayer el abogado defensor de estos dos mexicanos presentó un recurso de habeas corpus, reitero de habeas corpus, no de amparo, ante la Sala Constitucional, el cual apenas se esta notificando.
La Sala Constitucional no ha resuelto absolutamente nada en relación con este hecho.
Licda. María Isabel Hernández Guzmán
Jefa, Depto Prensa y Comunicación
Poder Judicial
martes, 3 de mayo de 2011
viernes, 1 de abril de 2011
Usuarios recibirán compensación por interrupción de servicios
- Aplica a usuarios del ICE, Racsa y Amnet
Usuarios de telecomunicaciones recibirán más de ¢390 millones de compensación económica por la interrupción sufrida en distintos servicios, de acuerdo con los estudios realizados por la SUTEL.
Más de 1.300.000 usuarios se vieron afectados en distintas ocasiones por la interrupción de servicios de telefonía móvil o Internet, que brindan varios operadores. La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) autorizó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense (Racsa) y a Amnet a proceder a restituir montos a cada usuario que fue afectado por interrupciones en la operación de los servicios.
Según el Reglamento de Prestación de Calidad los usuarios tienen derecho a recibir una compensación económica por el tiempo que se mantuvo inhabilitado el servicio. Los operadores están obligados a realizar los ajustes y la SUTEL valida que se cumpla con esta disposición.
En el caso de la suspensión de servicios por parte del ICE, en el mes de octubre del 2010, la autorización de la compensación se atrasó por demoras en la entrega de información por parte del operador, así como errores en la forma de calcular los ajustes, lo que incidió luego en un monto mayor de compensación para los usuarios.
Este dinero deberá reconocerse en la próxima facturación a los clientes de cada una de las empresas operadoras.
jueves, 31 de marzo de 2011
ARESEP aprobó ajuste en pasajes del tren
- Se aplicará exoneración a adultos mayores en todas las rutas
- Tarifa a Belén será de ¢330
La Autoridad Reguladora aprobó nuevas tarifas para el servicio de tren metropolitano de pasajeros y los adultos mayores recibirán una exoneración del 100% en el pago del pasaje. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) presentó una solicitud de ajuste en las rutas Curridabat – Pavas, San Pedro – Heredia y la fijación para la nueva ruta San José – San Antonio de Belén.
Se establecieron tarifas para el fraccionamiento Indoor Club – Universidad Latina – Metropóli III, Pavas en ¢440 (el precio vigente es de ¢400 entre Universidad Latina y Metrópoli) y para el fraccionamiento Indoor Club – Universidad Latina – Estación del Pacífico en ¢220 (el precio actual es de ¢200 para el recorrido Universidad Latina y Estación del Pacífico). Para el recorrido Heredia – San Pedro, se amplió hasta la Universidad Latina, lo que generó una tarifa de ¢380 (actualmente el recorrido es entre Heredia y la Estación del Atlántico con un costo de ¢350).
El ajuste tarifario considera las variables de tipo de cambio, salarios, combustibles, canon de ARESEP, póliza del INS y factor de desarrollo para el INCOFER.
De acuerdo con la información suministrada por el INCOFER, entre diciembre del 2009 a noviembre 2010, utilizaron este servicio un total de 68.251 pasajeros/ mes en el recorrido de Curridabat – Pavas y de 84.884 pasajeros/mes en el de Heredia – San Pedro.
El trayecto entre Curridabat – San Pedro – Pavas recorre un total de 16,63 km; entre San Pedro - San José - Heredia la distancia es de 13,23 km; y para el recorrido San José – San Antonio de Belén la distancia es de 14,40 km, por lo que la exoneración a adultos mayores de 65 años se aplicará en todos los recorridos.
La resolución se remitió hoy para ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta y entrará a regir al día natural siguiente a su publicación.
miércoles, 23 de marzo de 2011
Encuesta: ¿Cual será el primer grafiti en paredes externas o internas del nuevo Estadio Nacional?
Considerando la malicia indígena costarricense, como decía Parmenio, y que algunos no soportarán la tentación, sumado a algunos desamores deportivos y políticos, me he preguntado, ¿Cual será el primer grafiti que escribirán sobre las lindas, limpias, y recién pintadas paredes internas o externas del nuevo Estadio Nacional?
Bueno para ser consecuente les dejo la bola pincando en área de penal y sin portero:
Bueno para ser consecuente les dejo la bola pincando en área de penal y sin portero:
domingo, 6 de marzo de 2011
Respuesta de Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
San José, 5 de marzo de 2010
Presidenta de la República
San José, 5 de marzo de 2010
Excelentísimo señor Presidente:
Agradezco que, tras varios días de guardar silencio, haya al fin declarado oficialmente, en la carta que me dirigió este sábado 5 de marzo, que su Gobierno respetará la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas provisionales solicitadas a ese órgano por Costa Rica, ante la agresión a nuestro territorio ejecutada por fuerzas militares bajo su mando.
Esa acción arbitraria, la destrucción ambiental a que ha conducido, el desdén de su Gobierno por la verdad de los hechos y su reiterada negativa a un arreglo a la crisis, dentro de los parámetros del diálogo, el derecho internacional, los organismos multilaterales, el respeto mutuo y la integridad territorial, ha producido justificada inquietud e indignación entre los costarricenses.
Aún así, como lo pueden testimoniar los centenares de miles de hermanos nicaragüenses que conviven con nosotros ante la carencia de oportunidades en su país, nada ha alterado la hermandad entre nuestros pueblos. Nuestras manos, las de los costarricenses y nicaragüenses, siguen unidas, a pesar de que las políticas de su Gobierno han pretendido separarlas. De allí que el deterioro en nuestras relaciones políticas oficiales haya sido inevitable. Pero aún, presidente
Ortega, podemos repáralas mediante una actitud constructiva, respetuosa y ajena a cualquier
oportunismo político interno.
oportunismo político interno.
Fue en este espíritu que, en mi condición de Presidenta libremente elegida de Costa Rica, le expresé a usted mi voluntad de proceder a desarrollar una relación propositiva, transparente y caracterizada por la buena fe con el gobierno que usted preside. Desde el momento mismo de la visita que efectué a Managua como Presidenta electa, le confirmé mi firme disposición de avanzar junto a los nicaragüenses en la lucha por el desarrollo y el progreso en libertad, así como en acometer una gestión conjunta en el manejo de la amplia agenda bilateral.
Lamentablemente, a los pocos meses de ejercer la Presidencia comencé a recibir señales negativas de parte de su gobierno. Esta política llegó a su culminación el pasado mes de octubre cuando las tropas nicaragüenses violentaron la soberanía territorial de mi país al invadir y ocupar el suelo nacional, ocupación ilegal que se mantiene a la fecha, irrespetando e ignorando los tratados y laudos vigentes desde hace más de 150 años. Esta situación, ha sumido a nuestras dos naciones en un onflicto, que de no ser por la actitud costarricense, pudo haber ocasionado la perdida de vidas humanas nicaragüenses y costarricenses.
Somos un país que arregla sus diferencias con el derecho internacional, en el marco de los organismos creados para ello. Tuvo Usted la oportunidad de demostrarle al mundo una actitud diferente, pero optó por mantener la invasión y la destrucción ambiental de nuestro territorio.
