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jueves, 8 de septiembre de 2011
domingo, 6 de marzo de 2011
Respuesta de Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica a Daniel Ortega, presidente de Nicaragua
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
San José, 5 de marzo de 2010
Presidenta de la República
San José, 5 de marzo de 2010
Excelentísimo señor Presidente:
Agradezco que, tras varios días de guardar silencio, haya al fin declarado oficialmente, en la carta que me dirigió este sábado 5 de marzo, que su Gobierno respetará la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre las medidas provisionales solicitadas a ese órgano por Costa Rica, ante la agresión a nuestro territorio ejecutada por fuerzas militares bajo su mando.
Esa acción arbitraria, la destrucción ambiental a que ha conducido, el desdén de su Gobierno por la verdad de los hechos y su reiterada negativa a un arreglo a la crisis, dentro de los parámetros del diálogo, el derecho internacional, los organismos multilaterales, el respeto mutuo y la integridad territorial, ha producido justificada inquietud e indignación entre los costarricenses.
Aún así, como lo pueden testimoniar los centenares de miles de hermanos nicaragüenses que conviven con nosotros ante la carencia de oportunidades en su país, nada ha alterado la hermandad entre nuestros pueblos. Nuestras manos, las de los costarricenses y nicaragüenses, siguen unidas, a pesar de que las políticas de su Gobierno han pretendido separarlas. De allí que el deterioro en nuestras relaciones políticas oficiales haya sido inevitable. Pero aún, presidente
Ortega, podemos repáralas mediante una actitud constructiva, respetuosa y ajena a cualquier
oportunismo político interno.
oportunismo político interno.
Fue en este espíritu que, en mi condición de Presidenta libremente elegida de Costa Rica, le expresé a usted mi voluntad de proceder a desarrollar una relación propositiva, transparente y caracterizada por la buena fe con el gobierno que usted preside. Desde el momento mismo de la visita que efectué a Managua como Presidenta electa, le confirmé mi firme disposición de avanzar junto a los nicaragüenses en la lucha por el desarrollo y el progreso en libertad, así como en acometer una gestión conjunta en el manejo de la amplia agenda bilateral.
Lamentablemente, a los pocos meses de ejercer la Presidencia comencé a recibir señales negativas de parte de su gobierno. Esta política llegó a su culminación el pasado mes de octubre cuando las tropas nicaragüenses violentaron la soberanía territorial de mi país al invadir y ocupar el suelo nacional, ocupación ilegal que se mantiene a la fecha, irrespetando e ignorando los tratados y laudos vigentes desde hace más de 150 años. Esta situación, ha sumido a nuestras dos naciones en un onflicto, que de no ser por la actitud costarricense, pudo haber ocasionado la perdida de vidas humanas nicaragüenses y costarricenses.
Somos un país que arregla sus diferencias con el derecho internacional, en el marco de los organismos creados para ello. Tuvo Usted la oportunidad de demostrarle al mundo una actitud diferente, pero optó por mantener la invasión y la destrucción ambiental de nuestro territorio.
El 4 de marzo, nuestra Cancillería convocó al embajador Harold Rivas para ponerlo al tanto de las medidas que hemos tomado para resguardar las representaciones diplomática y consulares de Nicaragua en nuestro país. Es parte de las bligaciones que tenemos como gobierno responsable y respetuoso de los compromisos internacionales. Lamento, pero no me sorprende, que usted haya
tergiversado ese mensaje.
tergiversado ese mensaje.
El próximo martes, esperaremos con serenidad la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Lo haré junto a mi pueblo, que me eligió libremente y al que debo rendir cuentas cada día, con transparencia y serenidad, como corresponde en toda democracia.
Espero que, tras esa decisión, y sobre la base de la buena fe y el cumplimiento de las resoluciones del alto tribunal, podamos abrir el camino para un proceso de normalización de nuestras relaciones. La ayuda de países amigos, como México y Guatemala, será determinante en esa tarea. Lamento que, debido a su negativa de recibir a sus cancilleres en días recientes, así como a un grupo de representantes del Parlamento Europeo, se haya frustrado la posibilidad de una primera gestión en nuestras capitales.
