Devuelvan la Defensoría a los Habitantes

http://www.prensalibre.cr/comentarios/100837-devuelvanladefensoria.html

Escrito por José Rodolfo Ibarra Bogarín  

El Soberano ha hablado. El pueblo ha ordenado. El clamor popular nos orienta a la búsqueda del cambio. A lograr resultados de fortalecimiento de la democracia y darle respuesta rápida y concreta a los habitantes de esta nación.

Nos asomamos a la consolidación del sistema democrático electoral, pero además tratamos de forzar la vista para proyectar nuestras necesidades bajo un Gobierno nuevo, ávidos de conocer los nuevos rostros de quienes ejercerán el control de las instituciones de Estado. No por nada, avanzamos con una mariposa en el estómago pero además con muchas esperanzas, muchas ilusiones y sobre todo muchos deseos de cambio en diferentes ámbitos. El mandato sí es muy claro. La toma de decisiones debe ser inclusiva, llamando a todos los sectores, incorporando a minorías y respetando a mayorías. Haciendo gala de lo que nos ha enseñado nuestra historia patria: buscando el diálogo primero, concretando soluciones después.

La clase política costarricense ha forjado esta patria. Pero los habitantes hemos marcado el camino. En ocasiones lentos de reacción, pero a final de cuentas siempre por mandato popular, enderezando caminos, o caminando sobre los pasos de otros que abrieron brecha. Por años y años, prácticamente desde su creación, la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR) ha estado en manos de políticos, diputados, familiares de políticos, apellidos de abolengo, amigos, patrocinadores y colaboradores de candidatos; esta vez no es la excepción, cuando en el Congreso se barajan nombres a la sazón de este mismo marco.

                               

Tender puentes y no levantar muros

Mi propuesta sigue en manos de quienes ocupan una curul en la Asamblea Legislativa: una Defensoría de los Habitantes que no solo señale con el dedo, sino que se involucre en la búsqueda y consecución concreta de soluciones. Trabajar con una Defensoría de los centros penitenciarios, trasladar las Contralorías de Servicios a la DHR y dotarles de un fuero especial similar al que tienen las auditorias con la Contraloría General de la República, lograr una mejor y mayor capacitación al personal de la DHR para reforzar la forma de atención de las denuncias públicas. Digitalizar la DHR para lograr una mayor penetración y un mejor acceso a la denuncia. Buscar un proceso democrático de elección popular del Defensor mediante reformas a la ley que permitan además separar esta escogencia del proceso electoral nacional. Son algunas ideas básicas de acción. Pero todo ello se logra solamente uniendo fuerzas, estrechando lazos, derribando muros, levantando puentes. ¡Esa... es mi tesis!

Hago un llamado a todos los diputados buenos de corazón, a los honestos y a los dignos, a los luchadores, a los que siguen a su voz interna, a quienes obedecen a su conciencia antes que a acuerdos calculados y a quienes inteligentemente razonan el voto, para darle a la Patria un nuevo Defensor, salido de las entrañas mismas del pueblo, de la sociedad civil, de sus habitantes y, por supuesto, de quienes hicimos el proceso de selección tal cual manda la Ley. A ustedes, diputadas y diputados, a quienes la Nación llamó para cumplir un rol en el devenir de Costa Rica, a ustedes en quienes el país depositó su confianza hace cuatro años, a ustedes a quienes ahora corresponde regresar al pueblo, a ustedes a quienes se les recordará siempre, a ustedes a quienes les corresponde dar su último esfuerzo desde la trinchera de una curul, a ustedes distinguidas y distinguidos legisladores, a ustedes a quienes una Patria sabrá darles, más temprano que tarde, las gracias por haberle devuelto la Defensoría a los habitantes, a ustedes: ¡muchas gracias!

SALA CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL EL CARÁCTER SECRETO DE LAS SESIONES LEGISLATIVAS

Orgulloso de la gestión que hicimos en el Colegio de Periodistas junto a mis compañeros Silvia Arias y Carlos Hidalgo que no solo me acuerparon con la decisión de presentar esta Acción de Inconstitucionalidad sino que me impulsaron e inspiraron. Gracias a ellos hoy la Patria tiene nueva jurisprudencia que evita que por antojo los diputados puedan de un plumazo declarar secretos donde no debe. La transparencia, como dice la Sala, le es a la Asamblea Legislativa, natural de su propio ejercicio político. ¡No más secretos!. Les adjunto el comunicado de la Sala Constitucional (negritas no son del original. José R. Ibarra):

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La Sala Constitucional, mediante el Voto No. 2014-4182 declaró inconstitucional que la sesión legislativa en la que se conoce del levantamiento del fuero de improcedibilidad penal a un miembro de un supremo poder (diputados, presidente, vicepresidentes, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contralor y sub-contralor y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones), sea secreta. 

Se estimó que en el quehacer legislativo debe imperar la transparencia y la publicidad con mayor intensidad, por cuanto, el legislativo debe ser el poder más translúcido de todos los que integran el Estado, sobre todo cuando ejerce control político. 