El 4 de marzo, nuestra Cancillería convocó al embajador Harold Rivas para ponerlo al tanto de las medidas que hemos tomado para resguardar las representaciones diplomática y consulares de Nicaragua en nuestro país. Es parte de las bligaciones que tenemos como gobierno responsable y respetuoso de los compromisos internacionales. Lamento, pero no me sorprende, que usted haya
tergiversado ese mensaje.
tergiversado ese mensaje.
El próximo martes, esperaremos con serenidad la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Lo haré junto a mi pueblo, que me eligió libremente y al que debo rendir cuentas cada día, con transparencia y serenidad, como corresponde en toda democracia.
Espero que, tras esa decisión, y sobre la base de la buena fe y el cumplimiento de las resoluciones del alto tribunal, podamos abrir el camino para un proceso de normalización de nuestras relaciones. La ayuda de países amigos, como México y Guatemala, será determinante en esa tarea. Lamento que, debido a su negativa de recibir a sus cancilleres en días recientes, así como a un grupo de representantes del Parlamento Europeo, se haya frustrado la posibilidad de una primera gestión en nuestras capitales.
Espero que, a futuro, su conducta sea consecuente con las palabras de su carta. Si es así, señor Presidente, podremos reunirnos, sin dobleces ni afanes manipuladores, con un solo objetivo: el bienestar, la democracia, el respeto el derecho y la convivencia pacífica entre nuestros pueblos.
Excelentísimo señor
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Managua, Nicaragua
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Managua, Nicaragua
viernes, 4 de marzo de 2011
jueves, 17 de febrero de 2011
SUTEL autoriza desconexión de TDMA
Exige cumplimiento de avisos a usuarios
La red TDMA será desconectada a partir del 3 de marzo, de acuerdo con la autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), siempre y cuando el ICE cumpla con informar debidamente a sus clientes.
La tecnología TDMA es totalmente obsoleta, por lo que en el mercado no se disponen de repuestos para los equipos de la red ni terminales de usuario.
Considerando esta obsolescencia, desde abril del 2010, la SUTEL advirtió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de Prestación y Calidad de Servicio, debía informar las alternativas de migración a los usuarios de TDMA, brindar los terminales respectivos sin costos adicionales para los clientes y comunicar con la debida anticipación las fecha de desconexión de la red.
La desconexión de TDMA está sujeta a que el ICE informe a los usuarios la desconexión de la red y las alternativas que ofrece de terminales sin costo adicional, a través de:
Publicaciones en dos medios de comunicación escrita y dos televisivos (al menos 5 veces en cada medio).
Mensajes de texto (SMS) a cada uno de los clientes activos de TDMA.
Rendir informe de cumplimiento de lo anterior ante la SUTEL.
Los usuarios que no hayan migrado dentro del lapso conferido, verán interrumpido su servicio, sin derecho a compensaciones.
La red TDMA será desconectada a partir del 3 de marzo, de acuerdo con la autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), siempre y cuando el ICE cumpla con informar debidamente a sus clientes.
La tecnología TDMA es totalmente obsoleta, por lo que en el mercado no se disponen de repuestos para los equipos de la red ni terminales de usuario.
Considerando esta obsolescencia, desde abril del 2010, la SUTEL advirtió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento de Prestación y Calidad de Servicio, debía informar las alternativas de migración a los usuarios de TDMA, brindar los terminales respectivos sin costos adicionales para los clientes y comunicar con la debida anticipación las fecha de desconexión de la red.
La desconexión de TDMA está sujeta a que el ICE informe a los usuarios la desconexión de la red y las alternativas que ofrece de terminales sin costo adicional, a través de:
Publicaciones en dos medios de comunicación escrita y dos televisivos (al menos 5 veces en cada medio).
Mensajes de texto (SMS) a cada uno de los clientes activos de TDMA.
Rendir informe de cumplimiento de lo anterior ante la SUTEL.
Los usuarios que no hayan migrado dentro del lapso conferido, verán interrumpido su servicio, sin derecho a compensaciones.
viernes, 11 de febrero de 2011
Intervención de Costa Rica ante el Consejo de Seguridad
“Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales:
interdependencia entre seguridad y desarrollo”
S.E. René Castro Salazar, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
65º período de sesiones de la Asamblea General
Nueva York, 11 de febrero de 2011
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Señor Presidente:
Me es muy grato saludarlo en nombre de Costa Rica y agradecer a Brasil la convocatoria a este debate. Mi país celebra esta iniciativa, reflejo del liderazgo internacional de Brasil y de su acertada contribución a las discusiones globales.
Este debate testimonia la voluntad del Consejo de Seguridad y de su Presidencia de impulsar el trabajo integral en los tres pilares de las Naciones Unidas, sin que ello signifique desviarse de los mandatos fundamentales de este órgano en materias de paz y seguridad internacionales. También destaco las vinculaciones del tema que hoy nos ocupa con el debate sobre la construcción institucional como vía para consolidar la paz, que se efectuó el 21 de enero por iniciativa de Bosnia Herzegovina.
Todo lo anterior es consecuente con nuestro compromiso con la seguridad humana. Por ello, nos adherimos al discurso que, a nombre de la Red de Seguridad Humana, pronunciará el Representante Permanente de Tailandia, Embajador Norachit Sinhaseni.
Señor Presidente:
Costa Rica está convencida de que un mejor abordaje de los desafíos del desarrollo genera seguridad; también, de que un abordaje más balanceado y civilista de la seguridad genera desarrollo.
Los problemas más urgentes relacionados con la violencia y la inseguridad germinan con más facilidad, y se vuelven especialmente inmanejables en países y regiones con una elevada falta de oportunidades, en especial cuando amplios sectores de la juventud carecen de proyectos de vida digna. Problemas como la piratería en varias zonas del Océano Índico, o el reclutamiento de jóvenes en violentas pandillas ligadas al narcotráfico en algunos países de América Latina son, en gran medida, consecuencia de esa ausencia de opciones. Conflictos por recursos naturales básicos para la supervivencia, como el agua, o generadores de riqueza fácil, como el petróleo, se han visto exacerbados por inadecuadas estrategias nacionales o regionales de desarrollo, que no responden a las aspiraciones y necesidades de los pueblos.
También la falta de una sólida institucionalidad democrática, el irrespeto a los derechos civiles y políticos, las distorsiones en las prioridades nacionales y la debilidad en la conexión entre gobernantes y gobernados obstaculizan el desarrollo, producen inseguridad e incuban conflictos que pueden tener repercusiones globales. Una reflexión y acción integrales sobre el nexo entre desarrollo y seguridad, por tanto, debe incorporar también componentes de estado de Derecho, mejora institucional, cultura de tolerancia y prácticas democráticas.
Señor Presidente:
Los problemas de desarrollo y seguridad en el mundo subdesarrollado son acuciantes, pero sus ingredientes no solo son autóctonos. Una buena parte de las armas que allí matan o mutilan a inocentes, cimentan la violencia y multiplican los conflictos, son fabricadas en países desarrollados, incluso con instituciones democráticas de larga data y gobiernos con un alto nivel de probidad. Algunos de esos países también constituyen los principales mercados de la droga y generadores del blanqueo de capitales; otros ponen en práctica políticas migratorias que a menudo estimulan la trata de personas.