Espero que, a futuro, su conducta sea consecuente con las palabras de su carta. Si es así, señor Presidente, podremos reunirnos, sin dobleces ni afanes manipuladores, con un solo objetivo: el bienestar, la democracia, el respeto el derecho y la convivencia pacífica entre nuestros pueblos.
Excelentísimo señor
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Managua, Nicaragua
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Managua, Nicaragua
jueves, 13 de enero de 2011
Exposición del Agente de Costa Rica, Edgar Ugalde, en la segunda ronda de exposiciones orales ante la Corte Internacional de Justicia
Señor Presidente, distinguidas señoras y señores jueces: una vez más me honro en comparecer ante esta Honorable Corte.
Señor Presidente, ayer fuimos testigos de otra singular respuesta nicaragüense a los legítimos reclamos de mi país en relación a la conducta de Nicaragua. El recurso a la descalificación fue constante en la tarde de ayer.
En ese sentido, ayer no se dijo a la verdad, cuando se afirmó que la navegación de un buque de guerra en 1884, condujo al arbitraje del Presidente Grover Cleveland. A dicho arbitraje se llegó, como esta Corte lo sabe bien, porque Nicaragua, 14 años después de haber firmado el Tratado Cañas-Jerez en 1858, decidió desconocerlo. Eso queda claro con solamente leer el artículo i del Laudo Cleveland.
Tampoco se dijo la verdad, cuando se afirma que cien años más tarde, al hablarse de un canal interoceánico, Costa Rica decidió navegar con sus guardias civiles el río San Juan. tal afirmación, no resiste el menor análisis, y esta Corte es también testigo de ello.
Se vuelve a hacer una afirmación sin fundamento, al manifestar que la incursión, ocupación y uso por parte de Nicaragua de territorio costarricense, dan motivo a Costa Rica para iniciar un escándalo internacional. Nicaragua nos hace creer que tiene prerrogativas únicas para penetrar en territorios de Estados vecinos, causar daños, irrespetar resoluciones de órganos internacionales, y aun así, no contraer ningún tipo de responsabilidad internacional.
Temas recurrentes, como la obsesión por presentar a Costa Rica como un país militar, que tiene un elevado presupuesto militar, es parte del libreto de agresión con el cual se flagela la honorabilidad de mi país.
Particularmente ha sorprendido a mi país, la forma en cómo representantes Nicaragua han perdido todo sentido del respeto hacia toda y cualquier organización internacional que haga su trabajo de forma objetiva y de conformidad con los lineamientos establecidos por la comunidad internacional.
Así, ayer fuimos testigos de un ataque vicioso y sin precedentes a una noble organización internacional, integrada nada menos que por 160 países, como lo es la organización Ramsar, solo por el hecho de haber realizado los estudios técnicos que, bajo el auspicio de la Convención de 1971, debe realizar cuando se ha puesto en peligro un humedal internacional, como es el caso del humedal costarricense Caribe Noreste. Sin embargo, pareciera que Nicaragua no consideró el trabajo de Ramsar de la misma manera en el 2005 cuando la Misión 57 de Ramsar visitó la bahía Bluefields en Nicaragua.
Con la misma suerte corrió la Organización de Estados Americanos, objeto de la más severa crítica y descalificación que nunca hubiese recibido por parte de un país miembro. no solo Nicaragua abiertamente desafió a la Organización al no cumplir con dos de sus resoluciones, sino que se le acusó de servir también los intereses del narcotráfico. ¿Acaso necesito decir más?
Pero esta supuesta insignificante obra de dragado, con la que Nicaragua calificó sus graves acciones, así como la incursión en territorio costarricense, cumple con otro objetivo dentro de la verdadera estrategia nicaragüense frente a Costa Rica. Ayer mismo se nos recordó la continua intención nicaragüense de construir un canal interoceánico por el río. Así la proposición es simple: Nicaragua ocupa y destruye una porción del territorio costarricense, declara que solo esta Corte puede determinar el asunto porque es un tema de derecho, y trata de convencer a esta Corte de declarar un supuesto derecho nicaragüense, reconocido por el Laudo Cleveland, y por el cual, Nicaragua puede ocupar y destruir territorio costarricense, sin que Costa Rica pueda hacer nada al respecto, pues bajo los términos del Laudo, según Nicaragua, lo único que tiene que hacer es indemnizar el daño así causado.