De otra parte, la Sala Constitucional estimó que, de manera inconstitucional, la Asamblea Legislativa estableció en el artículo 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa que la sesión sería secreta a contrapelo del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política que establece como regla o principio la publicidad de las sesiones legislativas, independientemente si se ejerce una función materialmente legislativa (dictado de leyes) o de control político. 

La Sala Constitucional potenció la publicidad o transparencia establecida como regla en el artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política, al disponer lo siguiente: “Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los Diputados presentes”. La Sala Constitucional desprendió varias consecuencias jurídico-constitucionales del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución: Primera: Se establece como una regla o principio la publicidad y la transparencia de las sesiones legislativas, independientemente, del tipo de función ejercida, ya sea si es materialmente legislativa o de control político, lo que resulta plenamente congruente con los postulados del Estado Constitucional de Derecho. No debe distinguirse donde la Constitución no lo hace. Segunda: Como una excepción calificada a los principios de la transparencia y publicidad en el devenir legislativo y, por ende, de aplicación e interpretación restrictiva, se admite la posibilidad de celebrar sesiones secretas, bajo ciertas circunstancias normativas específicas. Tercera: El carácter de excepción singular a los principios de transparencia y publicidad queda de manifiesto, cuando el constituyente exige la concurrencia de ciertos requisitos y conceptos jurídicos indeterminados, tales como que medien “razones muy calificadas” y “de conveniencia general”; adicionalmente para excepcionar los principios de publicidad y de transparencia se precisa de una votación calificada de dos tercios de los diputados presentes. Cuarta: La excepción, al suponer el sacrificio de los preciados principios de publicidad y transparencia, inherentes a las labores de un parlamento dentro del contexto de una democracia representativa y participativa, debe establecerse casuísticamente o para cada caso concreto, no pudiendo hacerse de modo general y abstracto para todo un tipo de asuntos. Quinta: Pese a la también reconocida potestad de auto-normación de la Asamblea Legislativa para dotarse de su propio reglamento interno (artículo 121, inciso 22, de la Constitución), no puede aprovecharse la misma para derogar los principios de publicidad y de transparencia para un tipo de asuntos, por cuanto, la regla que se extrae, como se apuntó, del artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política es que el carácter secreto debe ser dispuesto caso por caso. Sexta: La posibilidad de acordar una sesión secreta por el plenario legislativo, al suponer una derogación de los principios de transparencia y publicidad, debe ser, necesaria e imperativamente, motivada ofreciendo las razones y los motivos fácticos y jurídicos que obligan a tomar una determinación tan extrema, evitándose, de esa manera, que quede librada al capricho o veleidad de una mayoría parlamentaria, con lo que, de paso, se impide una desviación de poder en el ejercicio de una facultad constitucional discrecional y, por consiguiente, cualquier arbitrariedad (principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y de proporcionalidad). Séptima: La decisión de sesionar, deliberar y votar un asunto concreto en secreto tomada según los requisitos y los conceptos jurídicos indeterminados que contempla el artículo 117, párrafo in fine, de la Constitución Política, estará sujeta al control de constitucionalidad para la verificación de los límites de la potestad constitucional de carácter discrecional otorgada a una mayoría parlamentaria. Los Magistrados Fernando Castillo Víquez y Luis Fernando Salazar Alvarado, salvaron el voto y declararon sin lugar la acción.

Tiempos de cambio requieren de una Defensoría fuerte e imparcial

Hoy más que nunca, a la luz de los últimos acontecimientos políticos, considerando el panorama de la Nación, tomando en cuenta el interés de la Patria, y anteponiendo las necesidades de los habitantes que claman por un cambio en el accionar de nuestros dirigentes, es momento de hacer un alto en el camino, reflexionar, y actuar de acuerdo con el mandato popular. 
Vuelvo e insisto, en que la Defensoría debe ser devuelta a los habitantes por parte de quienes son los únicos llamados a hacer esta acción: las y los diputados.
Como lo he dicho sin cansarme, creo en nuestros congresistas que actúan con dignidad, creo que hay gente honorable y comprometida con Costa Rica, creo que hay buenas voluntades al igual que buenas acciones, creo firmemente, que los buenos somos más.
Pero esa gente de honestidad en la función pública debe no solo serlo, sino también demostrarlo, con acciones concretas y decididas, con medidas de conciencia, con sabiduría y también con la inteligencia emocional que hoy se necesita.
Devolver la Defensoría a los habitantes, más allá de acuerdos ya caducos, son una manera de decirle al pueblo costarricense que entienden el llamado, que se lee entre líneas y que ustedes al igual que yo, somos de los mismos, de la gente común y corriente.
Al no provenir del sector político, ni contar con un apellido de abolengo, pero sí haber demostrado que hay capacidad para tender puentes, derribar muros, y lograr consensos, mi candidatura es cada vez más potable, digna de ser considerada por ustedes amigas y amigos legisladores.
Ahora se trata de unir, de crear eslabones, de compactar esfuerzos por darle a nuestro pueblo un mejor país para vivir.
Ser firmes cuando es necesario, pero además conversar, convencer y comunicar, son los pilares de la nueva visión que necesitará la Defensoría que deberá estar bien cimentada, con legitimidad y legabilidad, en un tiempo de vientos de cambio.
Por todo ello, les insisto con todo respeto, en considerar mi nombre para ocupar el puesto de Defensor de los Habitantes. Uno de sus últimos actos como congresistas debe ser limpio, sincero y de acuerdo con los requerimientos de la Patria. ¡Estoy seguro que así lo harán!
Atentamente,
Ccc. José Rodolfo Ibarra Bogarín
Ciudadano Común y Corriente
06/03/14