Al mencionar lo anterior, no pretendo trasladar culpas. Costa Rica postula que la responsabilidad principal de nuestros éxitos o fracasos está en nosotros mismos. Pero sí estamos convencidos de que para arraigar la seguridad hay que fomentar el desarrollo, la gobernabilidad y un abordaje integral de los conflictos, y que todo esto demanda mayor coordinación global, mejores instrumentos legales y una más depurada acción multilateral.
Para lograrlo, las Naciones Unidas debe emprender múltiples cursos de acción. Menciono algunos: trabajar tanto en la diplomacia como en el desarrollo preventivos; avanzar desde los procesos de paz hacia los procesos de desarrollo, incluido el institucional; generar misiones integradas y multidimensionales; involucrar orgánicamente a la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, y trabajar seriamente en las políticas de desarme y control bélico. No menos importantes son los esfuerzos en pro de la sostenibilidad del desarrollo, con clara dimensión humana.
En algunas de estas tareas, el Consejo de Seguridad tiene mandatos y recursos muy claros y ha emitido declaraciones de gran importancia; en otras, las responsabilidades y acciones corresponden a instancias que van desde la Asamblea General o la Secretaría General hasta los organismos especializados. Y también debemos considerar el aporte de entidades que trascienden el marco de las Naciones Unidas.
Insto respetuosamente a que el Consejo de Seguridad no abandone el esfuerzo de colaborar activamente en forjar las mejores estrategias a largo plazo en seguridad y desarrollo y velar por su cumplimiento en el terreno. Pero el deber de impulsar los tres pilares de la organización nos corresponde a todos los Estados miembros.
Señor Presidente:
Durante los últimos diez años, los gastos militares globales crecieron un 45%, hasta la extravagante suma de $1.531 trillones de dólares en 2009. Si un 10% de esos recursos se hubiera dedicado a impulsar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estaríamos muy cerca de su cumplimiento. De aquí la insistencia de Costa Rica en propósitos como la negociación y adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas.
El interés de mi país en los instrumentos internacionales a favor de la paz y el desarme deriva de una considerable experiencia sobre la estrecha interdependencia entre seguridad y desarrollo. Cuando, hace 62 años, Costa Rica abolió el ejército como institución permanente y destinó la mayor parte de los recursos gubernamentales al bienestar ciudadano, puso en práctica un paradigma de seguridad ligado al desarrollo.
Nuestro sistema de seguridad se basa en dos columnas fundamentales. En el ámbito interno, se cimenta en la cohesión social y un pacto implícito de adhesión colectiva a la democracia, los derechos humanos, las oportunidades, el desarrollo sostenible y la generación de capacidades. La seguridad exterior la hemos confiado al Derecho Internacional, en particular a los sistemas de seguridad colectiva y los tribunales internacionales.
Este paradigma ha generado importantes avances en desarrollo humano, dentro de un marco de paz y democracia. Nada nos apartará de esta vía, que en la actualidad pasa por una dura prueba. Hace poco más de cien días, nuestro país sufrió una intervención armada de Nicaragua, que se anexó unilateralmente una parte del territorio costarricense. Aunque, por nuestra iniciativa, el caso está pendiente ante la Corte Internacional de Justicia, el ocupante reformuló sus mapas “oficiales” e incluyó como propio el territorio ocupado.
Ante este grave caso, Costa Rica ha mantenido su sensatez y su fe en el Derecho Internacional y el sistema multilateral. Confiamos en su eficacia y en la solidaridad internacional para frenar la agresión y proteger la paz de Centroamérica. Si la seguridad internacional no encuentra su cimiento en el respeto al Derecho, solo puede estar basada en el equilibrio de la fuerza, tan frágil para la paz como estéril para el desarrollo y bienestar de los pueblos.
Señor Presidente:
Sabemos que las experiencias históricas locales, como las de Costa Rica, no implican fórmulas universales, pero así como una mejor consideración de los desafíos del desarrollo genera seguridad, un nuevo paradigma de seguridad generará desarrollo. La Presidenta de Brasil, Dilma Rouseff expresó, con ocasión de su Compromiso Constitucional: “El ser humano no es solamente realización práctica, sino sueño; no es solamente cautela racional, sino coraje, invención y osadía”. Seamos, pues, esos osados e inventivos soñadores, capaces de actuar y ser protagonistas históricos del cambio en pro de mayor desarrollo y paz.
Muchas gracias.
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Mr. President:
I would like to begin by expressing my sincere appreciation to Brazil for convening this open debate of the Security Council. Costa Rica celebrates this initiative, which reflects Brazilian international leadership and its wise contributions to global dialogue.
This debate is a testament to the will of the Council and its Presidency to promote a holistic approach to the three pillars of the United Nations, without implying a departure from the Security Council’s fundamental mandates to maintain international peace and security. I would also like to highlight the links of today’s theme with the debate on institution-building as a means for consolidating peace hold on January 21, thanks to the initiative of Bosnia Herzegovina.
All of the above is consistent with of our commitment to human security. With this in mind, we adhere to the statement that, on behalf of the Human Security Network, will be delivered by the Permanent Representative of Thailand, Ambassador Norachit Sinhaseni.
Mr. President:
Costa Rica is convinced that a better approach to the challenges of development generates greater security; also, that a more balanced and civilian-oriented approach to security generates development.
The most urgent problems related to violence and insecurity more easily take root, and grow especially intractable, in countries and regions with pronounced lack of opportunities, where large sectors of the young population are denied the hope of a dignified life. Problems like the piracy in many areas of the Indian Ocean, or the recruitment of young people into violent gangs linked to drug trafficking in some Latin American countries are, in great measure, consequence of this lack of options. Conflicts over the basic natural resources required for survival, like water, and those that generate easy riches, such as oil, have been exacerbated because of inadequate national and regional development strategies, that do not exist or do not respond to the hopes and needs of the people.
Furthermore, the lack of solid democratic institutions, the disrespect of civil and political rights, the distortion of national priorities and the weak connection between those who govern and those who are governed, hinder development, produce insecurity and nurture conflicts that may have global repercussions. Comprehensive reflection and action in response to the intersection between development and security, therefore, should also include the principles of the Rule of Law, institution-building, a culture of tolerance and democratic practices.
Mr. President,
The problems of development and security in the developing world are stunning, but their ingredients are not solely native. A large part of the arms that kill and mutilate innocents, reinforce violence and multiply the dimensions of conflict in those countries, are manufactured in developed countries, including some with long-standing democratic institutions and governments characterized by a high level of probity. Some of those countries also serve as primary markets for drugs and facilitators of money laundering; others practice immigration policies that often encourage human trafficking.
This is not a matter of shifting blame. Costa Rica maintains that the primary responsibility for our successes and failures is no one else’s, but our own. But we are convinced that in order for security to take root, we must promote development, governability and a comprehensive approach to conflicts. And all of this also demands greater global coordination, stronger legal instruments, and more focused multilateral action.
From the United Nations, the possible courses of action are many. I mention a few: to work via preventive diplomacy and preventive development; to advance from peace processes towards developmental processes, including that of institutions; to create integrated and multidimensional missions; to ensure the organic involvement of civil society and non-governmental organizations, and to work seriously on policies of disarmament and arms control. No less important are the efforts in favor of sustainable development, with clear human components.