Si esta Corte llega a aceptar esa proposición, no solo Nicaragua se sentirá autorizada para seguir incursionando y destruyendo territorio costarricense, sino que, en esa circunstancia, se crearía el mayor precedente en la historia de esta honorable institución: el endoso a una política de Estado de agresión sobre la base de un reconocimiento de “fait accompli”. Respetuosamente, Costa Rica pide a esta Corte no caer en esa trampa.
Señor Presidente, la única conclusión a la que se puede llegar en este caso, es que Nicaragua tiene una visión utilitarista del Derecho Internacional, porque para Nicaragua no hay actos ilegales en sí, sino que los actos deben calificarse únicamente en sus consecuencias, los cuales, y en el caso particular de Costa Rica, significa que Nicaragua puede actuar ilegalmente, sin consecuencias jurídicas, y a lo sumo, verse obligada al pago de una indemnización. En este sentido Nicaragua nos repitió constantemente el día de ayer partes incompletas de la sentencia Cleveland. Ahora, Nicaragua, nos anuncia que solo pagará una indemnización pero no aceptará ninguna responsabilidad legal ni moral.
No nos equivoquemos, esta visión simplista y utilitarista del Derecho Internacional es justo lo que nos tiene aquí. Esa visión propone, que como ya existe una situación de “fait accompli”, al haberse ya destruido el bosque y completado el caño, entonces ya no hay necesidad de medidas provisionales. Acoger esta visión constituiría una mofa a los principios del Derecho Internacional y a todo lo que esta Honorable Corte representa.
Señor Presidente, así llego al final de mi presentación. A continuación, procedo a leer, la petitoria que Costa Rica hace a la Honorable Corte:
Costa Rica solicita a la Corte que ordene las siguientes medidas provisionales:
a. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua no puede en el área entre la margen derecha del río San Juan y la margen de la laguna Los Portillos (Harbour Head lagoon) y el río Taura, que comprende la totalidad de la isla Portillos (el área relevante):
(1) Desplegar ninguna de sus tropas u otro personal;
(2) Emprender la construcción o la ampliación de un canal;
(3) Cortar árboles o remover vegetación o suelo;
(4) Depositar sedimentos.
b. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua debe suspender su programa de dragado actual en el rio San Juan adyacente al área relevante.
c. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso Nicaragua debe abstenerse de realizar cualquier otra acción que pueda perjudicar los derechos de Costa Rica, o que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte.
Señor Presidente, señoras y señores jueces permítanme agradecerles su atención así como a los intérpretes y a todos aquellos que han contribuido al buen desarrollo de nuestro trabajo.
Miércoles 12 de enero de 2011
Señor Presidente, ayer fuimos testigos de otra singular respuesta nicaragüense a los legítimos reclamos de mi país en relación a la conducta de Nicaragua. El recurso a la descalificación fue constante en la tarde de ayer.
En ese sentido, ayer no se dijo a la verdad, cuando se afirmó que la navegación de un buque de guerra en 1884, condujo al arbitraje del Presidente Grover Cleveland. A dicho arbitraje se llegó, como esta Corte lo sabe bien, porque Nicaragua, 14 años después de haber firmado el Tratado Cañas-Jerez en 1858, decidió desconocerlo. Eso queda claro con solamente leer el artículo i del Laudo Cleveland.
Tampoco se dijo la verdad, cuando se afirma que cien años más tarde, al hablarse de un canal interoceánico, Costa Rica decidió navegar con sus guardias civiles el río San Juan. tal afirmación, no resiste el menor análisis, y esta Corte es también testigo de ello.
Se vuelve a hacer una afirmación sin fundamento, al manifestar que la incursión, ocupación y uso por parte de Nicaragua de territorio costarricense, dan motivo a Costa Rica para iniciar un escándalo internacional. Nicaragua nos hace creer que tiene prerrogativas únicas para penetrar en territorios de Estados vecinos, causar daños, irrespetar resoluciones de órganos internacionales, y aun así, no contraer ningún tipo de responsabilidad internacional.
Temas recurrentes, como la obsesión por presentar a Costa Rica como un país militar, que tiene un elevado presupuesto militar, es parte del libreto de agresión con el cual se flagela la honorabilidad de mi país.