DECLARACIÓN CONJUNTA VENEZUELA

Quienes suscriben, Oscar Arias Sánchez, Fernando Henrique Cardoso, Ricardo Lagos y Alejandro Toledo, hemos acordado formular la siguiente declaración conjunta:

Hemos venido observando con preocupación y alarma los acontecimientos que se han desarrollado en Venezuela durante las últimas semanas.

Manifestaciones estudiantiles de protesta pacífica contra las políticas del gobierno, que son normales en cualquier sociedad democrática, han sido objeto de una represión desproporcionada por parte de la fuerza pública y de ataques por parte de grupos armados ilegales que algunos medios vinculan con partidos políticos en el gobierno.

A partir de esos hechos ha venido produciéndose una alarmante escalada de violencia y un rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el país. La violencia ha cobrado ya varias vidas por heridas de bala; estudiantes detenidos han informado públicamente que han sufrido torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de las autoridades; se ha hostigado a la prensa independiente y se ha obstaculizado que los medios de comunicación informen sobre los acontecimientos, incluyendo la eliminación del aire de un canal internacional de televisión y la amenaza de hacer lo mismo con otro, agresiones físicas a periodistas y la falta de papel para la prensa escrita.

Adicionalmente, la protesta cívica y la oposición democrática han sido criminalizadas. Se amenaza con procesos penales a numerosos estudiantes presos; el señor Leopoldo López, líder de un partido opositor, ha sido precipitadamente privado de su libertad e inculpado por diversos delitos, con un sesgo notoriamente político y otros líderes democráticos son perseguidos penalmente por razones políticas.

Condenamos esos hechos y urgimos al Gobierno venezolano y a todos los partidos y actores políticos a establecer un debate constructivo, conforme a los cánones de la democracia reconocidos universalmente y plasmados en la Carta Democrática Interamericana.

Llamamos muy especialmente al Gobierno para que contribuya a crear sin demora las condiciones propicias para ese debate, con una agenda compartida y sin exclusiones. Para ello es indispensable que se ponga cese de inmediato a la persecución contra los estudiantes y los líderes de oposición, incluida la liberación del señor Leopoldo López y de todos los detenidos o perseguidos por razones políticas. 

Igualmente, es imperativo que se adelante una investigación independiente y transparente sobre las denuncias de torturas y otras violaciones a los derechos humanos y que se ponga cese al hostigamiento a la prensa independiente, incluido el restablecimiento de la señal del canal internacional de TV abolido por el Gobierno. Es también indispensable que las manifestaciones de protesta de los partidos de la oposición y de otras organizaciones sociales se mantengan dentro de los cauces pacíficos que han de regir en una sociedad democrática y del respeto debido al mandato de las distintas autoridades del país, en los términos pautados por la Constitución venezolana.

Como amigos que somos de la democracia venezolana, confiamos que ese país logre superar la extrema polarización y la intolerancia que han dominado la escena política en los últimos años, males que han venido erosionando la eficacia de las diversas instancias internas para el debate democrático, así como la confianza en la independencia e imparcialidad de numerosas y relevantes instituciones.

Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a sumarse a un esfuerzo concertado para el fortalecimiento de la democracia y la preservación de la paz en Venezuela.

5 de marzo de 2014

Estimadas y estimados congresistas:

Hace cuatro años la elección de la defensora de los Habitantes, doña Ofelia Taitelbaum, resultó espuria a la luz del Artículo 17 del Código de Ética del PAC (Se eligió Defensora siendo diputada de ese cuatrienio).

Mantenerla es darle legitimidad a ese proceso y ratificar una elección que según los criterios PAC no es procedente. Salvo claro está, que el tiempo limpie los procesos dolosos o anti éticos, que no parece ser el caso.

Así mismo debe darse alternabilidad de género que tampoco lo veo si su decisión es la de apoyar a doña Ofelia.

De ustedes con todo respeto.

José Rodolfo Ibarra
Candidato a Defensor de los Habitantes.

 17.- Nombramientos que debe realizar el Poder Legislativo: Para ocupar cualquier cargo que deba ser elegido por la Asamblea Legislativa, las y los diputados del Partido Acción Ciudadana no apoyarán a ningún candidato que sea o haya sido durante ese cuatrienio legislador o autoridad política del Gobierno. Para realizar esos nombramientos se guiarán exclusivamente por la capacidad, la formación profesional, la calidad ética y la trayectoria de las o los candidatos. También se preocuparán por lograr la equidad de géneros, sobre la base de que los puestos Código de Ética de las y los Diputados Partido Acción Ciudadana