In some of these areas of work, the Security Council has a very clear mandate and resources; furthermore, it has already issued very important declarations. In other cases, the responsibilities and tasks pertain to instances ranging from the General Assembly or the General Secretariat, to specialized organisms. And we must also bear in mind the contributions of regional and specialized entities that transcend the framework of the United Nations.
I respectfully urge that the Security Council does not abandon its efforts to collaborate actively in forging the best strategies, with a long term perspective, on security and development, and to oversee their enforcement on the ground. But the duty to promote the three pillars of this organization is a responsibility shares by all Member states.
Mr. President:
During the last ten years, worldwide military expenditures increased by 45,% to reach the extravagant sum of $1.531 trillion dollars in 2009. If a mere 10% of those resources were dedicated to the attainment of the Millennium Development Goals, we would be very close to reaching them. It is from these realities that Costa Rica derives its insistence upon the negotiation and adoption of instruments such as an Arms Trade Treaty.
My country’s interest in international peace and disarmament instruments stems from its considerable experience of the close interdependence between security and development. When, 62 years ago, we abolished our armed forces and freed growing resources to be invested in the welfare of our citizens, Costa Rica put in practice a security paradigm linked to development.
Our security system is based on two fundamental columns. Internally, it rests upon social cohesion and an implicit pact of collective adhesion to democracy, human rights, opportunities, sustainable development and capacity-building. Our external security has been entrusted to International Law, particularly collective security mechanisms and the international courts.
This paradigm has produced important advances in human development, within a framework of peace and democracy. Nothing will deviate us from this path, which is now experiencing a particularlly hard trial. A little bit more than a hundred days ago, our country suffered an armed intervention by Nicaragua, which unilaterally annexed a section of Costa Rican territory. And although the case is still pending before the International Court of Justice, the occupying country recently reformulated its “official” maps, and included the occupied Costa Rican territory as its own.
In the face of these arbitrary actions, Costa Rica has maintained its good sense, as well as its faith in International Law and in the multilateral system. We trust their efficacy and the solidarity of the international community to put a stop to this aggression and thus protect peace in Central America. If international security does not lay its foundations in the respect of international law, it can only be based on a balancing of force, a basis as fragile for peace as it is sterile for development and the wellbeing of our peoples.
Mr. President:
We know that local historical experiences, like those of Costa Rica, do not imply universal formulas, but just as a greater consideration for the challenges of development strengthens security, so too a new security paradigm can generate development.
The President of Brazil, Dilma Rouseff, said on her Inauguration: “The human being is not merely a practical invention, but a dream; it is not only rational caution, but courage, invention and daring”. Let us be, then, these daring and inventive dreamers, able to act and to be historical protagonists of change.
Thank you very much.
martes, 25 de enero de 2011
EL DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES SAGRADO
El jueves 20 de enero del 2011, el Colegio de Periodistas presentó ante la Sala Constitucional del Poder Judicial una Coadyuvancia Activa en apoyo al Semanario El Financiero.
Ese Semanario recientemente presentó un Recurso de Amparo por la violación al derecho a la información y libre expresión por parte del Ministerio de Trabajo quien negó la lista de patronos que han sido catalogados como infractores del pago del salario mínimo de agosto a diciembre del 2010, datos recopilados durante la "Campaña Nacional de Salarios Mínimos".
El Colegio Periodistas, con interés legítimo, dentro de las potestades y facultades que la Ley de su creación le otorga, de respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva, defender los profesionales en comunicación y contribuir a perfeccionar el régimen republicano y democrático, presentó la acción.
El Colegio de Periodistas interpone esta acción en aras de sopesar y levantar con mayor fuerza el recurso presentado por El Financiero, dentro de su compromiso de que la libre expresión y el acceso a la información son derechos sagrados para los profesionales en comunicación.
Información con Juan José Arce Vargas. Comunicación y Capacitación COLPER. Teléfono 2233-5850 Ext. 36.
martes, 18 de enero de 2011
Aumento en Combustibles
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó el primer ajuste en el precio de los combustibles para el 2011.
Se aplicó la metodología extraordinaria en la cual se toman las variaciones de precio que sufrieron los productos terminados en el mercado internacional entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre de 2010 y la devaluación del colón con respecto al dólar al 9 de diciembre (¢507,57/US$).
La gasolina Súper tendrá un aumento de ¢7 por litro; la Plus subirá ¢17 y el diésel ¢2 por litro, mientras que el litro de Gas Licuado de Petróleo aumentará ¢1.
Los cambios de precio en los combustibles regirán a partir de la media noche del 25 de enero, fecha en que se publicaría la resolución en el diario oficial La Gaceta.
PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO
(colones por litro)
Gasolina súper (1)
De: ¢601,00 a 608,00
Aumento: 7,00
Se aplicó la metodología extraordinaria en la cual se toman las variaciones de precio que sufrieron los productos terminados en el mercado internacional entre el 25 de noviembre y el 9 de diciembre de 2010 y la devaluación del colón con respecto al dólar al 9 de diciembre (¢507,57/US$).
La gasolina Súper tendrá un aumento de ¢7 por litro; la Plus subirá ¢17 y el diésel ¢2 por litro, mientras que el litro de Gas Licuado de Petróleo aumentará ¢1.
Los cambios de precio en los combustibles regirán a partir de la media noche del 25 de enero, fecha en que se publicaría la resolución en el diario oficial La Gaceta.
PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO
(colones por litro)
Gasolina súper (1)
De: ¢601,00 a 608,00
Aumento: 7,00
Gasolina Plus 91 (1)
De: 573,00 a 590,00
Aumento de: 17,00
De: 573,00 a 590,00
Aumento de: 17,00
Diésel 0,05% S (1)
De: 525,00 a 527,00
Aumento de: 2,00
De: 525,00 a 527,00
Aumento de: 2,00
jueves, 13 de enero de 2011
Exposición del Agente de Costa Rica, Edgar Ugalde, en la segunda ronda de exposiciones orales ante la Corte Internacional de Justicia
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores jueces: una vez más me honro en comparecer ante esta Honorable Corte.
Señor Presidente, ayer fuimos testigos de otra singular respuesta nicaragüense a los legítimos reclamos de mi país en relación a la conducta de Nicaragua. El recurso a la descalificación fue constante en la tarde de ayer.
En ese sentido, ayer no se dijo a la verdad, cuando se afirmó que la navegación de un buque de guerra en 1884, condujo al arbitraje del Presidente Grover Cleveland. A dicho arbitraje se llegó, como esta Corte lo sabe bien, porque Nicaragua, 14 años después de haber firmado el Tratado Cañas-Jerez en 1858, decidió desconocerlo. Eso queda claro con solamente leer el artículo i del Laudo Cleveland.
Tampoco se dijo la verdad, cuando se afirma que cien años más tarde, al hablarse de un canal interoceánico, Costa Rica decidió navegar con sus guardias civiles el río San Juan. tal afirmación, no resiste el menor análisis, y esta Corte es también testigo de ello.