Particularmente ha sorprendido a mi país, la forma en cómo representantes Nicaragua han perdido todo sentido del respeto hacia toda y cualquier organización internacional que haga su trabajo de forma objetiva y de conformidad con los lineamientos establecidos por la comunidad internacional.
Así, ayer fuimos testigos de un ataque vicioso y sin precedentes a una noble organización internacional, integrada nada menos que por 160 países, como lo es la organización Ramsar, solo por el hecho de haber realizado los estudios técnicos que, bajo el auspicio de la Convención de 1971, debe realizar cuando se ha puesto en peligro un humedal internacional, como es el caso del humedal costarricense Caribe Noreste. Sin embargo, pareciera que Nicaragua no consideró el trabajo de Ramsar de la misma manera en el 2005 cuando la Misión 57 de Ramsar visitó la bahía Bluefields en Nicaragua.
Con la misma suerte corrió la Organización de Estados Americanos, objeto de la más severa crítica y descalificación que nunca hubiese recibido por parte de un país miembro. no solo Nicaragua abiertamente desafió a la Organización al no cumplir con dos de sus resoluciones, sino que se le acusó de servir también los intereses del narcotráfico. ¿Acaso necesito decir más?
Pero esta supuesta insignificante obra de dragado, con la que Nicaragua calificó sus graves acciones, así como la incursión en territorio costarricense, cumple con otro objetivo dentro de la verdadera estrategia nicaragüense frente a Costa Rica. Ayer mismo se nos recordó la continua intención nicaragüense de construir un canal interoceánico por el río. Así la proposición es simple: Nicaragua ocupa y destruye una porción del territorio costarricense, declara que solo esta Corte puede determinar el asunto porque es un tema de derecho, y trata de convencer a esta Corte de declarar un supuesto derecho nicaragüense, reconocido por el Laudo Cleveland, y por el cual, Nicaragua puede ocupar y destruir territorio costarricense, sin que Costa Rica pueda hacer nada al respecto, pues bajo los términos del Laudo, según Nicaragua, lo único que tiene que hacer es indemnizar el daño así causado.
Si esta Corte llega a aceptar esa proposición, no solo Nicaragua se sentirá autorizada para seguir incursionando y destruyendo territorio costarricense, sino que, en esa circunstancia, se crearía el mayor precedente en la historia de esta honorable institución: el endoso a una política de Estado de agresión sobre la base de un reconocimiento de “fait accompli”. Respetuosamente, Costa Rica pide a esta Corte no caer en esa trampa.
Señor Presidente, la única conclusión a la que se puede llegar en este caso, es que Nicaragua tiene una visión utilitarista del Derecho Internacional, porque para Nicaragua no hay actos ilegales en sí, sino que los actos deben calificarse únicamente en sus consecuencias, los cuales, y en el caso particular de Costa Rica, significa que Nicaragua puede actuar ilegalmente, sin consecuencias jurídicas, y a lo sumo, verse obligada al pago de una indemnización. En este sentido Nicaragua nos repitió constantemente el día de ayer partes incompletas de la sentencia Cleveland. Ahora, Nicaragua, nos anuncia que solo pagará una indemnización pero no aceptará ninguna responsabilidad legal ni moral.
No nos equivoquemos, esta visión simplista y utilitarista del Derecho Internacional es justo lo que nos tiene aquí. Esa visión propone, que como ya existe una situación de “fait accompli”, al haberse ya destruido el bosque y completado el caño, entonces ya no hay necesidad de medidas provisionales. Acoger esta visión constituiría una mofa a los principios del Derecho Internacional y a todo lo que esta Honorable Corte representa.
Señor Presidente, así llego al final de mi presentación. A continuación, procedo a leer, la petitoria que Costa Rica hace a la Honorable Corte:
Costa Rica solicita a la Corte que ordene las siguientes medidas provisionales:
a. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua no puede en el área entre la margen derecha del río San Juan y la margen de la laguna Los Portillos (Harbour Head lagoon) y el río Taura, que comprende la totalidad de la isla Portillos (el área relevante):
(1) Desplegar ninguna de sus tropas u otro personal;
(2) Emprender la construcción o la ampliación de un canal;
(3) Cortar árboles o remover vegetación o suelo;
(4) Depositar sedimentos.
b. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso, Nicaragua debe suspender su programa de dragado actual en el rio San Juan adyacente al área relevante.
c. Sujeto a la determinación de los méritos en este caso Nicaragua debe abstenerse de realizar cualquier otra acción que pueda perjudicar los derechos de Costa Rica, o que pueda agravar o extender la disputa ante la Corte.
