Sala IV admite recurso por Políticas de Crédito del ICE

Impiden servicios de internet y multimedia en 3G
Alegan desigualdad en trato de institución pública

05 de abril 2010. La Sala Constitucional notificó esta mañana que le dio curso a un Amparo presentado contra el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, entre otras cosas por negarse a dar los servicios de internet y multimedia ofrecidos a quienes se pasaran de la tecnología conocida como TDMA a la llamada 3G.

Los hechos denunciados por el periodista José Rodolfo Ibarra, ante el máximo órgano judicial, indican que el ICE ha instaurado una llamada “Política de Crédito” que en su juicio considera violatorios de los principios de racionalidad del castigo, así como de igualdad.

Al parecer esta política se aplica a todo aquel que en alguna ocasión haya tenido atrasos en el pago de su recibo telefónico o que simplemente no tenga un comportamiento fiable para el ICE como el caso de quienes nunca han tenido un servicio telefónico.

Con este instrumento del que se desconoce su fundamentación jurídica, dice Ibarra: “se hacen ciudadanos de primera, segunda y hasta de una tercera categoría, discriminando así a quienes incluso, como yo, no tenemos ninguna deuda con la institución”.

En su alegato ante la Sala Constitucional Ibarra detalla que: “tengo igual derecho al trabajo y al estudio que los demás ciudadanos que si cuentan con estos servicios, que estos tipos de comunicaciones son de extrema importancia para la profesión que ostento, que no tengo ninguna deuda con la institución mencionada, que un castigo de ese tipo no está sustentado a derecho y es desproporcionado, que no he recibido respuesta del ICE a mi solicitud de conexión de los servicios, que me invitaron a migrar hacia una nueva generación tecnológica a cambio de mejores y novedosos servicios que ahora no me dan, induciéndome al engaño entre otras cosas, que nunca mencionaron en su publicidad o en su sito web (...), que quien estuviera en esa situación no sería objeto de recibir estos novedosos servicios, que toda institución está obligada a dar los mismos servicios -sin discriminaciones- a todo el público y más cuando se es cliente o usuario, que se me dio una sentencia sin juicio condenándome a un castigo desproporcionado y a todas luces injusto, que se viola el principio constitucional de acceso a la información pública”

El castigo por estas políticas de crédito del ICE va de seis meses a un año sin el disfrute de estos servicios.

También se alega en el recurso, que solicitó protección a la Contraloría de Servicios del ICE por diferentes vías pero esta nunca llegó, por lo cual acusa que al no recibir respuesta se violentó también el derecho de libre petición y pronta respuesta consagrada en la Constitución Política.

REGULACIÓN DE NACIONALIDAD PARA MENORES NACIDOS EN EXTRANJERO

Sin roces constitucionales

· De padres costarricenses por naturalización.

Cumplir con los requisitos que señala la Ley de Opciones y Naturalizaciones de quienes nacen fuera del país, pese a que son hijos o hijas de padres naturalizados es lo que reiteró la Sala Constitucional.

El Alto Tribunal Constitucional declaró sin lugar una acción de inconstitucional contra una frase del artículo 4 de la Ley 1155 de Opciones y Naturalizaciones que señala que “... estuvieren domiciliados en Costa Rica al momento de adquirir la calidad de costarricense…”, por lo que dicha norma no contiene roces de inconstitucionalidad.

La acción la presentó una mujer de apellidos Sánchez Monge contra dicha normativa legal, pues a su criterio dicha frase establece que la adquisición de la calidad de costarricense por parte de la madre o del padre, trasciende a los hijos menores de edad que estuvieran domiciliados en Costa Rica, en el momento de otorgársele la nacionalidad.

Según explicó la actora, dicha situación resulta discriminatoria, pues no les permite a las personas menores de edad nacidos en el extranjero y de padres naturalizados seguir la nacionalidad de sus progenitores.

Además de que para ello, deben cumplir con los requisitos que establece la legislación nacional impugnada, la cual en su artículo 11, donde se dispone lo requisitos para la naturalización de las personas mayores de edad.

Para esta mujer, esta situación no deja posibilidad alguna a los hijos de costarricenses por naturalización, nacidos en el extranjero, obtener la nacionalidad costarricense mientras sean menores de edad.

Según se indicó en dicha acción, la ley establece una condición que la Constitución Política no señala, puse solo hace referencia a la reglamentación en cuanto al procedimiento a seguir, sin hacer distinción alguna.

Sin embargo, el fallo de la Sala Constitucional reafirmó lo que establece la norma legal para la regulación de los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense por naturalización y determinó con dicho fallo, que la frase impugnada no contiene roces de inconstitucionalidad.

PAC pide renovación completa de Sala Constitucional

El PAC propuso renovar, es decir, quitar, a todos los magistrados de Sala Constitucional y poner gente nueva. ¿Ustedes que piensan? ¿será una sacada de clavo del PAC por la reeleccion de O. Arias?
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El PAC hizo el planteamiento durante el debate para reelegir a la magistrada de la Sala IV, Ana Virginia Calzada.

El jefe de fracción del PAC, Francisco Molina, reiteró que la fracción no apoya que Calzada continúe en su puesto, pero aclaró que el rechazo no es contra la jueza sino contra un tribunal que ha perdido prestigio y respeto en la sociedad costarricense.

Para Molina, la no reelección de Calzada debería ser el primer paso para cambiar paulatinamente a los siete magistrados de la Sala IV.

"Me encantaría que la sala se renueve completamente. Si queremos pasar la página, si queremos renovar y oxigenar la institucionalidad del país, debemos empezar por cambiar a quienes han estado ahí. La Sala IV se vio en medio de un complejo proceso que dividió al país y también a la Sala", dijo Molina en el plenario.

El diputado Alberto Salom criticó que la Sala Constitucional haya abandonado en muchos casos los criterios de constitucionalidad, para convertirse en una sala eminentemente política.
Como ejemplos, Salom señaló las decisiones de la Sala IV para eliminar la prohibición de la reelección presidencial y el trámite de los proyectos de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

La diputada del PAC, Leda Zamora, cuestionó que Calzada haya ocupado el puesto de magistrada por 16 años y que aspire a una nueva reelección de ocho años. "Los desaciertos de su gestión de gobierno y administración superan sus logros", añadió Zamora.

La legisladora abogó por una reforma constitucional que reduzca el período de nombramiento de los magistrados constitucionales y permita solo una reelección, además de reformas legales para impedir y sancionar irregularidades en la Sala Constitucional.

"No votaremos a favor de ella, no por una sacada de clavo sino porque la Sala IV necesita renovación, porque ha perdido credibilidad dentro y fuera del Poder Judicial, ha perdido la credibilidad de muchos costarricenses. No podemos apoyar a una magistrada que lo único que hará es recalcar la división que vive la sociedad costarricense", enfatizó el jefe de la bancada.