Se vuelve a hacer una afirmación sin fundamento, al manifestar que la incursión, ocupación y uso por parte de Nicaragua de territorio costarricense, dan motivo a Costa Rica para iniciar un escándalo internacional. Nicaragua nos hace creer que tiene prerrogativas únicas para penetrar en territorios de Estados vecinos, causar daños, irrespetar resoluciones de órganos internacionales, y aun así, no contraer ningún tipo de responsabilidad internacional.
Temas recurrentes, como la obsesión por presentar a Costa Rica como un país militar, que tiene un elevado presupuesto militar, es parte del libreto de agresión con el cual se flagela la honorabilidad de mi país.
Particularmente ha sorprendido a mi país, la forma en cómo representantes Nicaragua han perdido todo sentido del respeto hacia toda y cualquier organización internacional que haga su trabajo de forma objetiva y de conformidad con los lineamientos establecidos por la comunidad internacional.
Así, ayer fuimos testigos de un ataque vicioso y sin precedentes a una noble organización internacional, integrada nada menos que por 160 países, como lo es la organización Ramsar, solo por el hecho de haber realizado los estudios técnicos que, bajo el auspicio de la Convención de 1971, debe realizar cuando se ha puesto en peligro un humedal internacional, como es el caso del humedal costarricense Caribe Noreste. Sin embargo, pareciera que Nicaragua no consideró el trabajo de Ramsar de la misma manera en el 2005 cuando la Misión 57 de Ramsar visitó la bahía Bluefields en Nicaragua.
Con la misma suerte corrió la Organización de Estados Americanos, objeto de la más severa crítica y descalificación que nunca hubiese recibido por parte de un país miembro. no solo Nicaragua abiertamente desafió a la Organización al no cumplir con dos de sus resoluciones, sino que se le acusó de servir también los intereses del narcotráfico. ¿Acaso necesito decir más?
Pero esta supuesta insignificante obra de dragado, con la que Nicaragua calificó sus graves acciones, así como la incursión en territorio costarricense, cumple con otro objetivo dentro de la verdadera estrategia nicaragüense frente a Costa Rica. Ayer mismo se nos recordó la continua intención nicaragüense de construir un canal interoceánico por el río. Así la proposición es simple: Nicaragua ocupa y destruye una porción del territorio costarricense, declara que solo esta Corte puede determinar el asunto porque es un tema de derecho, y trata de convencer a esta Corte de declarar un supuesto derecho nicaragüense, reconocido por el Laudo Cleveland, y por el cual, Nicaragua puede ocupar y destruir territorio costarricense, sin que Costa Rica pueda hacer nada al respecto, pues bajo los términos del Laudo, según Nicaragua, lo único que tiene que hacer es indemnizar el daño así causado.
Si esta Corte llega a aceptar esa proposición, no solo Nicaragua se sentirá autorizada para seguir incursionando y destruyendo territorio costarricense, sino que, en esa circunstancia, se crearía el mayor precedente en la historia de esta honorable institución: el endoso a una política de Estado de agresión sobre la base de un reconocimiento de “fait accompli”. Respetuosamente, Costa Rica pide a esta Corte no caer en esa trampa.
Señor Presidente, la única conclusión a la que se puede llegar en este caso, es que Nicaragua tiene una visión utilitarista del Derecho Internacional, porque para Nicaragua no hay actos ilegales en sí, sino que los actos deben calificarse únicamente en sus consecuencias, los cuales, y en el caso particular de Costa Rica, significa que Nicaragua puede actuar ilegalmente, sin consecuencias jurídicas, y a lo sumo, verse obligada al pago de una indemnización. En este sentido Nicaragua nos repitió constantemente el día de ayer partes incompletas de la sentencia Cleveland. Ahora, Nicaragua, nos anuncia que solo pagará una indemnización pero no aceptará ninguna responsabilidad legal ni moral.
No nos equivoquemos, esta visión simplista y utilitarista del Derecho Internacional es justo lo que nos tiene aquí. Esa visión propone, que como ya existe una situación de “fait accompli”, al haberse ya destruido el bosque y completado el caño, entonces ya no hay necesidad de medidas provisionales. Acoger esta visión constituiría una mofa a los principios del Derecho Internacional y a todo lo que esta Honorable Corte representa.
Señor Presidente, así llego al final de mi presentación. A continuación, procedo a leer, la petitoria que Costa Rica hace a la Honorable Corte:
Costa Rica solicita a la Corte que ordene las siguientes medidas provisionales:
a. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua no puede en el área entre la margen derecha del río San Juan y la margen de la laguna Los Portillos (Harbour Head lagoon) y el río Taura, que comprende la totalidad de la isla Portillos (el área relevante):
(1) Desplegar ninguna de sus tropas u otro personal;
(2) Emprender la construcción o la ampliación de un canal;
(3) Cortar árboles o remover vegetación o suelo;
(4) Depositar sedimentos.
b. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua debe suspender su programa de dragado actual en el rio San Juan adyacente al área relevante.
c. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso Nicaragua debe abstenerse de realizar cualquier otra acción que pueda perjudicar los derechos de Costa Rica, o que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte.
Señor Presidente, señoras y señores jueces permítanme agradecerles su atención así como a los intérpretes y a todos aquellos que han contribuido al buen desarrollo de nuestro trabajo.
Miércoles 12 de enero de 2011
Señor Presidente, ayer fuimos testigos de otra singular respuesta nicaragüense a los legítimos reclamos de mi país en relación a la conducta de Nicaragua. El recurso a la descalificación fue constante en la tarde de ayer.
En ese sentido, ayer no se dijo a la verdad, cuando se afirmó que la navegación de un buque de guerra en 1884, condujo al arbitraje del Presidente Grover Cleveland. A dicho arbitraje se llegó, como esta Corte lo sabe bien, porque Nicaragua, 14 años después de haber firmado el Tratado Cañas-Jerez en 1858, decidió desconocerlo. Eso queda claro con solamente leer el artículo i del Laudo Cleveland.
Tampoco se dijo la verdad, cuando se afirma que cien años más tarde, al hablarse de un canal interoceánico, Costa Rica decidió navegar con sus guardias civiles el río San Juan. tal afirmación, no resiste el menor análisis, y esta Corte es también testigo de ello.
Se vuelve a hacer una afirmación sin fundamento, al manifestar que la incursión, ocupación y uso por parte de Nicaragua de territorio costarricense, dan motivo a Costa Rica para iniciar un escándalo internacional. Nicaragua nos hace creer que tiene prerrogativas únicas para penetrar en territorios de Estados vecinos, causar daños, irrespetar resoluciones de órganos internacionales, y aun así, no contraer ningún tipo de responsabilidad internacional.
Temas recurrentes, como la obsesión por presentar a Costa Rica como un país militar, que tiene un elevado presupuesto militar, es parte del libreto de agresión con el cual se flagela la honorabilidad de mi país.
Particularmente ha sorprendido a mi país, la forma en cómo representantes Nicaragua han perdido todo sentido del respeto hacia toda y cualquier organización internacional que haga su trabajo de forma objetiva y de conformidad con los lineamientos establecidos por la comunidad internacional.