Señor Presidente, señoras y señores jueces permítanme agradecerles su atención así como a los intérpretes y a todos aquellos que han contribuido al buen desarrollo de nuestro trabajo.
Miércoles 12 de enero de 2011
miércoles, 27 de octubre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
Costa Rica a la espera de respuesta de Nicaragua
El Gobierno de Costa Rica dijo hoy que continúa a la espera de la respuesta a la nota de protesta enviada el pasado 21 de octubre a Nicaragua, para denunciar “una violación inaceptable de la soberanía costarricense” tras constatar que ligado a las labores de dragado sobre el río San Juan, el sedimento fue expulsado y depositado en suelo costarricense y se ha causado un daño ambiental.
El Canciller a.í, Carlos Roverssi, luego de la acostumbrada conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno y acompañado por los ministros de la Presidencia y de Seguridad, Marcos Vargas y José María Tijerino, respectivamente, reiteró que Costa Rica está a la espera de una “respuesta satisfactoria” al reclamo.
Un “detallado informe” de lo acontecido fue presentado hoy al Consejo de Gobierno, dijo el Ministro Tijerino.
“La Cancillería asume la responsabilidad de agotar las vías diplomáticas para resolver el caso”, expresó el Vicecanciller Carlos Roverssi, quien señaló que el tema se trata como un asunto de Estado.
El Ministro de Relaciones Exteriores a.í. dijo que debido a la eficiente labor de la Fuerza Pública costarricense, se logró que la draga a cargo del señor Edén Pastora, fuera trasladada a territorio nicaragüense.
Roverssi afirmó que pensamos que la comprobada violación de la soberanía costarricense fue un “acto irresponsable de Pastora y cuyos efectos se continúan investigando”.
El Canciller a.í, dijo esperar que las mencionadas acciones atribuidas a Pastora “no sean la posición oficial del Gobierno de Nicaragua”.
El Consejo de Gobierno analizó los trabajos que la semana pasada realizaron funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente y a fuerzas policiales en la zona.
Roverssi dijo hoy que como resultado de dichos informes, se han demostrado sendas causas por daños ambientales. Entre dichos daños se han documentado impactos a un humedal fronterizo, en un área de 2.500 metros cuadrados, como resultado de haberse depositado gran cantidad de sedimentos. También se detectó daño ambiental en 1.5 hectárea como consecuencia de una trocha que se abrió en un área.
El Ministro de Seguridad explicó que el grupo de policías que fue destacado a la zona se ha concentrado en Barra del Colorado, donde permanecerán “hasta que las circunstancias cambien” en operaciones policiales de rutina. Señaló que como resultado de la movilización de la Fuerza Pública en la zona actualmente “todo trascurre normalmente”.
El Canciller a.í, Carlos Roverssi, luego de la acostumbrada conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno y acompañado por los ministros de la Presidencia y de Seguridad, Marcos Vargas y José María Tijerino, respectivamente, reiteró que Costa Rica está a la espera de una “respuesta satisfactoria” al reclamo.
Un “detallado informe” de lo acontecido fue presentado hoy al Consejo de Gobierno, dijo el Ministro Tijerino.
“La Cancillería asume la responsabilidad de agotar las vías diplomáticas para resolver el caso”, expresó el Vicecanciller Carlos Roverssi, quien señaló que el tema se trata como un asunto de Estado.
El Ministro de Relaciones Exteriores a.í. dijo que debido a la eficiente labor de la Fuerza Pública costarricense, se logró que la draga a cargo del señor Edén Pastora, fuera trasladada a territorio nicaragüense.
Roverssi afirmó que pensamos que la comprobada violación de la soberanía costarricense fue un “acto irresponsable de Pastora y cuyos efectos se continúan investigando”.
El Canciller a.í, dijo esperar que las mencionadas acciones atribuidas a Pastora “no sean la posición oficial del Gobierno de Nicaragua”.
El Consejo de Gobierno analizó los trabajos que la semana pasada realizaron funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ambiente y a fuerzas policiales en la zona.
