XII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla
Laura Chinchilla M.
Presidenta de Costa Rica
La democracia puede definirse de muchas maneras. Para unos, su esencia está en la participación; para otros, en la representación. Según el énfasis, hay por lo tanto diversidad en los modelos de democracia. Sin embargo, lo que sí resulta un denominador común es que la democracia no puede existir (ni funcionar) sin instituciones.
Laura Chinchilla M.
Presidenta de Costa Rica
La democracia puede definirse de muchas maneras. Para unos, su esencia está en la participación; para otros, en la representación. Según el énfasis, hay por lo tanto diversidad en los modelos de democracia. Sin embargo, lo que sí resulta un denominador común es que la democracia no puede existir (ni funcionar) sin instituciones.
Es decir, sin normas, entidades y equilibrios que, basados en el Estado de Derecho, inhiban la arbitrariedad y garanticen al soberano –o sea al pueblo- su efectiva tutela de los asuntos públicos y la subordinación y probidad de quienes, en su nombre, los conducen.
La democracia no debe depender de la voluntad o capacidad personal de un mandatario, ni de la habilidad de un gobierno para atender las demandas populares. Unos y otros son pasajeros. Sin instituciones fuertes, legítimas y eficaces, la democracia no tiene capacidad de trascender y perfeccionarse.
En nuestra región resultan notables los avances ocurridos en materia de institucionalidad democrática, aunque los mismos ni han seguido una línea siempre ascendente ni resultan suficientes. Bajo la premisa de que la democracia es una construcción permanente, debemos preguntarnos sobre los desafíos a nuestra institucionalidad lo cual requiere de una genuina autocrítica que permita mejorar aún más los actuales escenarios que reconocemos como de alta vulnerabilidad.
Habida cuenta de los déficits institucionales que aún padecen nuestros Estados, y considerando la gravedad de las amenazas que se ciernen sobre nuestros países como la exclusión social, la gravitación de los poderes fácticos sobre el poder público, y la criminalidad organizada transnacional, debemos seguir planteando esta cuestión y al respecto propongo cuatro consideraciones relevantes:
Primero: la institucionalización empieza “por casa”. Los Poderes Ejecutivos como primeros responsables del gobierno de la Nación, han de ser también los garantes de que las instituciones públicas funcionen adecuadamente. En esta materia considero especialmente crítico el fortalecimiento de nuestros Poderes Judiciales en sus aspectos de independencia, profesionalización, acceso e integridad. El combate a la impunidad exigen esfuerzos serios y sostenidos (CICIG Guatemala). Frente a amenazas como el narcotráfico y la criminalidad, la fuerza de un contingente de jueces, fiscales y policías honrados y bien preparados puede hacer mucho más que cientos o miles de soldados debindamente equipados.
Segundo: la calidad institucional de una democracia está determinada por las personas que la administran pero también por quienes son sus beneficiarios. Sin ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos, dispuestos a cumplir sus obligaciones, y con voluntad de participar en la construcción de sus propios destinos, las instituciones resultan inútiles. Debemos seguir invirtiendo en la construcción de ciudadanía y el mejor instrumento para hacerlo es la educación. No sin razón, los viejos liberales latinoamericanos decían: “siembra escuelas y cosecharás repúblicas”. Hoy se podría decir algo parecido del papel que juega una población educada sobre las instituciones para la democracia.
Tercero: Si “gobernar es escoger”, escoger obliga a discernir. Discernir en democracia no puede hacerse en solitario, como lo haría un déspota, sino en el marco del complejo desafío de la concertación, del debate democrático y de la sana crítica. Las instituciones democráticas, deben aspirar a la universalidad, a la no exclusión, y ello requiere del desarrollo de una cultura política menos patriarcal, menos autoritaria, menos centralista, basada en conceptos mucho más sensibles a los temas etarios, de género y de etnia. A la vez, requiere nuestro permanente compromiso con un régimen de libertades públicas que permita el ejercicio pleno y responsable de la libertad de expresión. No en vano, los objetivos más apetecidos de los poderes fácticos y los grupos mafiosos, en sus esfuerzos por coptar las instituciones y debilitar la democracia, son los funcionarios públicos y los comunicadores y formadores de opinión.
Cuarto: Cada vez gobernamos menos en solitario y cada decisión que adoptamos está profundamente condicionada por fenómenos globales y transnacionales. El éxito de nuestra gestión local depende de un sistema internacional justo, eficaz, abierto y responsable, capaz de abordar los grandes desafíos de nuestra época. Por ello, el fortalecimiento de nuestras instituciones debe ir de la mano del fortalecimiento de la institucionalidad supranacional, a efectos de garantizar la adecuada corresponsabilidad de las naciones más desarrolladas del planeta frente a problemas que ellas mismas han generado cómo el narcotráfico, el trasiego de armas de fuego, el calentamiento global y otros.
La democracia no debe depender de la voluntad o capacidad personal de un mandatario, ni de la habilidad de un gobierno para atender las demandas populares. Unos y otros son pasajeros. Sin instituciones fuertes, legítimas y eficaces, la democracia no tiene capacidad de trascender y perfeccionarse.
En nuestra región resultan notables los avances ocurridos en materia de institucionalidad democrática, aunque los mismos ni han seguido una línea siempre ascendente ni resultan suficientes. Bajo la premisa de que la democracia es una construcción permanente, debemos preguntarnos sobre los desafíos a nuestra institucionalidad lo cual requiere de una genuina autocrítica que permita mejorar aún más los actuales escenarios que reconocemos como de alta vulnerabilidad.