Así, ayer fuimos testigos de un ataque vicioso y sin precedentes a una noble organización internacional, integrada nada menos que por 160 países, como lo es la organización Ramsar, solo por el hecho de haber realizado los estudios técnicos que, bajo el auspicio de la Convención de 1971, debe realizar cuando se ha puesto en peligro un humedal internacional, como es el caso del humedal costarricense Caribe Noreste. Sin embargo, pareciera que Nicaragua no consideró el trabajo de Ramsar de la misma manera en el 2005 cuando la Misión 57 de Ramsar visitó la bahía Bluefields en Nicaragua.
Con la misma suerte corrió la Organización de Estados Americanos, objeto de la más severa crítica y descalificación que nunca hubiese recibido por parte de un país miembro. no solo Nicaragua abiertamente desafió a la Organización al no cumplir con dos de sus resoluciones, sino que se le acusó de servir también los intereses del narcotráfico. ¿Acaso necesito decir más?
Pero esta supuesta insignificante obra de dragado, con la que Nicaragua calificó sus graves acciones, así como la incursión en territorio costarricense, cumple con otro objetivo dentro de la verdadera estrategia nicaragüense frente a Costa Rica. Ayer mismo se nos recordó la continua intención nicaragüense de construir un canal interoceánico por el río. Así la proposición es simple: Nicaragua ocupa y destruye una porción del territorio costarricense, declara que solo esta Corte puede determinar el asunto porque es un tema de derecho, y trata de convencer a esta Corte de declarar un supuesto derecho nicaragüense, reconocido por el Laudo Cleveland, y por el cual, Nicaragua puede ocupar y destruir territorio costarricense, sin que Costa Rica pueda hacer nada al respecto, pues bajo los términos del Laudo, según Nicaragua, lo único que tiene que hacer es indemnizar el daño así causado.
Si esta Corte llega a aceptar esa proposición, no solo Nicaragua se sentirá autorizada para seguir incursionando y destruyendo territorio costarricense, sino que, en esa circunstancia, se crearía el mayor precedente en la historia de esta honorable institución: el endoso a una política de Estado de agresión sobre la base de un reconocimiento de “fait accompli”. Respetuosamente, Costa Rica pide a esta Corte no caer en esa trampa.
Señor Presidente, la única conclusión a la que se puede llegar en este caso, es que Nicaragua tiene una visión utilitarista del Derecho Internacional, porque para Nicaragua no hay actos ilegales en sí, sino que los actos deben calificarse únicamente en sus consecuencias, los cuales, y en el caso particular de Costa Rica, significa que Nicaragua puede actuar ilegalmente, sin consecuencias jurídicas, y a lo sumo, verse obligada al pago de una indemnización. En este sentido Nicaragua nos repitió constantemente el día de ayer partes incompletas de la sentencia Cleveland. Ahora, Nicaragua, nos anuncia que solo pagará una indemnización pero no aceptará ninguna responsabilidad legal ni moral.
No nos equivoquemos, esta visión simplista y utilitarista del Derecho Internacional es justo lo que nos tiene aquí. Esa visión propone, que como ya existe una situación de “fait accompli”, al haberse ya destruido el bosque y completado el caño, entonces ya no hay necesidad de medidas provisionales. Acoger esta visión constituiría una mofa a los principios del Derecho Internacional y a todo lo que esta Honorable Corte representa.
Señor Presidente, así llego al final de mi presentación. A continuación, procedo a leer, la petitoria que Costa Rica hace a la Honorable Corte:
Costa Rica solicita a la Corte que ordene las siguientes medidas provisionales:
a. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua no puede en el área entre la margen derecha del río San Juan y la margen de la laguna Los Portillos (Harbour Head lagoon) y el río Taura, que comprende la totalidad de la isla Portillos (el área relevante):
(1) Desplegar ninguna de sus tropas u otro personal;
(2) Emprender la construcción o la ampliación de un canal;
(3) Cortar árboles o remover vegetación o suelo;
(4) Depositar sedimentos.
b. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua debe suspender su programa de dragado actual en el rio San Juan adyacente al área relevante.
c. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso Nicaragua debe abstenerse de realizar cualquier otra acción que pueda perjudicar los derechos de Costa Rica, o que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte.
Señor Presidente, señoras y señores jueces permítanme agradecerles su atención así como a los intérpretes y a todos aquellos que han contribuido al buen desarrollo de nuestro trabajo.
Miércoles 12 de enero de 2011
jueves, 30 de diciembre de 2010
Entre la brutalidad y la ignorancia
Realmente asombrado por los vergonzosos hechos suscitados la tarde de este Jueves 30 de diciembre en que un grupito de efectivos del Ministerio de Seguridad Pública la emprendieron usando la fuerza bruta contra los camarógrafos y choferes de dos noticieros de televisión y a gritos contra los periodistas de estos, como se aprecia en el video.
Nótese que me refiero a un grupo reducido de miembros de la Fuerza Pública cuyos chalecos blandean las letras: GAO o grupo de apoyo operacional.
Y es que en realidad debe hacerse un apartado entre lo que hicieron unos cuantos lunares en el brillante trabajo de policías honestos y sensatos, que primero piensan y luego actúan, y no como estos que creyéndose dueños del poder absoluto actúan absolutamente por medio de la brutalidad policíaca contra gente indefensa cuyas únicas armas eran una cámara y en algunos casos un micrófono.
Cómo dijo un colega en el mismo lugar, “si fueran antisociales les tienen miedo...”, claro es más fácil agarrar a golpes al más cercano y al más indefenso. En la Isla Calero supongo que la situación sería otra.
Calculo que serían unos cuatro o cinco los efectivos que realmente la emprendieron a golpes y protegidos por otro tanto igual de compañeros policías. Estos son precisamente los que ahora deben enfrentar todo el peso de lo que antes juraron proteger: la ley.
Los canales de televisión pidieron una explicación, pero cuando se aprecian caras ensangrentadas, camarógrafos agredidos tirados en el piso, sin soltar su cámara por cierto, (sino nunca nos hubiéramos dado cuenta), y destrozos en los equipos, ya no cabe aquí ninguna disculpa y menos explicaciones, simplemente porque aquí no hay explicación que valga. Poco les faltó a los policías por desenfundar su arma, pero si varillas metálicas antirreglamentarias.
Las acciones a tomar tanto por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, como por el Sindicato de Periodistas de Costa Rica, los canales: Representaciones Televisivas Repretel Canal 6 y Televisora de Costa Rica Canal 7, deben pasar del tenue velo de la diplomacia y las relaciones públicas a establecer de una vez y por todas el respeto al oficio del humilde trabajador de prensa y a la profesión del periodismo.
Deben ser los estrados judiciales los que hagan enfrentar a estos policías de juguete, matones a sueldo, pichones de paramilitares, soldaditos de plomo, marines frustrados, o acomplejados de Rambos, el verdadero brazo de la ley.
Se debe demandar penalmente por agresión y quien sabe qué otros posibles delitos, además por supuesto de la brutalidad policíaca, al grupúsculo que mancha el verdadero valor y misión de la GAO de la Fuerza Pública.
Buscar soluciones:
No entiendo como los policías se enfrentan a situaciones difíciles, de tanta tensión, sin la presencia de profesionales de la comunicación, y lo digo porque yo también manejo policía. Esta debe saber en qué terreno está y los periodistas a su vez cual es el terreno policial.