Roverssi dijo hoy que como resultado de dichos informes, se han demostrado sendas causas por daños ambientales. Entre dichos daños se han documentado impactos a un humedal fronterizo, en un área de 2.500 metros cuadrados, como resultado de haberse depositado gran cantidad de sedimentos. También se detectó daño ambiental en 1.5 hectárea como consecuencia de una trocha que se abrió en un área.
El Ministro de Seguridad explicó que el grupo de policías que fue destacado a la zona se ha concentrado en Barra del Colorado, donde permanecerán “hasta que las circunstancias cambien” en operaciones policiales de rutina. Señaló que como resultado de la movilización de la Fuerza Pública en la zona actualmente “todo trascurre normalmente”.
viernes, 22 de octubre de 2010
Nota de Protesta ante el Gobierno de Nicaragua
Excelentísimo señor
Samuel Santos López
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua
Excelentísimo señor Ministro:
Me permito saludar a Su Excelencia con ocasión de hacer de su conocimiento que a raíz de denuncias presentadas por habitantes de la zona de Finca Aragón, Isla Calero, Provincia de Limón, el Gobierno de Costa Rica ha podido constatar que ligado a las labores de dragado que se están realizando en una posición ubicada contiguo a la ribera costarricense en el río San Juan, el sedimento está siendo expulsado y depositado en suelo costarricense a través de una tubería que ingresa al interior de dicha finca.
El gobierno de Costa Rica cuenta con la prueba que respalda esta afirmación. Estos hechos constituyen una violación inaceptable de la soberanía costarricense.
Más aún, según las denuncias, aparentemente el señor Edén Pastora Gómez en compañía de otras personas, ha incursionado en la Finca Aragón e incluso ha realizado acciones en contra de los habitantes de la zona y sus posesiones.
En virtud de lo anterior, el Gobierno de Costa Rica presenta su más enérgica protesta ante el Gobierno de Nicaragua por los hechos antes descritos, y demanda el cese inmediato de cualquier acción o actividad que afecte territorio costarricense o sus habitantes, que lesione la soberanía nacional o que cause daños ecológicos a su territorio. Asimismo, el Gobierno de Costa Rica solicita al Gobierno de Nicaragua seguridades de que hechos como los expuestos no se repetirán.
Reciba Excelencia, las muestras de mi consideración.
Marta Núñez Madriz
Ministra a.i.”
Samuel Santos López
Ministro de Relaciones Exteriores
República de Nicaragua
Excelentísimo señor Ministro:
Me permito saludar a Su Excelencia con ocasión de hacer de su conocimiento que a raíz de denuncias presentadas por habitantes de la zona de Finca Aragón, Isla Calero, Provincia de Limón, el Gobierno de Costa Rica ha podido constatar que ligado a las labores de dragado que se están realizando en una posición ubicada contiguo a la ribera costarricense en el río San Juan, el sedimento está siendo expulsado y depositado en suelo costarricense a través de una tubería que ingresa al interior de dicha finca.
El gobierno de Costa Rica cuenta con la prueba que respalda esta afirmación. Estos hechos constituyen una violación inaceptable de la soberanía costarricense.
Más aún, según las denuncias, aparentemente el señor Edén Pastora Gómez en compañía de otras personas, ha incursionado en la Finca Aragón e incluso ha realizado acciones en contra de los habitantes de la zona y sus posesiones.
En virtud de lo anterior, el Gobierno de Costa Rica presenta su más enérgica protesta ante el Gobierno de Nicaragua por los hechos antes descritos, y demanda el cese inmediato de cualquier acción o actividad que afecte territorio costarricense o sus habitantes, que lesione la soberanía nacional o que cause daños ecológicos a su territorio. Asimismo, el Gobierno de Costa Rica solicita al Gobierno de Nicaragua seguridades de que hechos como los expuestos no se repetirán.
Reciba Excelencia, las muestras de mi consideración.
Marta Núñez Madriz
Ministra a.i.”
jueves, 25 de febrero de 2010
Costa Rica se mete en conflicto Nica Colombiano por el Caribe
El Ministerio de Relaciones Exteriores envió este comunicado en donde explica que Costa Rica vio la necesidad de intervenir en el conflicto por el Caribe entre Colombia y Nicaragua, dado que ambos tocan zonas marítimas en derecho de Costa Rica.