Habida cuenta de los déficits institucionales que aún padecen nuestros Estados, y considerando la gravedad de las amenazas que se ciernen sobre nuestros países como la exclusión social, la gravitación de los poderes fácticos sobre el poder público, y la criminalidad organizada transnacional, debemos seguir planteando esta cuestión y al respecto propongo cuatro consideraciones relevantes:
Primero: la institucionalización empieza “por casa”. Los Poderes Ejecutivos como primeros responsables del gobierno de la Nación, han de ser también los garantes de que las instituciones públicas funcionen adecuadamente. En esta materia considero especialmente crítico el fortalecimiento de nuestros Poderes Judiciales en sus aspectos de independencia, profesionalización, acceso e integridad. El combate a la impunidad exigen esfuerzos serios y sostenidos (CICIG Guatemala). Frente a amenazas como el narcotráfico y la criminalidad, la fuerza de un contingente de jueces, fiscales y policías honrados y bien preparados puede hacer mucho más que cientos o miles de soldados debindamente equipados.
Segundo: la calidad institucional de una democracia está determinada por las personas que la administran pero también por quienes son sus beneficiarios. Sin ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos, dispuestos a cumplir sus obligaciones, y con voluntad de participar en la construcción de sus propios destinos, las instituciones resultan inútiles. Debemos seguir invirtiendo en la construcción de ciudadanía y el mejor instrumento para hacerlo es la educación. No sin razón, los viejos liberales latinoamericanos decían: “siembra escuelas y cosecharás repúblicas”. Hoy se podría decir algo parecido del papel que juega una población educada sobre las instituciones para la democracia.
Tercero: Si “gobernar es escoger”, escoger obliga a discernir. Discernir en democracia no puede hacerse en solitario, como lo haría un déspota, sino en el marco del complejo desafío de la concertación, del debate democrático y de la sana crítica. Las instituciones democráticas, deben aspirar a la universalidad, a la no exclusión, y ello requiere del desarrollo de una cultura política menos patriarcal, menos autoritaria, menos centralista, basada en conceptos mucho más sensibles a los temas etarios, de género y de etnia. A la vez, requiere nuestro permanente compromiso con un régimen de libertades públicas que permita el ejercicio pleno y responsable de la libertad de expresión. No en vano, los objetivos más apetecidos de los poderes fácticos y los grupos mafiosos, en sus esfuerzos por coptar las instituciones y debilitar la democracia, son los funcionarios públicos y los comunicadores y formadores de opinión.
Cuarto: Cada vez gobernamos menos en solitario y cada decisión que adoptamos está profundamente condicionada por fenómenos globales y transnacionales. El éxito de nuestra gestión local depende de un sistema internacional justo, eficaz, abierto y responsable, capaz de abordar los grandes desafíos de nuestra época. Por ello, el fortalecimiento de nuestras instituciones debe ir de la mano del fortalecimiento de la institucionalidad supranacional, a efectos de garantizar la adecuada corresponsabilidad de las naciones más desarrolladas del planeta frente a problemas que ellas mismas han generado cómo el narcotráfico, el trasiego de armas de fuego, el calentamiento global y otros.
En el plano regional, debemos seguir fortaleciendo los mecanismos de cooperación mutua. Hoy más que nunca a los países de Mesoamérica nos deben unir causas como las que aquí nos convocan: elevar la competitividad de nuestras economías mediante el fortalecimiento de un corredor logístico, garantizar la sostenibilidad de nuestro desarrollo mediante la protección de un corredor ambiental, mejorar la condición social de nuestras poblaciones mediante la cooperación en salud y educación, y proteger la integridad de nuestras instituciones democráticas mediante la creación de un corredor de defensa y seguridad que enfrente de manera articulada al narcotráfico y la criminalidad organizada.
Estimados colegas:
Los desafíos de nuestra agenda de desarrollo son inmensos, pero todo empieza por la calidad de nuestras instituciones. Si no se garantiza la institucionalidad democrática con un sólido Estado de Derecho, cualquier esfuerzo por combatir al crimen organizado, o evitar un mayor deterioro ambiental, o promover el desarrollo humano será insuficiente. Podremos inyectar millones a nuestros presupuestos, elevar nuestra capacidad operativa antinarcóticos, adoptar los más altos estándares contra el cambio climático que, sin instituciones suficientemente legítimas capaces de convertir esas voluntades en realidad, todo aquello se quedará en buenas intenciones. La cadena sólo será tan fuerte como el más débil de sus eslabones.
Muchas gracias,
Estimados colegas:
Los desafíos de nuestra agenda de desarrollo son inmensos, pero todo empieza por la calidad de nuestras instituciones. Si no se garantiza la institucionalidad democrática con un sólido Estado de Derecho, cualquier esfuerzo por combatir al crimen organizado, o evitar un mayor deterioro ambiental, o promover el desarrollo humano será insuficiente. Podremos inyectar millones a nuestros presupuestos, elevar nuestra capacidad operativa antinarcóticos, adoptar los más altos estándares contra el cambio climático que, sin instituciones suficientemente legítimas capaces de convertir esas voluntades en realidad, todo aquello se quedará en buenas intenciones. La cadena sólo será tan fuerte como el más débil de sus eslabones.
Muchas gracias,
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