Creo que la mayor parte de asuntos como estos se pueden evitar, si, desde un principio, las Oficinas de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, del OIJ, y del Ministerio Público, abandonan de una vez y por todas sus cómodas oficinas y salen a las calles como periodistas de sucesos que son, para coordinar las acciones y las relaciones con los periodistas.
Estas oficinas deben, si no es que ya lo hacen (supongo que no pues no parece) brindar cursos de relaciones con la prensa, para que tanto los comunicadores como los policías conozcan mejor el trabajo de cada cual. Se trata de un caso de brutalidad y de ignorancia. A lo mejor no sea la solución definitiva, pero que ayuda... ayuda.
Sí, hay errores de ambos lados, pero ello NO justifica, ni explica, ni perdona, la brutalidad policíaca, contra comunicadores o contra cualquier habitante, sea este... quien sea.
Nótese que me refiero a un grupo reducido de miembros de la Fuerza Pública cuyos chalecos blandean las letras: GAO o grupo de apoyo operacional.
Y es que en realidad debe hacerse un apartado entre lo que hicieron unos cuantos lunares en el brillante trabajo de policías honestos y sensatos, que primero piensan y luego actúan, y no como estos que creyéndose dueños del poder absoluto actúan absolutamente por medio de la brutalidad policíaca contra gente indefensa cuyas únicas armas eran una cámara y en algunos casos un micrófono.
Cómo dijo un colega en el mismo lugar, “si fueran antisociales les tienen miedo...”, claro es más fácil agarrar a golpes al más cercano y al más indefenso. En la Isla Calero supongo que la situación sería otra.
Calculo que serían unos cuatro o cinco los efectivos que realmente la emprendieron a golpes y protegidos por otro tanto igual de compañeros policías. Estos son precisamente los que ahora deben enfrentar todo el peso de lo que antes juraron proteger: la ley.
Los canales de televisión pidieron una explicación, pero cuando se aprecian caras ensangrentadas, camarógrafos agredidos tirados en el piso, sin soltar su cámara por cierto, (sino nunca nos hubiéramos dado cuenta), y destrozos en los equipos, ya no cabe aquí ninguna disculpa y menos explicaciones, simplemente porque aquí no hay explicación que valga. Poco les faltó a los policías por desenfundar su arma, pero si varillas metálicas antirreglamentarias.
Las acciones a tomar tanto por el Colegio de Periodistas de Costa Rica, como por el Sindicato de Periodistas de Costa Rica, los canales: Representaciones Televisivas Repretel Canal 6 y Televisora de Costa Rica Canal 7, deben pasar del tenue velo de la diplomacia y las relaciones públicas a establecer de una vez y por todas el respeto al oficio del humilde trabajador de prensa y a la profesión del periodismo.
Deben ser los estrados judiciales los que hagan enfrentar a estos policías de juguete, matones a sueldo, pichones de paramilitares, soldaditos de plomo, marines frustrados, o acomplejados de Rambos, el verdadero brazo de la ley.
Se debe demandar penalmente por agresión y quien sabe qué otros posibles delitos, además por supuesto de la brutalidad policíaca, al grupúsculo que mancha el verdadero valor y misión de la GAO de la Fuerza Pública.
Buscar soluciones:
No entiendo como los policías se enfrentan a situaciones difíciles, de tanta tensión, sin la presencia de profesionales de la comunicación, y lo digo porque yo también manejo policía. Esta debe saber en qué terreno está y los periodistas a su vez cual es el terreno policial.
Creo que la mayor parte de asuntos como estos se pueden evitar, si, desde un principio, las Oficinas de Prensa del Ministerio de Seguridad Pública, del OIJ, y del Ministerio Público, abandonan de una vez y por todas sus cómodas oficinas y salen a las calles como periodistas de sucesos que son, para coordinar las acciones y las relaciones con los periodistas.
Estas oficinas deben, si no es que ya lo hacen (supongo que no pues no parece) brindar cursos de relaciones con la prensa, para que tanto los comunicadores como los policías conozcan mejor el trabajo de cada cual. Se trata de un caso de brutalidad y de ignorancia. A lo mejor no sea la solución definitiva, pero que ayuda... ayuda.
Sí, hay errores de ambos lados, pero ello NO justifica, ni explica, ni perdona, la brutalidad policíaca, contra comunicadores o contra cualquier habitante, sea este... quien sea.
lunes, 20 de diciembre de 2010
Intervención de Costa Rica en el Plenario de la Asamblea General ONU
Embajador Eduardo Ulibarri, Representante Permanente
65º período de sesiones de la Asamblea General
Nueva York, 20 de diciembre de 2010
_______________________________________________________________
Señor Presidente:
Costa Rica celebra que la Asamblea General aborde, nuevamente, la situación de Centroamérica en relación con la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo.
65º período de sesiones de la Asamblea General
Nueva York, 20 de diciembre de 2010
_______________________________________________________________
Señor Presidente:
Costa Rica celebra que la Asamblea General aborde, nuevamente, la situación de Centroamérica en relación con la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo.
En este contexto, mi país respalda la resolución A/65/L.51, para extender el funcionamiento, reforzar las capacidades y consolidar el aporte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CICIG es una experiencia robusta e inédita en la vinculación de voluntades nacionales y multilaterales para combatir la impunidad, como vía hacia la consolidación del Estado de derecho y las instituciones guatemaltecas.
Desde su creación, el 4 de septiembre de 2007, la CICIG ha sido un instrumento fundamental para capturar, procesar y condenar a responsables de relevantes casos penales. Pero también se ha preocupado por arraigar su legado técnico y jurídico, mediante la capacitación de personal local y el reforzamiento institucional.
Esta tarea quedaría trunca si no se extiende su mandato. De aquí nuestro apoyo a la resolución.
El respaldo de Costa Rica a la CICIG ha sido constante y entusiasta, mediante el desarrollo de recursos humanos, el intercambio de buenas prácticas y otros aportes en especie. Nos complace, particularmente, que su actual líder sea el ex Fiscal General de nuestro país, Francisco Dall´Anesse. Para él, para los demás funcionarios de la CIGIG, el Gobierno y sociedad civil de Guatemala, las Naciones Unidas y los países donantes, nuestro profundo reconocimiento.
Señor Presidente:
Pasados sus conflictos internos y la intervención de poderes externos, Centroamérica ha transitado, durante las dos últimas décadas, por un arduo camino para convertirse en una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, anclada en el respeto a los derechos humanos.
El éxito final de esta tarea, aún inconclusa, depende de muchos factores. Pero su base debe ser el fortalecimiento de las instituciones, la independencia de los poderes públicos, el respeto al juego democrático y la superación de las vías de hecho como normas de conducta política. Es decir, la consolidación del Estado de derecho.
Estos componentes deben guiar también las relaciones y decisiones externas de los Gobiernos centroamericanos, en concordancia con los principios elementales del derecho internacional. Su pilar indispensable es el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.
Creíamos que la observancia de tales principios era una realidad irreversible en Centroamérica. Desgraciadamente, estábamos equivocados. Por una acción incomprensible, injustificada e inaceptable del Gobierno de Nicaragua, nuestra región ha dado un funesto paso hacia atrás en sus esfuerzos por superar el triste pasado y abrazar un mejor futuro. La principal víctima de esta conducta es Costa Rica, pero sus efectos trascienden hacia toda la región, y más allá de ella.