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Costa Rica solicita autorización a la Corte Internacional de Justicia para intervenir en calidad de no parte en el caso de Nicaragua contra Colombia.
El Gobierno de la República de Costa Rica ha presentado el día de hoy, 25 de febrero de 2010, una solicitud formal ante la Corte Internacional de Justicia para intervenir, en calidad de no parte, en el caso sobre la Disputa Territorial y Marítima entre Nicaragua y Colombia.
La solicitud se ha presentado de conformidad con el procedimiento que al efecto establece el artículo 62 del Estatuto de la Corte, y por el cual el Alto Tribunal debe primero decidir si acepta o no la solicitud de intervención.
El Vicecanciller costarricense y Agente designado para el caso, Edgar Ugalde Alvarez, se entrevistó hoy con el Secretario de la Corte Internacional de Justicia, señor Philippe Couvreur, e hizo entrega de la solicitud costarricense a las 16.00 horas en La Haya (9.00 hora de Costa Rica).
En el mes de septiembre de 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto solicitó a la Corte que los documentos pertinentes a dicho caso le fueran remitidos conforme fueran presentados por las partes, dado el interés de Costa Rica en el asunto por ser vecino marítimo de ambos países en esa disputa. La Corte accedió, y desde entonces Costa Rica ha venido recibiendo los documentos respectivos. Nicaragua inició el caso contra Colombia reclamando espacios marítimos en el Mar Caribe, por lo que la sentencia que la Corte emita tendrá el efecto de establecer los límites definitivos entre Nicaragua y Colombia en dicho Mar.
Luego de hacer una minuciosa revisión de los últimos documentos presentados ante la Corte por las partes, Costa Rica encontró que tanto Nicaragua como Colombia, en mayor y menor medida respectivamente, habían hecho planteamientos a la Corte que afectarían derechos e intereses costarricenses en el Mar Caribe.
En el caso de Nicaragua, se encontró que dentro de sus pretensiones en el Mar Caribe, presentó ante la Corte documentos y mapas que, en su límite sur, se traslapan significativamente con áreas marítimas que Costa Rica considera le corresponden como Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva, de conformidad con el Derecho Internacional. Esas áreas traslapadas constituyen varios miles de kilómetros cuadrados, incluyendo espacios que podrían contener recursos energéticos y pesqueros.
En relación con Colombia, en su pretensión para la fijación de un límite marítimo con Nicaragua, se incluyó una línea con dirección sur que potencialmente se traslapa con áreas marítimas en las que Costa Rica considera tener derechos de conformidad con el Derecho Internacional.
Costa Rica también desea informar a la Corte acerca de otros aspectos relacionados con ese caso que podrían tener otros efectos sobre el país, según sea la decisión final que la Corte pudiera tomar sobre la disputa.
El procedimiento especial establecido en el artículo 62 del Estatuto de la Corte le permite a un Estado apersonarse en un proceso con el único objeto de informar a la Corte acerca de los intereses legales del país que puedan verse afectados por el resultado del caso, a fin de que la Corte los tenga en cuenta cuando emita su fallo sobre ese litigio, de manera que éstos intereses no se vean afectados por el fallo.
La solicitud de intervención de Costa Rica no es un gesto inamistoso para con ninguno de los Estados parte en ese litigio, y su único propósito es procurar que la decisión de la Corte no afecte los derechos e intereses que Costa Rica tiene en el Mar Caribe de conformidad con el Derecho Internacional.
Antes de emitir una decisión acerca de si acepta la solicitud de intervención de Costa Rica, la Corte escuchará a ambas partes en el caso. Si la solicitud es aprobada, dará a Costa Rica un plazo prudencial a fin de que presente por escrito lo que desea informar al Alto Tribunal sobre los intereses legales que desea salvaguardar.
Además del Vicecanciller Ugalde, el equipo jurídico costarricense está conformado por el experto internacional Coalter Lathrop, profesor de derecho internacional de la Universidad de Duke en los Estados Unidos, así como por los asesores costarricenses, Sergio Ugalde y Arnoldo Brenes, expertos en derecho internacional y que cuentan con experiencia ante la Corte Internacional de Justicia
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