Desde finales de octubre, tropas nicaragüenses ocupan una parte de nuestro territorio, en clara violación a nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra dignidad nacional. Su presencia ha estado acompañada de una abierta depredación ambiental, en una zona de humedales protegida internacionalmente.
Padecemos, simple y llanamente, un hecho consumado por la fuerza.
Si esta agresión no ha derivado en enfrentamientos armados, es porque Costa Rica carece de ejército. Nuestra defensa no son las armas, sino el derecho; las razones, no las balas.
Luego de su acción militar, Nicaragua ha tratado de fabricar una tosca justificación jurídica. Tras 113 años sin disputar el trazado fronterizo, creó la especie de que el territorio ocupado no es costarricense y que, por tanto, todo se reduce a una disputa de límites. La realidad es que enfrentamos una ocupación militar.
Si esta agresión no ha derivado en enfrentamientos armados, es porque Costa Rica carece de ejército. Nuestra defensa no son las armas, sino el derecho; las razones, no las balas.
Luego de su acción militar, Nicaragua ha tratado de fabricar una tosca justificación jurídica. Tras 113 años sin disputar el trazado fronterizo, creó la especie de que el territorio ocupado no es costarricense y que, por tanto, todo se reduce a una disputa de límites. La realidad es que enfrentamos una ocupación militar.
Señor Presidente:
Los costarricenses tenemos derecho a vivir sin ejército. Así lo decidimos en 1949. Ninguna fuerza y ninguna arbitrariedad nos apartarán de esta vía. Para mantenerla, sin embargo, dependemos del sistema multilateral y del derecho internacional. A ellos acudimos.
En lugar de responder a la fuerza con la fuerza, denunciamos la violación perpetrada por Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, su Gobierno, en claro desdén de sus obligaciones internacionales, rechazó y sigue rechazando la competencia de la OEA, el órgano regional más relevante y jurídicamente consolidado de nuestro hemisferio.
Costa Rica también denunció a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, por violar los límites acordados en 1858 y clarificados en 1897, por ocupar y dañar pate de nuestro territorio, y por emplear medidas de facto.
Además, solicitamos y obtuvimos una misión urgente de observación de la Secretaría de la Convención Internacional Ramsar sobre humedales, para que evaluara los daños ambientales. Estamos a la espera de sus resultados.
Tratamos de involucrar a la Comunidad Iberoamericana en una salida justa al conflicto. Pero, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ni siquiera asistió a la reciente cumbre de jefes de Estado y Gobierno iberoamericanos, en Argentina. En su lugar, envió a esa reunión, de carácter estrictamente político, a la presidenta del Poder Judicial.
Costa Rica trabaja en otras opciones diplomáticas, incluido el diálogo directo, bajo el principio del respeto a nuestra integridad territorial. Queremos sentarnos a discutir con el Gobierno de Nicaragua el conflicto creado por su agresión, frente a testigos calificados, siempre y cuando se despeje la zona de presencia militar, tal como ha acordado, en dos ocasiones, la Organización de Estados Americanos. Un posible diálogo, sin embargo, no detendrá nuestra acción en la Corte Internacional de Justicia ni en otros foros multilaterales posibles.
Señor Presidente:
Frente a la arbitrariedad, Costa Rica enarbola la legalidad; frente a la fuerza, la sensatez.
Estas normas, que constituyen principios básicos de las Naciones Unidas, tienen relevancia tanto para la agresión que ahora enfrentamos, como para el fortalecimiento del Estado de derecho en cada uno de los países centroamericanos, objetivo al que la CICIG está dando un relevante impulso. Costa Rica, como siempre, ofrece su aporte en la tarea.
Esperamos que, desde estas y otras convicciones y deberes compartidos, los centroamericanos sigamos avanzando hacia mayores cuotas de paz, democracia, libertad, desarrollo sostenible, integración y seguridad. Es lo que merecen nuestros pueblos. Es lo que nuestros gobiernos deben buscar.
Muchas gracias, señor Presidente
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Nostalgia En Navidad: El Ave María de Perry Como. Gracias al aporte de Radio Reloj de Costa Rica (1957)
Gracias a la gestión del twittero @jbwbnet por la solicitud.
martes, 16 de noviembre de 2010
MUJER GOZARÁ DEL 50% DE LOS BIENES DE SU PAREJA
Resolución fallo Sala Segunda
La Sala Segunda de la Corte reconoció la unión de “hecho irregular” que permitirá que una mujer tenga derecho a que se le reconozca el 50% de los bienes gananciales de su ex compañero, con quién compartió en unión libre por 20 años, según la recurrente y en el 2002 falleció.
La Sala Segunda de la Corte reconoció la unión de “hecho irregular” que permitirá que una mujer tenga derecho a que se le reconozca el 50% de los bienes gananciales de su ex compañero, con quién compartió en unión libre por 20 años, según la recurrente y en el 2002 falleció.
De acuerdo con la resolución de los magistrados de la Sala Segunda la recurrente y su compañero cumplieron los presupuestos estipulados en el hoy anulado 246 del Código de Familia, antes de que esa norma fuera declarada inconstitucional, es decir este caso quedo amparado por la normativa anulada y se debe reconocer la situación de unión de hecho irregular.
“Procede acoger el recurso planteado por la actora. En consecuencia, se debe anular el fallo recurrido y revocar el de primera instancia. En su lugar, cabe declarar con lugar la demanda. Se debe reconocer la unión de hecho entre las partes desde el 10 de agosto de 1979 hasta el 4 de junio de 2002. La actora tiene derecho a que se le reconozca participar en el cincuenta por ciento del valor neto de los bienes gananciales adquiridos durante ese periodo, lo cual se determinará en la etapa de ejecución. El mencionado porcentaje en los bienes gananciales referidos se deberá adjudicar a la señora... y se procederá a excluir de la masa hereditaria dentro del respectivo proceso sucesorio que se tramita actualmente (párrafo final artículo 246 del Código de Familia)” según resolución 1067-10 de la Sala de Casación Laboral.
Desde el 2003 la actora promovió para en sentencia se reconociera la unión de hecho pública, notoria, estable y única que la ligó hasta su fallecimiento y durante más de veinte años. Solicitó que, como conviviente supérstite, se declarará su derecho sobre el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos por el ahora fallecido durante esa unión y que se le adjudicará los bienes correspondientes del sucesorio en esa misma proporción.
Inicialmente, el juzgado de primera instancia “declaran sin lugar las excepciones de prescripción y caducidad, con lugar las excepciones de falta de derecho y falta de legitimación activa, opuestas por la demandada y se declara sin lugar en todos sus extremos la presente demanda abreviada de reconocimiento de unión de hecho” según resolución 1067-10.
La misma respuesta le dio el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, quién confirmó la sentencia recurrida.
Por lo anterior se presento recurso de casación laboral, siendo que este alto Tribunal de Casación Laboral quién aclaró que la interposición de la demanda se hizo en mayo del 2003 y solo habían transcurrido once meses y dos días desde la defunción del causante, de manera que el plazo no había caducado porque según el artículo 243 del Código de Familia el tiempo dispuesto es de dos años por lo que declaró lugar el recurso, reconociéndole el derecho a la mujer.
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